La Corte Suprema de Justicia aclara que no debe existir subordinación laboral para la configuración del acoso sexual

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Camila Casas Ramírez[1]

En este artículo se analiza la Sentencia 459-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esta decisión se estudió un caso de acoso sexual, en el que se examinó la condena impuesta a un hombre, quien, con la reciente modificación de la apreciación del delito de acoso sexual por parte de la CSJ, fue hallado culpable de acosar sexualmente a una mujer que trabajaba en el mismo lugar donde este ocupaba un puesto de poder. La sentencia ha generado críticas debido a la aparente minimización que tuvo el juez de primera instancia en cuanto a los actos realizados por el imputado, y ha suscitado una discusión en torno a la existencia de una relación de subordinación entre ambos involucrados en el contexto laboral. Conforme a ello, la Corte Suprema de Justicia abre un nuevo capítulo en la problemática del acoso sexual, donde entra a distinguir una posición de poder y subordinación.

SUMARIO:

I. Introducción; II. Consideraciones de la Corte; III. Toma de postura; IV. Reflexión final; V. Bibliografía.

I. Introducción

El 8 de noviembre de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SP459-2023([2]), confirmó la condena emitida por el Tribunal Superior de Bogotá en contra del señor CAPZ al encontrarlo penalmente responsable por acosar sexualmente a la señora SGN. Según se relata en la decisión, los involucrados se conocieron en el año 2004, oportunidad en la que trabajaron juntos. Durante ese período la víctima era hostigada e incomodada por CAPZ con comentarios de contenido sexual sobre su cuerpo. Posteriormente, en el año 2012, SGN ingresó a laborar, a través de un contrato de prestación de servicios, en la oficina jurídica del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, dependencia en la que CAPZ ocupaba una subgerencia. Una vez CAPZ se enteró de la vinculación de SGN, solicitó su presencia en su despacho. Al ingresar le susurró algo al oído, aseguró la puerta, se bajó el cierre del pantalón, le exhibió su miembro viril y le pidió que le practicara una felación.

Por lo anterior, la Fiscalía formuló imputación y acusó a CAPZ como presunto responsable del delito de acoso sexual, cargos que él no aceptó. El 22 de enero de 2020 el juez de primera instancia absolvió al acusado sobre la base de duda probatoria, pues el testimonio de la víctima no se consideró como una prueba concluyente. Para ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución emitida en primera instancia, y, en su lugar, condenó a CAPZ a 15 meses de prisión al encontrarlo responsable del delito, aduciendo que en el caso en concreto se materializaba el delito de acoso sexual, a pesar de no existir una relación de superioridad jerárquica directa entre CAPZ y SGN.

En la consideración del a quo no existía un acoso, dada la imposibilidad del denunciado de doblegar la voluntad de la víctima, puesto que, como ya se había afirmado, CAPZ no ejercía ningún control sobre la oficina jurídica de la que hacía parte la víctima. De esta forma, el juez enfocó el daño psicológico que tuvo la víctima a otro tipo de sucesos, como los que vivió en su niñez y que ocultó durante el proceso, y argumentó que SGN bien pudo malinterpretar algunos actos del procesado, como el de un beso en la mejilla. Ahora bien, contrario a lo dicho por el juez de primera instancia, el ad quem precisó que CAPZ en ocasiones hizo comentarios de contenido sexual sobre el cuerpo de la víctima, por lo cual el hostigamiento era constante y evidente para todos.

En esta columna se analizarán las consideraciones de la Corte para la confirmación de la decisión. Luego, se planteará una posición en relación con el fallo emitido, y se reflexionará sobre la relevancia de la no necesidad de existir una relación de jerarquía directa ni subordinación para que se configure el delito de acoso sexual.

II. Consideraciones de la Corte

La Corte analizó el problema jurídico en el que se considera la superioridad de un agresor sobre la víctima como el determinante para la configuración del delito. Se presumiría que solo puede existir una inferioridad cuando el poder que se impone sobre la víctima proviene de una autoridad superior, que pueda ejercer una presión laboral o, por el contrario, pueda recompensar a su víctima. En este sentido, se aborda lo establecido en el artículo 210-A[3] del Código Penal, que señala la existencia de diferentes tipos de superioridades distintas a la laboral. Se evidencia en el caso específico que aunque el acusado no era un jefe inmediato de la víctima ejercía una posición de poder dentro de la organización, posición que pudo haber generado temor en la víctima por su situación laboral.

De acuerdo con las consideraciones de la Corte, se puede inferir que el tipo penal propone una enumeración de verbos rectores que conforman la conducta de acoso sexual —como lo son «acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente»[4], lo que indica una idea de actos persistentes o reiterativos en el tiempo. Basta verificar las definiciones del diccionario para asumir que esto se refiere a que el comportamiento es dinámico y no estático. Como lo aclaró la Corte en Sentencia SP124-2023([5]): «el delito no demanda de días o de un lapso prolongado de tiempo, pero sí de persistencia por parte del acosador»

Igualmente, en Sentencia SP124-2023, la sala incluye un ingrediente subjetivo que debe pregonar la tipicidad objetiva, como lo es el «propósito en el autor de obtener un provecho para sí o para un tercero, pero de carácter sexual», de allí que en la situación de estudio se identificaron circunstancias sucedidas en el año 2004, cuando la víctima y el acusado laboraban juntos en el Jardín Botánico y CAPZ le hacía comentarios obscenos a SGN acerca de sus partes íntimas. Señala la Corte que el principio de congruencia[6] es traído a colación por la reiteración de la situación, y no por su tiempo de ejecución.

Para la Corte, las versiones de SGN, en su calidad de víctima, y de DC, testigo ocular del ente acusador, no afectan la credibilidad de la prueba testimonial, pues, aunque son versiones diferentes, se puede concluir que nunca hubo un consenso entre SGN y DC para declarar, y que, además, rindieron declaración siete años después de ocurridos los hechos, lo que resulta más confiable y creíble, ya que las inconsistencias señaladas por la impugnación se refieren a aspectos menos relevantes en lugar de a los puntos fundamentales de los hechos bajo investigación.

Aduce la defensa que la víctima, al haber reaccionado de forma moderada y mesurada, estaría contradiciendo el testimonio de DC, en el que la testigo indica haber visto salir de la oficina de CAPZ a SGN alterada y nerviosa. Este argumento se apartaría del enfoque de género, que sostiene que la reacción de una mujer no puede determinar los actos que fueron cometidos sobre ella, y la credibilidad del testimonio de la víctima no debe depender de si su reacción ante los hechos se ajusta a estereotipos de género, sino en la veracidad de su versión de los hechos.

Por esta razón, se estima que la valoración se realiza con sujeción a las reglas de la persuasión racional, en la que se entiende que, si la mujer no llora, no gesticula ni manifiesta sus emociones, entonces el hecho del cual ha sido víctima no existió. Además, en este punto se «describe la conducta típica lesiva del bien jurídico de la libertad, la integridad y la formación sexuales, donde se ha dicho que suponen la habitualidad o permanencia en el tiempo del proceder en el acusado tendiente a doblegar la voluntad de la víctima que, vale aclarar, puede ser cualquier persona sin distinguir de género, [con el fin] de que esta acceda a una pretensión sexual».

III. Toma de postura

Es pertinente indicar que si bien existía un punto de partida por el cual el delito de acoso sexual venía siendo aplicado en los diferentes casos, hacía falta ese ingrediente extra que precisara cómo se configuraba cuando no había una relación directa de subordinación entre la víctima y el agresor. Así, la jurisprudencia de la Corte había señalado la necesidad de que existiera una superioridad que afectara a la víctima. En este caso, la superioridad solo se configuraba cuando había un vínculo laboral (contrato de trabajo) y una inferioridad directa dentro de la empresa u organización, lo que generaba que la persona ofendida no tuviera más opción que acceder o verse involucrada en un problema laboral.

En diversas discusiones se ha identificado que no siempre el agresor es el jefe inmediato de la víctima, pues hay casos en los cuales son los jefes mediatos[7] quienes llevan a cabo la conducta. Esto abría una puerta para que cualquier persona diferente al superior jerárquico dentro de una organización pudiera cometer el delito sin ser cobijado por el tipo penal de acoso sexual —lo que claramente indicaría que cualquier otro sujeto que cometiese la conducta quedaría impune—.

El delito de acoso sexual se incluyó en el Código Penal para abordar las prácticas libidinosas que surgían en el ambiente laboral, donde el factor denominador era la sensación de poder que ejercían los agresores con sus víctimas. Esto, según el legislador, debía ser castigado con mayor severidad al existir una relación laboral. Es fundamental reconocer que mantener una relación laboral promueve la armonía y la convivencia entre los trabajadores, aunque esta confianza mutua puede ser malinterpretada.

Debido al aumento de casos en los que la subordinación era predominante, se consideró necesario añadir el tipo penal para evitar que empleadores o superiores utilizaran su posición para solicitar prácticas sexuales no consensuadas —lo que implicaba una vulneración de los derechos de los trabajadores—. Esta medida buscaba proteger a aquellos empleados que fueran víctimas de tal abuso de poder. Fue importante el hecho de que la Corte, en la sentencia en mención, aclarara, como se ha indicado anteriormente, que la relación no debía ser necesariamente una relación directa, es decir, entre el empleado y su jefe inmediato, y ampliará esta determinación a cualquier sujeto que ocupe un cargo por encima del de su víctima, por medio del cual pueda generar una presión sobre esta.

Es preciso indicar que, si bien la aclaración fue útil, es indispensable que la Corte también pueda pronunciar su postura sobre cualquier tipo de acoso dentro de las organizaciones. Dado que este es un tema que no se ha abordado en profundidad y que toca a muchas personas que sufren el flagelo de este delito, sería importante que la Corte, a partir de esta postura, continúe profundizando y esclareciendo cómo se seguirá configurando el tipo penal en los ambientes laborales.

La Corte entra a analizar la decisión que modificará el paradigma jurisprudencial que se tenía con relación a la adecuación típica del tipo penal de acoso sexual. Ente tanto, la sentencia genera cambios en los criterios que en su momento detalló la Sentencia SL648-2018([8]), como son el beneficio laboral que se obtenía con la proposición sexual y la creación de un ambiente laboral hostil caracterizado por situaciones de intimidación o humillación, que debían estar ligadas a una figura de poder que ejerciera un control sobre la víctima.

Esta nueva interpretación planteada por la Sentencia SP 459-2023([9]), donde se indica que no debe existir una subordinación, se acoge a lo establecido en la Ley 1257 de 2008([10]) en su artículo 29 —que fue agregado al Código Penal como el delito de acoso sexual—, con el propósito de resguardar a las mujeres de la violencia en contextos privados y públicos. Esta ley tiene como objetivo primordial proteger a las mujeres de daños psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales que puedan surgir de una posición de inferioridad.

A partir de esto, el acoso sexual ha sido definido como el mecanismo de discriminación y violencia contra la mujer, siendo una realidad que ha sido ampliamente abordada en distintos marcos legales y documentos internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[11], la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer[12], la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo[13], la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer[14].

Todas estas convenciones y tratados internacionales no solo identifican el acoso sexual como una forma de discriminación, sino que además establecen la necesidad de adoptar medidas concretas para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo. También reconocen que el acoso sexual afecta la dignidad y los derechos de las mujeres, y obstaculiza su participación igualitaria en la sociedad y en todos los ámbitos de la vida. Teniendo esto en cuenta, a través de la socialización, comprensión, interpretación y aplicación integral de la importante normativa se busca primordialmente establecer entornos seguros y libres de violencia para todas las personas, sin importar su género.

IV. Reflexión final

La Sala precisa que la condición de superioridad no necesariamente debe derivar de una posición de autoridad directa dentro de una organización (como ocurre en el caso que nos ocupa donde el organigrama sitúa a esta persona como ejecutivo en un puesto que no está ligado directamente con su víctima). Esa superioridad debe referirse a la capacidad disminuida de la víctima para repeler la situación, al ser puesta en una posición de inferioridad frente a su agresor.

De allí se deduce que es fundamental garantizar una protección constante a la mujer cuando se enfrenta a situaciones intimidatorias, como la que se expone aquí, donde se ejerce un poder subjetivo sobre la víctima. Aunque no exista una relación directa entre la víctima y su agresor, la víctima se encuentra en una posición de inferioridad debido al cargo que ocupa dentro de la organización. Ahora bien, la calificación del testimonio, tal como lo señaló la Corte, debe ser especialmente considerada, ya que se trata de un hecho planeado y ejecutado por el ofensor, quien aprovecha su control sobre la victima para consumarlo. Esto se podría calificar como un acto premeditado, pues CAPZ estaba consciente de sus acciones y de lo que haría una vez que su víctima entrara a su oficina.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia cumple con su deber, ya que está velando por la protección y la integridad de las víctimas en entornos laborales y sociales, para que las personas que son o fueron víctimas de acoso sexual tengan un respaldo sin importar su posición laboral y social. Además, es muy importante que la Corte siga esta línea para aclarar todos estos vacíos que existen en torno a la tipificación de estas conductas, objeto de reproche penal.

V. Bibliografía

Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  Firmado Belem Do Para, Brasil. (09, junio, 1994).

Organización de las Naciones Unidas. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. (13, septiembre, 1994).

Organización de las Naciones Unidas. la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. 4 a 15 de septiembre de 1995. (15, septiembre, 1995).

Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (18, diciembre, 1979)

Ámbito Jurídico. «No ser jefe inmediato de la víctima no hace atípica la conducta de acoso sexual». Ámbito Jurídico, 13 de diciembre de 2023, https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/no-ser-jefe-inmediato-de-la-victima-no-hace-atipica-la-conducta-de-acoso-sexual

Correa, María. «Acoso Sexual». Ámbito Jurídico, 27 de diciembre de 2023, https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/acoso-sexual?s=08

Martínez, Diana. «El acoso sexual en el ámbito laboral». Asuntos Legales, 09 de octubre de 2015, https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/el-acoso-sexual-en-el-ambito-laboral-2310316

Jurisprudencia y citación legal colombiana

Corte Constitucional. Sentencia T-455/16 agosto, 25/2016) M. P. Alejandro Linares Cantillo.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL648-2018, ene. 18/2018, Rad. 55122. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP124-2023, mar. 29/2023, Rad. 55149. M.P. Gerson Chaverra Castro.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP459-2023, nov. 08/2023, Rad. 58669. M. P. Gerson Chaverra Castro.

Ley 1257/2008, de 04 de diciembre de 2008.

Ley 599/2000, de 24 de julio de 2000, art. 210-A.

[1] Tecnóloga en Criminalística y Ciencias Forenses de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad INCCA de Colombia y asistente judicial de la firma de abogados MPa Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos.

[2] CSJ, Cas. Penal, SP459-2023, nov. 08/2023, Rad. 58669. M. P. Gerson Chaverra Castro.

[3] L.599/2000, art, 210-A. «El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años».

[4] L.599/2000, art, 210-A.

[5] CSJ, Cas. Penal, SP124-2023, mar. 29/2023, Rad. 55149. M. P. Gerson Chaverra Castro, p. 16.

[6] C. Const., Sent. T-455/16 agosto, 25/2016, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

[7] Según definición del DLE, mediato: «Que en tiempo, lugar o grado está próximo a una cosa, mediando otra entre las dos, como el nieto respecto del abuelo».

[8] CSJ, Cas. Laboral, SL648-2018, ene. 31/2018, Rad. 55122. M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

[9] CSJ, SP 459-2023 (Rad. 58669).

[10] Ley 1257 del 04 de diciembre de 2008 «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones».

[11] Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (18, diciembre, 1979).

[12] Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Firmado Belem Do Para, Brasil. (09, junio, 1994).

[13] Organización de las Naciones Unidas. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. (13, septiembre, 1994).

[14] Organización de las Naciones Unidas. la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. 4 a 15 de septiembre de 1995. (15, septiembre, 1995).