Mauricio Pava Lugo[1]
Hay momentos en la historia de un país que no se olvidan. Momentos en los que una sociedad, cansada de sí misma, decide cambiar. Yo viví uno de esos momentos: crecí en un país regido por la Constitución de 1886, una carta que durante décadas fue más un instrumento de control que un pacto de convivencia. Bajo ella se normalizó el estado de sitio, se restringieron libertades y se gobernó el Estado como un fin en sí mismo. Se desconoció, incluso, la diversidad de quienes conformábamos el país. Y sin embargo, Colombia resistió, sobrevivió a violencias, a fracturas profundas. Pero también se acumuló un cansancio silencioso, una necesidad urgente de algo distinto.
Ese «algo distinto» llegó con la Séptima Papeleta. No fue solo un movimiento estudiantil, fue un acto de fe colectiva. Una generación entendió que el país no podía seguir igual. Recuerdo las marchas, la esperanza, la sensación de estar empujando la historia en la dirección correcta. Recuerdo, sobre todo, algo que hoy parece escaso: la voluntad de encontrarnos. Porque eso fue la Constitución de 1991: un encuentro. Un acuerdo improbable entre distintos. Entre visiones opuestas e historias enfrentadas. Y, aun así, se logró. Existía un propósito superior al interés particular: la convicción de que Colombia merecía un nuevo comienzo.
De ese espíritu nació una Constitución que puso en el centro a la dignidad humana. Reconoció derechos, abrió caminos y permitió que las instituciones evolucionaran con la sociedad. No fue perfecta, como no es perfecta tampoco nuestra sociedad, pero sí fue el resultado de un amplio y profundamente legítimo acuerdo con todos los sectores, como quizás no se había visto nunca antes en nuestra historia.
Han pasado más de treinta años, y como todo lo vivo, nuestra Constitución ha cambiado. Ha crecido, ha sido interpretada y ajustada. Así debe ser. Así funcionan las democracias y las sociedades maduras. A pesar de los cambios naturales, la Constitución se resiste al cambio de su esencia. Hoy, cuando desde el poder se habla de convocar una nueva asamblea constituyente y se respalda como bandera política, lo que está en juego no es solo un texto jurídico. Es ese espíritu. Porque una Constitución no es «simplemente» lo que dice, es cómo nace. La de 1991 nació de la concertación, de la escucha. De la voluntad de construir juntos, aun en medio de las diferencias.
Por eso inquieta el presente. No por la idea de cambiar —toda sociedad cambia—, sino por la forma en que se plantea hacerlo: en un ambiente de tensiones, de desconfianza y de palabras que dividen más de lo que unen. Una pugnacidad que parece instalarse incluso desde la más alta responsabilidad del Estado.
Las constituciones no deberían escribirse desde una posición revanchista por la no aprobación de lo que se pretende. No deberían surgir como respuesta a la incomodidad del poder frente a los límites que lo contienen. Porque esos límites son, precisamente, su razón de ser.
La Constitución de 1991 ha sido, durante décadas, ese lugar común donde cabemos todos. Donde las diferencias encuentran cauce. Donde el poder tiene fronteras y los ciudadanos tienen garantías. Detener a dicha Constitución sería detener la evolución de garantías que hemos tenido en los últimos años. Esto no es un acto menor. Es, de alguna manera, apagar una conversación que el país aún no termina.
Las naciones cambian, y sus pactos también. Pero esos momentos exigen algo que hoy nuestro gobierno ha sepultado: confianza, serenidad y generosidad política. Exigen liderazgo con sentido de país. Exigen, sobre todo, un verdadero consenso. Sin eso, cualquier intento no será un nuevo comienzo. Será una ruptura.
Por lo anterior, más que resistir al cambio, lo que hoy se impone es cuidar lo construido. Defender no solo un texto, sino una forma de entendernos como nación. Porque el día en que una Constitución deje de ser el resultado de un acuerdo entre distintos y pase a ser la expresión de unos sobre otros, ese día no estaremos avanzando. Ese día, simplemente, habrán detenido la Constitución del 91.
En esta entrega de Diálogos Punitivos
En este boletín, traemos para ustedes temas de derecho penal especial, empresarial y actualidad probatoria. En concreto:
En nuestra columna de actualidad, Andrés Díaz Arana analiza una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde esta corporación recordó que sin autor no puede haber un partícipe en una conducta delictiva.
En la columna de interés, Juan David Palacio explora las técnicas probatorias para la acreditación del delito de acceso abusivo a un sistema informático.
Por otra parte, en la columna de entre líneas, Amir Abushihab analiza cómo los incentivos punitivos, económicos o judiciales pueden afectar la fiabilidad del declarante whistleblower en la criminalidad económico-tributaria.
Por último, para este boletín traemos una columna adicional, en donde Santiago Yepes expone la gravedad de la ignorancia deliberada en entornos empresariales y analiza su incidencia en la responsabilidad penal.
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[1] Abogado de la Universidad de Caldas. Curso universitario superior en Compliance de la Universidad de Barcelona y especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal – Capítulo Caldas. Director de Diálogos Punitivos.