ENTRE ROCAS Y CAUDALES: LAS DIFICULTADES DEL DERECHO PENAL AMBIENTAL EN COLOMBIA

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Nicolás Dupont Bernal[1]

Este texto examina el complejo panorama del derecho penal ambiental en Colombia. A través de un análisis crítico, se evalúa la evolución del derecho penal desde su enfoque inicial en la patrimonialización de los recursos naturales hasta su actual reconocimiento como bienes jurídicos colectivos de vital importancia. Este análisis aborda las características principales de ciertos delitos bajo la perspectiva jurisprudencial y destaca los desafíos que representan para la legislación penal colombiana, especialmente en relación con la ampliación de la responsabilidad penal a través de tipos penales de peligro o de bien jurídico abstracto, tipos culposos y tipos penales en blanco. Finalmente, se proponen soluciones orientadas a mejorar la transparencia legislativa y la aplicación equitativa del derecho penal ambiental, sugiriendo un equilibrio entre la protección efectiva del medio ambiente y el respeto al ordenamiento legal vigente.

«El río fue cortado por la gran inundación del mundo y corre sobre rocas desde el sótano del tiempo. En algunas de las rocas hay gotas de lluvia eternas. Bajo las rocas están las palabras, y algunas de las palabras son de ellos». – Norman MacLean​

SUMARIO:

I. Introducción: 95.000 hectáreas de oro ilegal; II. De la patrimonialización a la protección de un bien jurídico fundamental; III. Abstractos, vacíos y culposos; IV. Entre la ambigüedad y la anticipación; V. Conclusiones; VI. Bibliografía.

I. Introducción: 95.000 hectáreas de oro ilegal

La crisis ambiental que atraviesa Colombia representa un problema crítico que requiere atención urgente y acciones decisivas. Según el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (SIIMA) de la Policía Nacional de Colombia, en el 2022 casi 95.000 hectáreas en Colombia sufrieron directamente los efectos de la extracción de oro de aluvión[2]. Este tipo de minería no solo degrada el medio ambiente, sino que también aumenta la contaminación de los ríos, suelos y ecosistemas, y afecta la salud, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. Además del daño causado por la minería ilícita, Colombia enfrenta otros desafíos ambientales significativos como, por ejemplo, la deforestación[3]. Estudios académicos han mostrado cómo la deforestación, la contaminación del aire en áreas urbanas y la degradación de fuentes de agua son problemas persistentes en el país[4].

Ante el panorama de los problemas medioambientales, el derecho penal ha venido ampliando su espectro de acción para proteger el medio ambiente, y ha marcado el nacimiento y la consolidación del derecho penal ambiental. Colombia no ha sido ajena a estas transformaciones y ha llevado a cabo una serie de reformas legales que han forjado un marco jurídico penal ambiental[5]. A su vez, el gobierno actual ha tomado la iniciativa de enfrentar estas cuestiones con una estrategia holística, introduciendo políticas penales específicas contra la minería ilegal. El objetivo de estas políticas es «garantizar la conservación de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad y el bienestar de todas las comunidades»[6]. A pesar de ello, el derecho penal ambiental ha enfrentado desafíos importantes.

Con el fin de discutir esta problemática, inicialmente, se examinará la evolución del derecho penal ambiental en el país, luego se analizarán algunas características de los delitos ambientales a la luz de una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia[7]. Posteriormente, se considerarán los problemas asociados a estas características, y, finalmente, tras un análisis crítico de estas problemáticas, en las conclusiones se enunciarán algunas propuestas que buscan armonizar la efectiva protección ambiental con la seguridad jurídica y el respeto al ordenamiento legal vigente.

II. De la patrimonialización a la protección de un bien jurídico fundamental

El derecho penal ambiental colombiano ha sufrido una notable evolución en las últimas décadas, influenciado por una oleada de movimientos sociales y culturales, incluyendo el ambientalismo y el ecologismo, que han cobrado relevancia global[8]. Esta transformación no solo responde a una conciencia ecológica en ascenso, sino también a un interés creciente por ampliar la protección de los derechos dentro de las nuevas tendencias del derecho constitucional comparado[9]. Esta expansión ha llevado a que el medio ambiente tome la forma, en palabras de la Corte Constitucional, de «“Un bien jurídico colectivo” de importancia cada vez mayor»[10].

La protección jurídica del medio ambiente y de los recursos naturales en Colombia ha experimentado diversas etapas. En una etapa temprana, los daños al medio ambiente se subsumían bajo los delitos contra el orden socioeconómico. En esta fase, los recursos naturales se consideraban más como parte del patrimonio nacional que como bienes jurídicos protegidos de manera autónoma[11]. En este sentido, los delitos ambientales se encontraban en el capítulo segundo del Título VII del Código Penal de 1980[12]: «Delitos contra el Orden Económico y Social», con el nombre de «Delitos contra los recursos naturales».

La segunda etapa está marcada por la promulgación de la Ley 491 de 1999, donde se añadió al Código Penal de 1980 un nuevo título VII Bis titulado «De los Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente», título que se mantiene en la Ley 599 de 2000, del Código Penal actual. Este último incorporó las normativas preexistentes y estableció nuevos delitos, como el de omisión de información sobre plagas o enfermedades, además de introducir la modalidad culposa y circunstancias agravantes y atenuantes para ciertos delitos ambientales[13]. En esta medida, se marcó una evolución importante en el reconocimiento autónomo de la protección del medio ambiente, en consonancia con los principios establecidos en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia constitucional del momento. En palabras de la Sentencia C-059 de 1994:

Consecuente con estos ideales, el Constituyente de 1991 plasmó en la nueva Constitución Política un amplio catálogo de normas tendientes a la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del país, lo cual ha merecido que se pueda hablar de una “Carta Ecológica”. En efecto, a lo largo de su normatividad se consagran diferentes normas encaminadas a definir la responsabilidad estatal y comunitaria en materia de protección y conservación de un ambiente sano. Para esta Corporación, los lineamientos del tratado internacional sub-examine se ajustan cabalmente al espíritu de la Carta Política, como que, en particular, desarrollan las prescripciones relativas al deber del Estado y de cada uno de los ciudadanos de velar por un ambiente sano, contenidas a lo largo de toda la normatividad superior[14]. [Cursivas añadidas].

Aunque se realizaron algunos avances jurisprudenciales, el cambio más significativo en la legislación ambiental colombiana se produjo con la promulgación de la Ley 2111 de 2021, también conocida como la «Ley de Delitos Ambientales». Esta ley reformó de manera sustancial el marco normativo existente sobre crímenes contra el medio ambiente y los recursos naturales, que estaba previamente establecido en la Ley 599 de 2000, y efectuó modificaciones pertinentes en la Ley 906 de 2004.

La Ley 2111 amplió y redefinió la categoría de los delitos ambientales, incrementó las penas y las multas para los delitos ya reconocidos y añadió nuevos tipos penales. Específicamente, esta legislación sustituyó en su totalidad el Título XI del Código Penal e incorporó delitos adicionales tales como la deforestación, la promoción y financiación de la deforestación, el ecocidio, el tráfico ilegal de fauna, la ocupación no autorizada de baldíos nacionales, su financiación y la invasión de áreas de importancia ecológica. En su exposición de motivos, la Ley expresa:

A pesar de este gran avance, el código penal se ha quedado corto para prevenir y sancionar el comportamiento de aquellos que atentan contra el ambiente y los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Por lo cual, es pertinente primero: actualizar los tipos penales vigentes con las dinámicas actuales de explotación, contaminación y destrucción de los recursos y la biodiversidad del país, y segundo: crear nuevos tipos penales que aborden y den alcance a una nueva política criminal en favor de la protección y conservación del ambiente[15].

En este sentido, la reforma no solo buscaba la persecución más eficaz de delitos ambientales, sino que pretendía, asimismo, estar en consonancia con la salvaguarda del medio ambiente contra las dinámicas emergentes de criminalidad, como la creciente explotación minera ilícita. En efecto, su objetivo esencial era adaptar la legislación penal a una nueva realidad en lo que respecta a los delitos ambientales, lo que demuestra un compromiso con las exigencias contemporáneas de protección ecológica.

La evolución del derecho penal ambiental en Colombia revela un proceso progresivo de reconocimiento y protección del medio ambiente, desde su inclusión inicial en el marco de protección del orden socioeconómico hasta su actual consolidación como un bien jurídico colectivo y autónomo de creciente importancia. Así, la legislación ha pasado de una visión patrimonialista a una claramente protectora, lo que refleja un cambio significativo en la política criminal que busca no solo castigar, sino también prevenir los daños al medio ambiente.

III. Abstractos, vacíos y culposos

Habiendo presentado la evolución del derecho penal ambiental en Colombia, resulta importante discutir algunas de las características de los tipos penales ambientales. Para ello se hará referencia a una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia. En sentencia del 1 de noviembre de 2023, la Sala de Casación Penal resolvió un recurso de casación en contra de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia[16]. La sentencia trata sobre hechos del 28 de enero de 2014, en los que autoridades ambientales y policiales realizaron un allanamiento en El Bagre, Antioquia, y hallaron una draga de succión usada para extraer oro aluvial ilegalmente. En su decisión, la Corte confirmó parcialmente la sentencia, pero reformuló la base de la condena. En lugar de ser por contaminación ambiental, calificó la conducta como explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Esta determinación se fundamentó en una revisión detallada de los elementos estructurales del tipo de contaminación ambiental y de los tipos penales ambientales en general. La Corte puso especial énfasis en tres aspectos clave de estos delitos: 1) son delitos de peligro abstracto, 2) la posibilidad de clasificarlos como delitos culposos y 3) su caracterización como tipos penales en blanco. La decisión de la Corte es una de las múltiples oportunidades que nos da la jurisprudencia penal reciente[17] para discutir las características de los delitos ambientales en Colombia.

¿Qué protegemos con el derecho penal ambiental? Delitos de peligro o de bien jurídico abstracto 

Antes de proceder con la clasificación de los delitos en el ámbito penal ambiental es esencial interrogarnos acerca del bien jurídico protegido: ¿cuál es la naturaleza del bien jurídico medio ambiente?

En la citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia se realizó un análisis exhaustivo sobre la naturaleza del delito de explotación ilícita de yacimientos. En el marco de este análisis, la Corte se detiene en la caracterización de estos delitos como de peligro abstracto.

Con referencia a la jurisprudencia constitucional, particularmente la Sentencia C–259, se afirma: «Pero quizás el punto más relevante del tipo, es que en relación con su contenido, constituye un delito de peligro abstracto, por virtud del cual no se requiere de un daño o menoscabo efectivo sobre el medio ambiente»[18].. La posición de la Corte es compartida por autores como Hefendehl, para quien los delitos ambientales se centran en la presunción de riesgo, más que en la manifestación de un daño real: «En este caso, ateniéndose a la tríada estructural del delito; delito de lesión, delito de peligro concreto, delito de peligro abstracto, se considera solamente un delito de peligro abstracto, que no requiere la materialización del daño, sino que se basa en conductas que por su naturaleza son consideradas peligrosas para el medio ambiente»[19].

La concepción adoptada por la Corte y por autores como Hefendehl, que contemplan el medio ambiente como un bien jurídico concreto y mensurable —tal como un ecosistema específico o una porción determinada de un bosque o un río—, lleva a una alineación con los tipos penales de peligro abstracto. Un derecho se anticipa a los riesgos y actúa antes de que se cristalice un perjuicio real y medible en contra del medio ambiente[20]. No obstante, surge una problemática en la claridad de la identificación del bien jurídico protegido: ¿es el río en sí el ecosistema completo o es un componente particular de este? Al tipificar los delitos como de peligro abstracto, se podría estar perfilando un bien jurídico que, aunque material, se presenta con una notable ambigüedad. Es crucial, por tanto, precisar y delimitar con mayor exactitud el bien jurídico ambiental afectado para evitar interpretaciones que diluyen la protección efectiva y específica que el derecho penal ambiental pretende garantizar.

Contrario a la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia y por algunos autores, si nos detenemos en el bien jurídico protegido parece que la naturaleza de los delitos ambientales no debe ser simplificada bajo la categoría de delitos de peligro abstracto. Esta clasificación, que no requiere de un perjuicio efectivo al bien jurídico protegido, resulta inadecuada cuando se trata de bienes jurídicos complejos y difusos como el medio ambiente. La categorización de ciertos delitos ambientales como tipos de lesión encuentra su justificación en la lesión a la normativa que tutela al medio ambiente. Aunque el bien jurídico —el medio ambiente— puede parecer difuso y no delimitado con precisión, lo que en realidad se lesiona son las normas jurídicas diseñadas para su salvaguarda. Estas normas representan un conjunto de valores y expectativas sociales respecto a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales[21]. Cuando se infringen, se produce en abstracto una lesión a la colectividad, ya que se vulneran los principios y las directrices que la comunidad ha establecido para proteger el medio ambiente.

En este sentido, aunque el daño no se manifieste de manera inmediata o directa en un elemento concreto del medio ambiente, como un río o una especie específica, la transgresión de las regulaciones ambientales en sí constituye una lesión. Este tipo de lesión en abstracto afecta al bienestar colectivo y al interés público, pues se atenta contra el ordenamiento jurídico que busca preservar la calidad de vida y la salud ambiental para las generaciones presentes y futuras.

La modalidad culposa en los delitos ambientales 

La sentencia de la Corte Suprema que venimos discutiendo también se centró en un punto crítico: la posible imputación culposa en delitos ambientales, específicamente en casos de contaminación ambiental, que son admisibles según el artículo 333 del Código Penal[22] y del delito de explotación ilícita de yacimiento minero, que no permite tal imputación culposa. Fue a partir de este debate que la Corte identificó una variación en la calificación jurídica que contravenía el principio de congruencia, y señaló: «la acusación se efectuó por el mismo delito, pero irreflexivamente se atribuyó en su modalidad culposa. En virtud de que el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales no admite la modalidad culposa —ni en la legislación vigente para la época de los hechos, ni en la actual— es necesario variar la calificación jurídica». Por tanto, la Corte decidió modificar parcialmente el fallo apelado y, como resultado, restaurar la sentencia de primer grado que absolvió a varios de los acusados del delito de contaminación ambiental culposa agravada.

Desde la perspectiva teórica del delito, los delitos ambientales no necesariamente requieren para su configuración la intención explícita de causar ciertos daños tangibles o calculables a estructuras ecológicas o ecosistemas. Por el contrario, la doctrina sugiere que en los delitos ambientales se evalúa la capacidad de prever los daños potenciales que las acciones del agente pueden provocar, más allá de una intención directa de dañar el medio ambiente[23]. Esta comprensión ha dado lugar a la figura de los delitos ambientales culposos.

Delitos ambientales como tipos penales en blanco

Finalmente, para analizar la relación entre el delito de explotación ilegal y la inexistencia de un título minero en la sentencia de noviembre de 2023, también se enfatiza la caracterización de la minería ilegal como un tipo penal en blanco. Este tipo integra regulaciones extrapenales, particularmente normativas ambientales, para su definición y aplicación. La Corte destaca: «[Se] permite catalogar el transcrito [como un tipo en blanco] en la medida en que su contenido integra reglas jurídicas extrapenales, específicamente las de carácter ambiental (leyes, decretos y resoluciones, entre otras)»[24]. Los tipos penales en blanco, cuyo supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal, se han expandido en la legislación colombiana[25].

Estas normas necesariamente remiten a otras regulaciones para completar su alcance y sentido. La Corte Constitucional ha sido clara al diferenciar a qué normas se pueden hacer remisiones: «Las disposiciones extrapenales del ordenamiento jurídico a las cuales es viable efectuar remisión, pueden ser: (i) de rango legal, en cuyo caso la remisión es propia, o (ii) infralegal, conocida como remisión impropia».

El derecho penal colombiano incorpora estas remisiones en los tipos penales que sanciona. El artículo 332 del Código Penal, que tipifica la explotación ilícita de yacimientos mineros, ilustra esta complejidad al recurrir a una remisión normativa, tanto legal como reglamentaria, que se refiere a la amplia gama de normas y actos administrativos que pueden emitir las entidades estatales: «El que, sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, explote, explore o extraiga yacimientos mineros…»[26]. Esta multiplicidad y amplitud de remisiones, características del derecho penal ambiental, se deben, según palabras de la Corte, «al carácter difuso y multinivel de la normatividad existente en materia ambiental»[27], lo que evidencia la necesidad de interpretar y aplicar cuidadosamente dichas normas para asegurar una protección efectiva y coherente del medio ambiente dentro del marco jurídico colombiano.

IV. Entre la ambigüedad y la anticipación

El derecho penal ambiental en Colombia, aunque firme en su intención de salvaguardar los bienes jurídicos ambientales, presenta ciertas características que complican su aplicación y dan origen a peligrosas ambigüedades que conducen a la incertidumbre y a dificultades prácticas. Fundamentalmente, estas críticas se centran en dos aspectos principales: la ampliación progresiva de la responsabilidad y la administrativización del derecho penal.

La peligrosa expansión a través de lo abstracto y la modalidad culposa

La creación de tipos penales abstractos y ambiguos, como el medio ambiente, que lleva a algunos a llamar estos delitos de peligro abstracto,  responde a la necesidad de una acción preventiva antes de que se concrete el daño. Aunque la anticipación de la protección penal o la creación de esta de bienes jurídicos abstractos, como también ocurre con la salud pública[28], suscita debates sobre la posible vulneración del principio de legalidad, estos dilemas ya han sido extensamente discutidos en el ámbito penal[29]. Esta categorización de los delitos ambientales ha desencadenado problemas menos explorados, como la acumulación de responsabilidades. Es decir, se criminalizan actos que individualmente podrían no considerarse lesivos para elementos que componen el medio ambiente, como un río o un ecosistema, pero que vulneran el bien jurídico abstracto «medio ambiente»[30].

Esta realidad conlleva significativas complicaciones. Por un lado, genera una tensión con el principio de lesividad, que sostiene que solo se deben castigar conductas que resultan en un daño real o un riesgo concreto para bienes jurídicos[31]. La acumulación de responsabilidades se convierte en un fenómeno inherente a los delitos de peligro abstracto, ya que se sancionan actos individuales que, en su sumatoria, podrían ser destructivos. En palabras de Gómez Vélez: «La forma de daño acumulativo implica la criminalización de acciones que individualmente consideradas no generan daño, pero se aduce que si estas conductas se repitieran frecuentemente y fueran llevadas a cabo por la generalidad de las personas sí se lesionaba el bien jurídico, así que se incluyen para garantizar su protección»[32].

La aplicación de esta modalidad delictiva, además, enfrenta el peligro de la «administrativización»[33] del derecho penal, donde se imponen sanciones penales por infracciones que serían mejor manejadas en el ámbito administrativo[34]. En esta medida, plantea un riesgo de sobrecriminalizar las conductas y desdibujar los límites entre las sanciones administrativas y las penales. Esto puede derivar en una extensión inadecuada de la responsabilidad penal, y apartarse de los principios de individualización de la pena y de la necesaria conexión entre la conducta y el resultado dañoso o peligroso. Asimismo, la falta de concreción de un peligro real y la penalización de acciones individuales como si fueran colectivamente dañinas revelan una incongruencia con la responsabilidad penal individual, fundamentada en la libertad y en la capacidad de los sujetos de causar un resultado jurídicamente relevante.

La expansión de la regulación está relacionada con otros problemas ampliamente discutidos en la doctrina[35] y  son especialmente relevantes en contextos como el colombiano, donde no se aplica la responsabilidad penal a las personas jurídicas. En estas situaciones, la responsabilidad recae frecuentemente sobre los individuos —usualmente los representantes legales—, cuando el delito está diseñado para sancionar comportamientos estructurales realizados por actividades reiteradas y complejas. Un hecho que desvirtúa el propósito de las normas ambientales que buscan castigar conductas estructurales que generan daños al medio ambiente, al enfocar la penalización en acciones individuales.

Al combinar este escenario con la creciente tendencia de clasificar delitos ambientales como de peligro abstracto —que recaen en la acumulación—, y como delitos con modalidad culposa, se revela un conflicto con el concepto de responsabilidad individual. Los delitos ambientales, por su naturaleza, suelen ser el resultado de acciones colectivas, y su enfoque preventivo se alinea más estrechamente con la operación de entidades empresariales que con individuos aislados. La legislación ambiental, por tanto, parece estar en una encrucijada. Este desajuste normativo pide una revisión crítica del marco legal para abarcar adecuadamente la magnitud de la responsabilidad ambiental en el ámbito corporativo. 

La administrativización infinita de los tipos penales ambientales en blanco

La complejidad técnica de los daños medioambientales y la necesidad de proteger el ecosistema hacen que este método legislativo de los tipos penales en blanco sea cada vez más común. Si bien, como se dijo antes, esta práctica permite incorporar estándares técnicos y científicos que están en constante evolución y que son esenciales para evaluar adecuadamente las conductas dañinas al medio ambiente, también implica un desafío significativo, ya que la determinación de lo que constituye un delito ambiental puede depender de regulaciones que no siempre están al alcance de la comprensión de jueces, abogados y procesados, lo que exige un esfuerzo adicional para garantizar que la legislación ambiental sea clara, accesible y justamente aplicable. Carlos Alberto Jiménez Cabarcas ilustra esta tensión al señalar que el derecho penal moderno, a través de delitos penales en blanco que remiten a normatividades complejas, ha tendido a «relativizar las garantías penales, encaminadas a imponer sanciones a comportamientos que de cualquier forma, en abstracto o en concreto, amenacen bienes jurídicos colectivos»[36].

Más allá de las discusiones que ya ha tenido el derecho penal sobre el tema[37], las normas penales en blanco en el caso de los delitos ambientales nos han traído dinámicas menos exploradas, como el ya mencionado fenómeno de la administrativización del derecho penal. El término «administrativización»[38], acuñado por Massimo Donini para referirse a los delitos económicos y ambientales en el contexto penal, conlleva que las figuras delictivas en este ámbito empiezan a reflejar cada vez más las formas de intervención propias de la administración pública. Este fenómeno implica un distanciamiento de los principios fundamentales del derecho penal, y particularmente una intervención de este derecho que podría ser contraria al principio de legalidad. Esto ocurre especialmente cuando el juez interpreta y rellena los vacíos de la ley penal en blanco por primera vez a partir de regulaciones novedosas o cambiantes, tal como lo explica Donini:

Este patrón, como paradigma, no es novedoso sino que forma parte de una práctica ya establecida. Sin embargo, lo que realmente resalta sobre el proceso de trasladar prácticas del derecho administrativo al penal es el acto de juzgar de manera preventiva ciertas acciones que, desde una perspectiva legal, se convierten en ilícitas por primera vez en el dominio penal. Esta progresión hacia la penalización preventiva de actos que antes no eran considerados como delitos representa un cambio significativo y pone de manifiesto una evolución en la aplicación del derecho penal, donde se busca adelantarse a la comisión del daño en lugar de simplemente reaccionar ante él[39].

Donini destaca un punto crítico en este enfoque: la anticipación punitiva que redefine la naturaleza reactiva del derecho penal. Al penalizar conductas que no estaban previamente tipificadas como delitos, se genera un campo de incertidumbre legal que desafía la predictibilidad y la seguridad jurídica, que son esenciales en el derecho penal. Además, la complejidad de esta dinámica se intensifica ante el panorama de normativas legales y administrativas que, en el caso de la regulación ambiental, son especialmente volátiles. Las disposiciones penales no son inmunes a esta fluctuación y pueden sufrir modificaciones frecuentes, a veces diarias, en respuesta a la evolución constante de los estándares ambientales y científicos. Este entorno de cambio constante presenta un desafío significativo para mantener la coherencia y la claridad dentro del sistema jurídico, ya que los operadores del derecho deben adaptarse continuamente a un marco normativo que evoluciona con rapidez.

Autores como De la Mata Barranco defienden la administrativización del derecho penal ambiental. De la Mata, no obstante, aclara que la dependencia técnica del ordenamiento administrativo es fundamental, aunque no se debe permitir una penalización excesiva de todo el derecho administrativo[40]. Plantea, además, que la ley penal debe establecer criterios selectivos para decidir qué comportamientos contrarios al derecho administrativo merecen ser penalizados[41].

V. Conclusiones

El derecho penal ambiental ocupa un rol indiscutible en Colombia. La normativa en esta materia, junto con sus interpretaciones, ha evolucionado de manera significativa en su misión de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Este esfuerzo cobra especial relevancia en un país que enfrenta una crisis ambiental notable, ligada principalmente a la minería ilegal y a la deforestación, fenómenos comúnmente asociados con estructuras armadas ilegales. No obstante, es evidente que se presentan desafíos críticos que deben abordarse para garantizar una aplicación justa y efectiva del derecho penal ambiental.

Un reto importante es la extensión de la responsabilidad penal mediante la conceptualización del bien jurídico protegido y la introducción de delitos culposos. Esta extensión genera dilemas en torno a la alineación con el principio de lesividad y la personalización de las sanciones, debido a que frecuentemente se penalizan conductas individuales que aisladas podrían no ser consideradas nocivas. La incorporación de delitos ambientales culposos también es indicativa de un movimiento más amplio hacia la responsabilización de personas jurídicas y empresas por actos negligentes que dañan el medio ambiente. En Colombia, cuando estas infracciones son cometidas en el ejercicio de actividades empresariales, la responsabilidad recae en sus representantes legales. Esta nueva dinámica subraya el compromiso del derecho penal con la exigencia de un nivel superior de diligencia y supervisión corporativa, estableciendo como piedra angular la responsabilidad penal de las empresas basada en su habilidad para implementar efectivamente estas medidas de vigilancia y prevención[42].

Otro desafío es la creciente dependencia de los tipos penales en blanco, que se apoyan en normativas técnicas y científicas en constante cambio. Este fenómeno puede derivar en una administrativización del derecho penal que sanciona preventivamente conductas previamente no delictivas. La legislación debe mantenerse clara y accesible, y garantizar que la seguridad jurídica no se vea comprometida por la adaptabilidad a las dinámicas regulaciones ambientales.

Para concluir, como propuesta de mejora al panorama del derecho penal ambiental en Colombia, es relevante plantear una solución que aborde las ineficiencias actuales. Un posible enfoque consiste en limitar la creación indiscriminada de tipos penales en blanco, y establecer criterios selectivos y definidos que determinen cuáles conductas constituyen una transgresión penal significativa. Es decir, precisar qué violaciones de normas específicas y de qué jerarquía conllevan consecuencias penales. El objetivo es evitar la criminalización excesiva de acciones que podrían ser reguladas de manera más adecuada dentro del ámbito del derecho administrativo.

Al promover una legislación más precisa y clara, se busca que tanto la interpretación como la aplicación del derecho penal ambiental sean más justas, exactas y eficientes, esto es fundamental para fortalecer la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente en Colombia. 

VI. Bibliografía

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Jurisprudencia colombiana y citación legal

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Ley 906/2004. 1 de septiembre de 2004.

Ley 599/2000. 24 de julio del 2000.

[1] Abogado e historiador de la Universidad de los Andes. Asistente de Investigación en la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Correo de contacto: n.dupont@uniandes.edu.co.

[2] Carol Salazar, «Aumentó la minería ilegal en Colombia: el 73% de la explotación de oro de aluvión es ilícita», Infobae, 21 de noviembre de 2023, https://www.infobae.com/colombia/2023/11/22/aumento-la-mineria-ilegal-en-colombia-el-73-de-la-explotacion-de-oro-de-alivion-es-ilicita/.

[3] Ibidem.

[4] «Monitoreo y seguimiento al fenómeno de la deforestación en Colombia», Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques. Proyecto Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Bogotá, D. C., Colombia, 2023, http://www.ideam.gov.co/web/bosques/deforestacion-colombia.

[5] L. 2111 de 2021. (29 de junio, 2021). «Por medio de la cual se sustituye el título XI “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” del Código Penal y se modifica el Código de Procedimiento Penal».

[6] Consejo Superior de Política Criminal. Estudio del Consejo Superior de Política Criminal a la Propuesta sin radicar del Proyecto de Ley «Por medio de la cual se establecen disposiciones para la lucha contra la minería ilegal y se dictan otras discusiones», 2023.

[7] CSJ, Cas. Penal, SP 441-2023, nov. 01/2023, Rad. 61744. M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

[8] Carlos Alberto Jiménez Cabarcas, «La protección del medio ambiente a través de los delitos acumulativos en el derecho penal colombiano», Derecho Penal y Criminología 38 (2017), 203.

[9] Deyanira Gómez Salazar, «Normativa constitucional ambiental comparada de varios países sudamericanos»,», Letras Verdes: Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales 1 (2008): 11-12.

[10] C. Const., Sent. C-599, aug. 03/1999, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

[11] Martha Isabel Gómez Vélez, «Aproximación al derecho penal ambiental: ideas para su abolición», Estudios de Derecho 72, n.o 160 (2015): 312.

[12] D. 100/1980: «Por el cual se expide el Nuevo Código Penal».

[13] Gómez Vélez, «Aproximación al derecho penal…», 312.

[14] C. Const., Sent. C-059, feb. 17/1994, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[15] «Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley Número 283 de 2019 Cámara», Congreso de la República,   13 de abril de 2020,  Gaceta n.o 1083 de 2019.

[16] CSJ, Cas. Penal, SP 441-2023, nov. 01/2023, rad. 61744. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

[17] Ver: CSJ, Cas. Penal, SP 5664-2022, nov. 01/2023, rad. 51380. M. P. Patricia Salazar Cuéllar; CSJ, Cas. Penal, SP 7436-2016, jun. 01/2016, rad. 47504, M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández, entre otras decisiones.

[18] CSJ, Cas. Penal, SP 441-2023, nov. 01/2023, rad. 61744, M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

[19] Roland Hefendehl, «Derecho penal medioambiental: ¿por qué o cómo?», Estudios Públicos, n.o 110 (2008): 165-192.

[20] Gómez Vélez, «Aproximación al derecho penal…», 318.

[21] Samuel Rodríguez Ferrández, «¿Ha de cumplir el bien jurídico protegido una función de garantía o legitimadora del derecho penal?: Hacia una búsqueda de la legitimidad material de las normas penales», Revista de Derecho y Ciencias Penales: Ciencias Sociales y Políticas 23 (2017): 72.

[22] Art. 339. Modalidad culposa: «Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se reducirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente».

[23] Gómez Vélez, «Aproximación al derecho penal…», 322.

[24] CSJ, Cas. Penal, SP 441-2023, nov. 01/2023, rad. 61744. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

[25] Ibídem.

[26] L. 599/2000.

[27] CSJ, SP 441-2023, rad. 61744.

[28] Rodríguez Ferrández, «¿Ha de cumplir el…», 72.

[29] Winfried Hassemer y Francisco Muñoz Grande, La responsabilidad por el producto en el Derecho Penal (España: Tirant lo Blanch, 1995), 26.

[30] Gómez Vélez, «Aproximación al derecho penal…», 319.

[31] Susana Soto Navarro, La protección penal de los bienes jurídicos colectivos en la sociedad moderna (Granada: Comares, 2003), 177.

[32] Gómez Vélez, «Aproximación al derecho penal…», 322.

[33] Massimo Donini, «¿Una nueva edad media penal? Lo viejo y lo nuevo en la expansión del Derecho Penal económico», en Temas de Derecho Penal Económico, coords. María Acale Sánchez y Juan María Terradillos Basoco (España:Trotta, 2004), 197-217.

[34] Ibidem.

[35] Eduardo Herrera Valverde, «La responsabilidad penal del empresario a título de culpa en aquellas conductas en las que no interviene directamente». Derecho & Sociedad 28 (2007): 285-289.

[36] Jiménez Cabarcas, «La protección del medio…», 203-242.

[37] Ibidem.

[38] Donini, «Una nueva edad media…»,197-217.

[39] Ibidem, 212.

[40] Norberto Javier De la Mata, «Derecho Comunitario y Derecho Estatal en la Tutela Penal del Ambiente», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología RECPC, n.o 02 (2000): 22.

[41] Ibidem.

[42] Víctor Gómez Martín, «Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre la transferencia y transformación de los deberes (de vigilancia) en derecho penal económico», Derecho PUCP 85 (2020): 115-138.