El enfoque de género en la apreciación de las pruebas: Una línea que se consolida en la justicia penal en Colombia

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Nicolás Dupont Bernal[1]

Este artículo analiza la Sentencia SP 124-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 29 de marzo de 2023, que aborda un caso de acoso sexual. Esta sentencia resalta la necesidad de implementar el enfoque de género en las decisiones judiciales. El caso nos invita a reflexionar sobre la creciente relevancia de adoptar enfoques diferenciales, más allá del género, en la administración de la justicia penal en Colombia.

SUMARIO:

I. Introducción; II. Resumen de la decisión; III. Toma de postura; IV. Reflexión final; V. Bibliografía.

I. Introducción

El 29 de marzo de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió la Sentencia SP 124-2023[2], que casó la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga y condenó a un empleado de una empresa por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo en contra de sus subordinadas.

La Corte determinó que el tribunal omitió la obligación, tanto positiva como negativa, de analizar las pruebas a partir del enfoque de género. Obligación negativa porque los jueces y tribunales deben valorar las pruebas sin estereotipos ni prejuicios basados en género, para evitar la revictimización de grupos vulnerables. Obligación positiva porque, además, los jueces deben verificar y examinar las pruebas con este enfoque para reconocer contextos de discriminación o violencia en distintos ámbitos, con el fin de identificar situaciones que propician o facilitan la comisión de delitos contra grupos históricamente discriminados o marginados.

En el siguiente artículo se presenta un resumen de la decisión, se reflexiona sobre la importancia del enfoque de género en las decisiones judiciales, se expone una postura sobre la misma y se formulan algunas conclusiones.

II. Resumen de la decisión

Dos empleadas de una empresa electrificadora en el departamento de Santander denunciaron haber sufrido acoso sexual por parte de su superior. Los abusos incluían comentarios inapropiados sobre sus cuerpos y sobre sus relaciones sentimentales, tocamientos no consentidos y exhibición de genitales. La Fiscalía, en febrero de 2016, imputó penalmente al superior tras considerarlo autor de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo, con circunstancias de menor punibilidad por carencia de antecedentes penales.

En primera instancia, el juez absolvió al acusado al considerar que los actos no tenían un contenido «libidinoso», tomando en cuenta que, a partir de los testimonios, no era claro que se configuraran elementos del tipo de acoso sexual, tales como el requerimiento sexual no consentido y el contenido libidinoso de la conducta. Tras la apelación de la Fiscalía y del apoderado de las víctimas, el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la sentencia fundamentándose en un análisis de los testimonios de las mujeres. El Tribunal estableció que no existía intención sostenida de lograr satisfacción sexual no consentida ni requerimiento directo hacia las denunciantes, ante lo cual la Procuraduría y el apoderado de las víctimas presentaron el recurso extraordinario de casación.

El apoderado de las víctimas consideró que el Tribunal cometió errores al fijar y valorar las pruebas presentadas, lo que ocasionó una violación al derecho a un debido proceso probatorio de las víctimas, invocando la causal tercera de casación. En consecuencia, solicitó un fallo condenatorio contra el acusado.

La Corte decidió que el tribunal cometió errores en su juicio por dos razones: primero, tergiversó y omitió partes de los testimonios (un «falso juicio de identidad»), y, segundo, basó su decisión en prejuicios de género, en lugar de basarse en un análisis imparcial (un «falso raciocinio»). Según la Corte, si el tribunal hubiera tenido en cuenta adecuadamente los testimonios y otras pruebas desde una perspectiva de género, habría notado que el acusado acosaba repetidamente a las víctimas con claras intenciones sexuales.

La Sala concluyó que el tribunal no identificó los actos de acoso sexual cometidos por el acusado al no considerar el entorno de discriminación que había creado el acusado en el sitio de trabajo. Además, no analizó los testimonios y situaciones bajo la perspectiva de la violencia patriarcal y sistemática en el ámbito laboral, lo que impidió reconocer y sancionar las agresiones diarias sufridas por las empleadas de la electrificadora. Por lo anterior, la Corte decidió casar la sentencia de segunda instancia, condenando al acusado a 30 meses de prisión y a la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo, otorgando la suspensión condicional de la pena y señalando el recurso de impugnación aplicable[3].

III. Toma de postura

La decisión de la Sala de Casación Penal se inscribe en una línea jurisprudencial clara con relación a la perspectiva de género y los enfoques diferenciales. Diversas decisiones de la Sala Penal destacan la relevancia de la perspectiva de género en la determinación de la responsabilidad penal por delitos de contenido sexual de los que las mujeres son víctimas.

Entre estas decisiones están las sentencias SP 3574 del 2022[4], SP 2649 del 2022[5], SP 1177 del 2022[6] y, específicamente, la sentencia SP-2136 de 2020[7], que enfatiza la obligación de integrar dichos enfoques en el análisis probatorio. Una línea que también está presente en las decisiones de las salas Laboral[8] y Civil de la Corte Suprema de Justicia[9]. 

Autoras como Kimberle Crenshaw[10] y María Camila Correa Flórez[11], prominentes defensoras del feminismo en el campo legal, han hecho énfasis en la importancia de integrar la perspectiva de género[12] en la interpretación y aplicación de las leyes[13]. Sostienen que la justicia debe ser receptiva a las experiencias particulares de los individuos afectados por múltiples formas de discriminación y opresión, concretamente en lo relativo a delitos de violencia sexual[14]. En su texto Legítima defensa en situaciones sin confrontación, por ejemplo, Correa defiende una interpretación más completa de instituciones del derecho, como la legítima defensa, para incluir experiencias sociales excluidas y construir conceptos para atender vivencias sociales ocultas o silenciadas[15].

En decisiones como esta, resulta claro que la incorporación de la perspectiva de género y de los enfoques diferenciales[16] se ha vuelto esencial para garantizar un planteamiento equitativo y justo en la administración de justicia. En concreto en el análisis probatorio. La sensibilización en relación con las desigualdades y discriminaciones históricas que han afectado a ciertos grupos —en particular a las mujeres— es fundamental para abordar adecuadamente el significado de la ley y la configuración de tipos penales en los que las violencias basadas en género[17] son esenciales.

En palabras de la Corte Constitucional, «El enfoque diferencial como desarrollo del principio de igualdad […] busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre una verdadera igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participación social e inclusión»[18]. 

Al anular la sentencia original y demandar la incorporación de la perspectiva de género, la Sala de Casación Penal manifestó la importancia de examinar las pruebas y hechos desde una mirada consciente de las desigualdades y discriminaciones históricas que han sufrido las mujeres. Es aquí donde la sentencia tiene mayor valor, pues la Corte insiste en que la perspectiva de género no solo impone una obligación negativa, de no analizar las pruebas a partir de estereotipos de género, sino una positiva, de analizarlas desde la perspectiva de género[19].

La decisión de la Corte es acertada al mostrarnos que los enfoques diferenciales no deben ser considerados como simples herramientas hermenéuticas opcionales para los jueces, es decir, recursos adicionales para examinar las pruebas a su discreción. Por el contrario, estos enfoques constituyen un deber ineludible en el análisis de pruebas y conductas que puedan afectar a personas o grupos específicos. Su relevancia trasciende a los delitos sexuales o aquellos en los que se presenten violencias de género, y se extiende a situaciones donde los individuos sean víctimas debido a su sexo, raza, identidad u origen. La obligación de los jueces de aplicar enfoques diferenciales es crucial para garantizar el acceso a la justicia y proteger a los grupos vulnerables de la revictimización institucional.

Asimismo, esta decisión de la Corte se inscribe en un contexto más amplio sobre la responsabilidad de construir ambientes laborales más seguros para los empleados, así como también en prevenir y gestionar adecuadamente esta clase de conductas en las empresas. Es fundamental aplicar normas nacionales e internacionales, como la Ley 1257 de 2008[20] y la Convención do Belém do Pará[21], para asegurar que todas las mujeres puedan trabajar en entornos libres de violencia y discriminación, y cumplir así con los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Esto implica adoptar mecanismos adecuados en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados, para ofrecer una respuesta rigurosa, efectiva y de apoyo, atención y protección a las víctimas de estos comportamientos.

La insistencia en la perspectiva de género como marco para analizar delitos como el acoso sexual también tiene implicaciones dogmáticas. Por un lado, el análisis de la Corte nos muestra que es a partir de la perspectiva de género que diversas acciones o conductas pueden ser leídas como el patrón estructural que implica el tipo en cuanto a la tipicidad objetiva[22]. Por otro lado, es claro que, con respecto al tipo subjetivo, la Corte le resta importancia al fin sexual o contenido libidinoso de la conducta, haciendo un énfasis mayor en que los fines de la conducta sean la reproducción de violencias estructurales o patriarcales. En este sentido afirma la Corte: «En consecuencia, este tipo de actuaciones que constituyen una inaceptable afrenta y atropello, porque cosifica[n] a la mujer, no se pueden normalizar, tolerar ni mucho menos perpetuar…»[23]. Este es, de nuevo, un enfoque acertado que se deriva de incorporar la perspectiva de género en el análisis jurídico, pues el fin del Estado no es reprochar deseos sexuales, sino desarticular violencias.

IV. Reflexión final

Esta decisión de la Corte pone de manifiesto la relevancia que tiene el adoptar enfoques diferenciales en la administración de justicia. Si bien este caso se centra en la necesidad de aplicar la perspectiva de género en situaciones de violencia sexual, nos invita a reflexionar sobre la importancia de que los jueces penales implementen criterios diferenciales para abordar otros casos. Una línea que se consolida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La implementación de enfoques diferenciales en la justicia penal es fundamental para garantizar una mayor sensibilidad y más equidad hacia los grupos históricamente marginados. Al adoptar visiones más amplias, y superar las simples herramientas hermenéuticas, podemos construir un derecho penal más accesible y sensible a una realidad social en constante evolución. Esta decisión también impulsa a las empresas a tomar medidas preventivas y crear entornos laborales seguros, mediante el desarrollo de programas robustos de cumplimiento. De esta manera, se busca prevenir y abordar adecuadamente los riesgos asociados, y contribuir así a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

V. Bibliografía

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA DE OCTAVA DE REVISIÓN. Sentencia T 010-2015. (16, enero, 2015). M. P. Martha Victoria Sáchica [en línea]. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión, 2015.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 4883-2018. Radicado n.o 48820. (14, noviembre, 2018). M. P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2018.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 4883-2018. Radicado n.o  48820. (14, noviembre, 2018). M. P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2018.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 2136-2020. Radicado n.o 52897. (1, julio, 2020). M. P. José Francisco Acuña Vizcaya [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2020.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia SC 3462-2021. Radicado n.o 25754-31-10-001-2017-00070-01. (18, agosto, 2021). M. P. Luis Armando Tolosa Villanoba [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, 2021.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL. Sentencia SL 2936-2022. Radicado n.o 89210. (25, julio, 2022). M. P. Santander Rafael Brito Cuadra [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, 2022.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 3574 -2022. Radicado n.o 54189. (1, Octubre, 2022). M. P. Myriam Ávila Roldán [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2022.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 2649-2022. Radicado n.o 54044. (27, julio, 2022). M.P. José Fernando Acuña Vizcaya [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2022.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 1177-2022. Radicado n.o 58668. (6, Abril, 2022). M. P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2022.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 124-2023. Radicado n.o 55149. (29, marzo, 2023). M. P. Gerson Chaverra Castro [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2023.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1257 (4, diciembre, 2008). «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» [en línea]. Bogotá, D. C. En: Diario Oficial. 2022. [Consultado: 13 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054

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[1] Abogado e historiador de la Universidad de los Andes.

[2] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 124-2023. Radicado n.o 55149. (29, marzo, 2023). M. P. Gerson Chaverra Castro [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2023.

[3] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 4883-2018. Radicado n.o 48820. (14, noviembre, 2018). M. P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2018.

[4] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 3574 -2022. Radicado n.o  54189. (1, octubre, 2022). M. P. Myriam Ávila Roldán [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2022.

[5] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 2649-2022. Radicado n.o 54044. (27, julio, 2022). M. P. José Fernando Acuña Vizcaya [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2022.

[6] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 1177-2022. Radicado n.o 58668. (6, abril, 2022). M. P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2022.

[7] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 2136-2020. Radicado n.o 52897. (1, julio, 2020). M.P. José Francisco Acuña Vizcaya [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2020.

[8] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL. Sentencia SL 2936-2022. Radicado n.o 89210. (25, julio, 2022). M. P. Santander Rafael Brito Cuadra [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, 2022.

[9] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia SC 3462-2021. Radicado n.o 25754-31-10-001-2017-00070-01. (18, agosto, 2021). M. P. Luis Armando Tolosa Villanoba [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, 2021.

[10] CRENSHAW, Kimberle Williams. Race, reform, and retrenchment: transformation and legitimation in antidiscrimination law. Berlin: German Law Journal, 2011, vol. 12, n.o 1, pp. 247-284; MACKINNON, Catharine A., SIEGEL, Reva B. (ed.). Directions in sexual harassment law. Nueva York: Yale University Press, 2008.

[11] CORREA FLÓREZ, María Camila. Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del tirano de casa. Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, 2017; CORREA FLÓREZ, María Camila La violencia contra las mujeres en la legislación penal colombiana. Nuevo Foro Penal, 2018, n.o  90, pp. 11-53.

[12] La perspectiva de género comporta la ausencia de discriminación basada en el sexo (artículo 13 de la Constitución) y la garantía de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo (artículos 43 y 53 de la Constitución).

[13] CRENSHAW, Kimberle Williams. Race, reform, and retrenchment: transformation and legitimation in antidiscrimination law. Berlin: German Law Journal, 2011, vol. 12, n.o 1, pp. 247-284; MACKINNON, Catharine A., SIEGEL, Reva B. (ed.). Directions in sexual harassment law. Nueva York: Yale University Press, 2008.

[14] Ibid.

[15] CORREA FLÓREZ, María Camila. Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del tirano de casa. Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, 2017; CORREA FLÓREZ, MARÍA CAMILA.  La violencia contra las mujeres en la legislación penal colombiana. Nuevo Foro Penal, 2018, n.o 90, p 52.

[16] El enfoque diferencial es un principio aplicado por la Corte Constitucional que busca reconocer y abordar las particularidades, necesidades y derechos de grupos poblacionales específicos, históricamente discriminados o marginados, garantizando la igualdad real y efectiva, y promoviendo la diversidad y la inclusión en el marco de la justicia y la protección de los derechos fundamentales.

[17] Las violencias basadas en genero se refieren a actos de violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica, cometidos contra una persona en función de su género, identidad de género, orientación sexual o roles sociales atribuidos, con el objetivo de mantener estructuras de poder desiguales y perpetuar la discriminación, dominación o subordinación basada en el género.

[18] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA DE OCTAVA DE REVISIÓN. Sentencia T 010-2015. (16, enero, 2015). M. P. Martha Victoria Sáchica [en línea]. Bogotá. Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión, 2015.

[19] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 124-2023. Radicado n.o 55149. (29, marzo, 2023). M. P. Gerson Chaverra Castro [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2023, p. 40.

[20] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1257 (4, diciembre, 2008). «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» [en línea]. Bogotá, D. C. En: Diario Oficial. 2022. [Consultado: 13 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054

[21] ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (9 de junio de 1993) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará». Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1999  [en línea]. Belém do Pará. En oas.org [Consultado: 13 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

[22] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia SP 124-2023. Radicado n.o 55149. (29, marzo, 2023). M. P. Gerson Chaverra Castro [en línea]. Bogotá. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, 2023, p. 42.

[23] Ibid., p. 45.