COLOMBIA 2024: RETOS Y DEUDAS JURÍDICAS 

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Mauricio Pava Lugo[1]

El 2023 fue un año con altos y bajos para el mundo en general. Colombia, y en particular su ordenamiento jurídico, no fue la excepción. El año pasado se iniciaron en el Congreso de la República varias iniciativas que tenían como objetivo reformar enormes aspectos de la vida de los colombianos. Algunas no tuvieron éxito, otras aún persisten, como la reforma a la salud.

Por parte de las Altas Cortes también tuvimos decisiones trascendentales para nuestro país, vr. gr., la Sentencia C-014/23, en donde la Corte Constitucional declaró las primeras inexequibilidades de la Ley de Seguridad Ciudadana[2]; la Sentencia C-134/23 por medio de la cual la Corte consideró que la presencialidad o virtualidad en las audiencias judiciales debía corresponder al criterio autónomo del juez, a excepción de la audiencia de juicio oral en materia penal, que debía ser presencial para garantizar de mejor manera el derecho de defensa, el debido proceso y la inmediación probatoria[3]; y la Sentencia C-030 de 2023, en donde la Corte determinó que la Procuraduría General de la Nación no es la entidad competente para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular[4] —solo por destacar algunas de las resoluciones—. También hubo otras decisiones muy relevantes de la Corte Suprema de Justicia, como la Sentencia SP459-2023 en la que la corporación precisó algunos aspectos del delito de acoso sexual, y construyó una interpretación con enfoque de género sobre el tipo penal[5].

Para el 2024, Colombia tiene grandes retos para la mejora del sistema de administración de justicia, y algunas deudas de años anteriores aún pendientes por tratar. Si bien nuestras Altas Cortes promueven cada vez más la resolución de casos teniendo en cuenta el enfoque de género, aún hay asuntos que, desde la rama legislativa, deben ser abordados. Hoy en día, el engaño en los delitos sexuales, particularmente el denominado stealthing[6], no se encuentra regulado en nuestro Código Penal. El Proyecto de Ley 020/2022-C, que busca agregar esta conducta a la relación de delitos sexuales en nuestro país, todavía no llega al Senado. Esto genera incertidumbre sobre cómo se afronta este fenómeno en el ordenamiento jurídico colombiano.

De igual manera, la implementación de la justicia digital requiere regulación. Desde la pandemia del COVID-19, las ramas del poder público han estado dinamizando la administración de justicia a través de medios virtuales, pero ello no es equivalente a contar con una justicia digital. Celebrar audiencias por medio de Lifezise o Microsoft Teams no es justicia digital. Necesitamos herramientas que nos permitan disponer de un calendario digital en la rama judicial, para que los jueces, los litigantes, los procuradores y la Fiscalía puedan conocer la programación de audiencias de los distintos actores procesales. Esto evitaría programar audiencias para el mismo día y hora para un abogado, fiscal o procurador que ya tenga un compromiso judicial con otro despacho en la misma fecha. Es necesario, asimismo, valerse de tecnología OCR en cada oficina judicial[7]. Un sistema efectivo de transliteraciones de audiencias, a medida que estas se desarrollen, aliviaría a los funcionarios del agotador deber de escuchar audiencia tras audiencia para tomar una decisión de apelación o para refrescar memoria sobre el proceso.

Un punto pendiente en materia de derecho constitucional–convencional es contar con un criterio unificado por parte de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la JEP respecto de las decisiones convencionales en Colombia, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso en concreto de esto lo tenemos con la postura de la Corte Constitucional en cuanto a que «el valor jurídico de las decisiones de la Corte IDH varían según hubieren sido emitidas en contra de Colombia o de otro Estado»[8], en cambio, para el Consejo de Estado, las decisiones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) deben ser vinculantes para el Estado, independientemente de si están dirigidas en contra de Colombia o no.

Otro de los principales desafíos legislativos para el 2024 tiene relación con la política de «Paz Total». Esto es, diseñar el marco jurídico que permita que las negociaciones de paz con grupos armados aterricen en algún lugar, en donde se garantice la rendición de cuentas y la no repetición. En dicha medida, se respetaría la independencia judicial y se mantendría el equilibrio entre los poderes del Estado. Esto implica un delicado proceso de diálogo y consenso para modificar leyes existentes o crear nuevas, y asegurar así que sean constitucionalmente válidas, políticamente viables y socialmente aceptadas, todo mientras se navegan las complejidades del conflicto armado y las exigencias de diferentes actores nacionales e internacionales.

Por último, un aspecto que ocupará reflectores este año será la reforma al sistema de justicia. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, conformó el 20 de diciembre de 2023 una comisión con varios expertos para presentar varias propuestas de reforma en 2024.

En este crucial momento para Colombia, los papeles del poder ejecutivo y del legislativo se revelan como fundamentales en la materialización de reformas y en la búsqueda del bien común. La capacidad de estas ramas del poder público para cumplir con sus mandatos y trabajar en conjunto determinará la efectividad de las iniciativas jurídicas y sociales propuestas. Su responsabilidad compartida en la promulgación de leyes justas y en la implementación de políticas inclusivas es vital para abordar los retos existentes. La colaboración, el diálogo y el compromiso con los principios de justicia y equidad son, por lo tanto, indispensables para superar las deudas jurídicas pendientes y para asegurar que Colombia avance hacia un horizonte de paz, igualdad y desarrollo sostenible.

En esta entrega de Diálogos Punitivos

En este boletín, traemos para ustedes temas de derecho penal especial, empresarial y actualidad probatoria. En concreto:

En nuestra columna de actualidad, Camila Casas analiza una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde esta corporación precisó algunos elementos normativos del delito de acoso sexual.

En la columna de interés, Paula Ramírez explora el alcance del feminicidio en Colombia, desde la perspectiva de las personas transgénero como sujetos pasivos.

Por último, en la columna de entre líneas, Juan Rosales estudia la implementación de la inteligencia artificial para construir puentes éticos en los programas de cumplimiento en las empresas.

Esperamos que esta entrega sea de su total agrado y extendemos una cordial invitación para que se suscriban al boletín académico y a nuestras diferentes redes sociales. Así podrán estar permanentemente enterados de todo nuestro contenido.

[1] Abogado de la Universidad de Caldas. Curso universitario superior en Compliance de la Universidad de Barcelona y especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano (2018-2021), de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal de Bogotá (2021-2022) y de la Comisión de Expertos de la Corporación Excelencia en la Justicia. Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal-Capítulo Caldas y asesor para iniciativas legislativas en materia penal del Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) y de la Cámara de Representantes para reformas al Código de Procedimiento Penal (2013- 2018). Profesor de la Universidad de los Andes (2019) y de la Universidad Externado de Colombia (2021). Director del Boletín Académico Diálogos Punitivos.

[2] Miguel Mesa, «La Corte Constitucional declara primeras inexequibilidades a la ley de seguridad ciudadana», Diálogos Punitivos, abril de 2023, https://dialogospunitivos.com/la-corte-constitucional-declara-primeras-inexequibilidades-a-la-ley-de-seguridad-ciudadana/

[3] Claudia Rozo, «La Corte Constitucional reitera virtualidad en la justicia, excepto en juicio oral en materia penal», Diálogos Punitivos, agosto 13 de 2023, https://dialogospunitivos.com/corte-constitucional-reitera-virtualidad-justicia-excepto-juicio-oral-materia-penal/#_ftn2

[4] Esteban Montoya, «La Corte Constitucional reitera la falta de competencia de la procuraduría general de la nación para sancionar a servidores públicos de elección popular», Diálogos Punitivos, octubre 22 de 2023, https://dialogospunitivos.com/corte-constitucional-reitera-falta-competencia-procuraduria-general-de-la-nacion-sancionar-servidores-publicos-eleccion-popular/

[5] Camila Casas, «La Corte Suprema de Justicia aclara que no debe existir subordinación laboral para la configuración del tipo penal de acoso sexual». Diálogos Punitivos, febrero de 2024, https://dialogospunitivos.com/corte-suprema-justicia-aclara-no-debe-existir-subordinacion-laboral-configuracion-acoso-sexual/

[6] El stealthing consiste en la conducta de quitarse el condón en una relación sexual que se practica con una persona que consintió sostener tal relación sin el uso del condón. Cfr. María Camila Correa, «¿El agravante de ‘stealthing’?», Ámbito jurídico, 8 de septiembre de 2023, https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/el-agravante-de-stealthing

[7] OCR significa reconocimiento óptico de caracteres. Es una tecnología que permite convertir imágenes de texto en archivos electrónicos editables.

[8] C. Const. Sent. C-146/21. M. P.: Cristina Pardo Schlesinger.