Mauricio Pava Lugo[1]
Hay momentos en los que algunos hechos dejan de parecer excepcionales y empiezan a sentirse como parte del paisaje. No porque la gente sea indiferente, sino porque la realidad va ganando terreno a las explicaciones. A eso me refiero con un «estado de delito»: un clima social en el que la criminalidad deja de vivirse como episodios aislados y empieza a moldear rutinas, decisiones y miedos cotidianos. No es un concepto jurídico ni un rótulo político, es el nombre de una percepción que, por desgracia, hoy se parece demasiado a la experiencia de muchos colombianos.
No es que todo esté peor, y conviene decirlo desde el inicio. Los delitos de oportunidad suben y bajan según ciclos y operaciones policiales; algunas ciudades han logrado contener ciertos fenómenos, y cada semana vemos capturas, incautaciones y condenas. Pero mientras miramos esos picos y valles, la violencia que más destruye vidas y comunidades crece sin parar: homicidios, extorsiones, masacres y secuestros. A diario, el sistema penal recibe un caudal enorme de noticias criminales, que no son opiniones ni percepciones, son registros oficiales de presuntos delitos que entran al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).
En 2022 ingresaron 1.708.989 noticias criminales al SPOA. En 2023 la cifra llegó a 1.863.827, cifra que se «mantuvo» en 2024 con 1.863.210([2]). Son números altos y sostenidos que hablan de una presión estructural sobre la justicia penal. Si pasamos a la violencia letal, entre enero y junio de 2025 se registraron 6.642 homicidios, un número mayor que en el mismo periodo de 2024 (6.442)[3]. El asunto también es preocupante en lo que se refiere a secuestros. En el primer semestre del año se registraron 121 casos, mientras que en igual lapso de 2024 fueron 108. Así las cosas, el alza en la cantidad de víctimas resultó mucho más marcada: de 129 personas en 2024 se pasó a 198 en 2025([4]).
Estos números, por solo mencionar algunos, sugieren que 2025 no va mejor en las formas de criminalidad que más siembran miedo y transgreden comunidades. Y, al mismo tiempo, el volumen de casos que entran al sistema, más de 1,8 millones anuales, sigue a tope.
«Si el Estado ofrece condiciones para delinquir no puede sancionar». Esa frase, además de simplificar, nos dejaría sin brújula. Pero sí debemos reconocer algo que la doctrina lleva décadas discutiendo[5]: hay entornos sociales y territoriales que facilitan la criminalidad y dificultan la construcción de legitimidad del castigo si el propio Estado no garantiza mínimas condiciones de convivencia. En lenguaje menos técnico, cuando la vida cotidiana se vuelve hostil, sin servicios, sin presencia institucional efectiva, sin oportunidades, el delito encuentra una carretera pavimentada.
Autores como Eugenio Raúl Zaffaroni han explicado que el sistema penal es selectivo y que la vulnerabilidad social condiciona quién termina siendo criminalizado. Propone una idea sugerente, culpabilidad por la vulnerabilidad, como herramienta para limitar el poder punitivo y no para negarlo, y nos recuerda que el derecho penal debe reducir la arbitrariedad y hacerse cargo de las asimetrías reales[6]. Esta idea importa por una razón práctica, la seguridad no se arregla solamente con más sanciones; se mejora aumentando el costo del delito mediante inteligencia, investigación eficaz y justicia que sí resuelve, y reduciendo su rentabilidad social mediante oportunidades reales, urbanismo social, prevención temprana y control del territorio por el Estado y no por los grupos armados. De lo contrario, la espiral es conocida: más crímenes, más miedo, más respuestas reactivas y poco cambio de fondo.
No se trata de condescender con el delito, sino de ser eficaces sin ceder garantías, porque sanción ineficaz y sanción arbitraria son dos caras de la misma derrota. Se trata de recuperar lo básico. Para ello se requiere presencia policial inteligente, investigación criminal con foco en estructuras y fiscalías que prioricen lo que hoy destruye más vidas: homicidios, secuestro y extorsión. Mejorar el urbanismo de seguridad con iluminación, movilidad, recuperación de parques y vías, que aunque no resuelve el crimen organizado, cambia incentivos y mejora la confianza vecinal. Invertir en juventud y empleo inmediato en barrios peligrosos, porque el delito compite por talento, y si la ciudad y el Estado no compiten mejor, pierden. Y, finalmente, atender lo territorial, allí donde la ONU constata control social de grupos armados, el mensaje es claro, sin Estado integral no hay seguridad sostenible[7].
No creo que vivamos una condena inevitable. Estamos a tiempo, pero la tendencia de 2025 no permite complacencias. Llamo «estado de delito» a ese punto de inflexión en el que el delito deja de ser la excepción y empieza a dictar reglas informales. Para revertirlo necesitamos tres cosas a la vez: cifras serias, prioridades claras y una seguridad que no sea ciega a la vulnerabilidad. El resto es ruido.
En esta entrega de Diálogos Punitivos
En este boletín, traemos para ustedes temas de derecho penal especial, empresarial y actualidad probatoria. En concreto:
En nuestra columna de actualidad, Carlos Fuentes analiza una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde esta corporación precisó los criterios para atribuir responsabilidad penal al determinador que, sin inducir de manera directa la idea de delinquir, la provoca a través de conductas indirectas. Su análisis aborda el tema desde la perspectiva del dolo eventual.
En la columna de interés, Elías Monroy explora el alcance del compliance deportivo como herramienta para asegurar el juego limpio y las buenas prácticas de gobernanza ante los desafíos en materia de integridad deportiva.
Por último, en la columna de entre líneas, Jorge Ramírez estudió si, bajo la competencia de la JEP, pueden quedar impunes los delitos cometidos en contra del medio ambiente en el marco del conflicto armado colombiano.
Esperamos que esta entrega sea de su total agrado y extendemos una cordial invitación para que se suscriban al boletín académico y a nuestras diferentes redes sociales. Así podrán estar permanentemente enterados de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes.
[1] Abogado de la Universidad de Caldas. Curso universitario superior en Compliance de la Universidad de Barcelona. Especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal – Capítulo Caldas. Director de Diálogos Punitivos.
[2] Cifras tomadas de la CORPORACIÓN EXCELENCIA PARA LA JUSTICIA. https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/criminalidad/entrada-de-noticias-criminales-al-sistema-penal-oral-acusatorio-en-colombia/
[3] Elsa Barrera, «Subieron los homicidios y secuestros en Colombia durante el primer semestre de 2025: estas son las cifras según informe del Ministerio de Defensa». Infobae, 18 de julio de 2025. https://www.infobae.com/colombia/2025/07/18/subieron-los-homicidios-y-secuestros-en-colombia-durante-el-primer-semestre-de-2025-segun-informe-de-mindefensa/
[4] Dahana Ospina, «2025, otro año perdido en la lucha contra la violencia en Colombia: homicidios y secuestros aumentan», Infobae, 26 de agosto de 2025. https://www.infobae.com/colombia/2025/08/26/2025-otro-ano-perdido-en-la-lucha-contra-la-violencia-en-colombia-homicidios-y-secuestros-aumentan/
[5] Discurso de Raúl Zaffaroni en la aceptación del doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Macerata (Italia), 2002.
[6] Ibidem.
[7] «La ONU expresa preocupación por la persistente violencia de grupos armados en Colombia». Sociedad Suiza de Radio y Televisión. 3 de marzo de 2025. https://www.swissinfo.ch/spa/la-onu-expresa-preocupación-por-la-persistente-violencia-de-grupos-armados-en-colombia/88955015