Hacia la desvinculación temprana de bienes en extinción de dominio

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Mauricio Pava Lugo[1]

Elías Mauricio Monroy Mora[2]

Dada la ausencia de medidas para depurar asuntos de terceros y afectados, que detenten situaciones de derecho consolidadas, o ajenas al debate principal, estos deben permanecer vinculados hasta la culminación del proceso con sentencia ejecutoriada. Lo dicho, incide negativamente en la eficiencia del proceso de extinción de dominio, y afecta garantías fundamentales.

Por ello, a partir de la cláusula de remisión, prevista en la Ley 1708 de 2014, proponemos alternativas jurídicas para incorporar salidas alternas con la aplicación de normas complementarias. Esto facilitaría la solución de controversias y garantizaría la justicia material en un plazo razonable.

Sumario:

I. Introducción II. Esquema procesal de la extinción de dominio III. Alternativas por vía de remisión IV. Conclusiones V. Bibliografía 

I. Introducción

La acción de extinción de dominio (AED) es una manifestación del poder punitivo del Estado que, en términos de la Corte Constitucional, pretende “trazar una clara, visible y decidida frontera moral y jurídica”[3], persiguiendo capitales y recursos monetarios mal habidos. Por lo general, se trata de recursos fruto de la corrupción y del narcotráfico, entre otros comportamientos, que degradan los preceptos comportamentales, previstos en la carta política de 1991[4].

El carácter de la AED fue delimitado por el Artículo 17 de la Ley 1708 de 2014, disposición que señala que su naturaleza es “constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter patrimonial y de contenido patrimonial”[5]. A renglón seguido, el artículo señala que “procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido”[6]. Dentro de las características que le confiere este estatuto normativo al procedimiento, advierte que es un proceso intemporal[7], autónomo e independiente[8], en el que debe primar el respeto por la dignidad humana[9] y la eficacia de la administración de justicia[10], incorporando deberes de celeridad[11], eficiencia[12] y lealtad[13]. Además, el Artículo 26 de la Ley 1708 de 2014 incorporó la cláusula de remisión[14], disposición que indica que, en circunstancias no previstas, se hará uso de otras normas, específicamente, en los siguientes escenarios:

– Fase inicial:

a. Ley 600 de 2000, respecto al procedimiento, el control de legalidad, el régimen probatorio y las facultades correccionales de los funcionarios judiciales[15]

b. Ley 906 de 2004, respecto a las técnicas de indagación e investigación y los actos especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos, entregas vigiladas, operaciones encubiertas, entre otras[16]

– Medidas cautelares: Se aplicará el Código General del Proceso[17].
– Actividades ilícitas: Se aplicará el Código Penal[18].
– Derechos de las personas, bienes, obligaciones y contratos civiles: Se aplicará el Código Civil[19].
– Bienes, obligaciones y contratos mercantiles: Se aplicará el Código de Comercio[20].

En todo caso, si se contrastan los principios y características de la AED con las cifras materiales del proceso, se advierten deficiencias de funcionamiento. De hecho, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia SU-394 de 2016, exhortó a las autoridades “para que diseñen y ejecuten un plan de acción que permita evacuar con observancia del principio de celeridad los procesos de extinción de dominio”[21].

En relación con lo anterior, ASOBANCARIA expresó que, en promedio, un proceso puede durar 10 años[22].  Esta cifra debe leerse en contexto, puesto que, en el 2020, había aproximadamente 60.000 activos sometidos a la AED, cuyo costo de administración para el Estado oscila entre 80.000 a 100.000 millones de pesos anuales[23]. Ahora bien, según las cifras más recientes dadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para 2019, se reportó en extinción de dominio un inventario de 1505 procesos judiciales, un ingreso de 556 procesos y una cifra de 399 egresos, lo que supone un índice de evacuación de 0,71. Esta cifra se ubica por debajo del índice general de evacuación de procesos judiciales, que es de 0,87[24].

En síntesis, los retrasos en la administración de justicia y la ausencia de formas de desvinculación temprana repercuten negativamente en los derechos de los terceros de buena fe exentos de culpa. Aunado a lo anterior, existen recientes manifestaciones por parte del ente acusador[25] que generan preocupación sobre la legitimidad del ejercicio de la AED y la necesidad de establecer límites adecuados para la protección de garantías. Dicho esto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿convendría implementar mecanismos de terminación anticipada y de depuración de controversias? Nosotros consideramos que sí.

Inclusive, una aplicación hermenéutica del régimen de fuentes de remisión podría ser una solución, ya que en estos instrumentos normativos existen salidas alternas o mecanismos para depuración de controversias, cuya aplicación podría mejorar los indicadores de la AED y procurar justicia material.  Por ello, con el propósito de presentar una propuesta, a continuación, se expondrá el esquema procesal de la AED y luego se ahondará en estrategias interpretativas coherentes con la estructura señalada.

II. Esquema procesal de la AED

En la práctica, “la intensidad de la persecución por extinción de dominio llevó a las autoridades a cuestionar y realmente a expropiar bienes a terceros, si estos no realizaban investigaciones detalladas y pormenorizadas”[26]. A pesar de que esta circunstancia es contradictoria con los principios rectores de la AED, las personas se ven obligadas a participar en tediosos y extensos procesos judiciales[27], existiendo —a la fecha de hoy— un riesgo crítico que representa la AED en términos de tiempo y garantías, en general[28]. De hecho, la Corte Constitucional, en Sentencia C-357 de 2019, afirmó que “la legislación sobre la extinción de dominio ha sido un proceso de aprendizaje por parte del Congreso y del presidente. Cada codificación ha intentado subsanar los yerros de la anterior”[29].

Una vez establecido este panorama, se aclara que la AED está diseñada bajo un esquema procesal de predominancia escritural, lo que, en parte, explica la tardanza en la resolución del litigio en la instancia jurisdiccional respectiva. Este esquema, dividido en fase inicial y en fase de juzgamiento, no contempla formas de salida anticipada ni corrección de yerros por parte del titular de la AED. A continuación, analizaremos cada fase en detalle.

La fase inicial empieza con el reporte, denuncia o anónimo que es puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el Artículo 118 de la Ley 1708 de 2014, la fase inicial tiene 5 propósitos: i) identificar y localizar los bienes; ii) recaudar las pruebas de procedibilidad de la AED; iii) determinar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes; iv) establecer el nexo de relación entre los titulares de derechos sobre los bienes y las causales de extinción de dominio, y v) comprobar, bajo el estándar de inferencia razonable, la ausencia de buena fe exenta de culpa[30]. Dado que el titular de la AED es la Fiscalía General de la Nación (FGN)[31], a esta le son atribuibles como deberes cada uno de los propósitos de la fase inicial. Para ello, el ente acusador puede desplegar múltiples actividades de investigación, inclusive aquellas no previstas en la Ley 1708 de 2014, respetando, en todo momento, los derechos fundamentales[32].

En todo caso, la forma en que la FGN debe ejecutar la actividad de investigación debe estar mediada de imparcialidad, es decir, “debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren los presupuestos de la extinción de dominio como las que desvirtúen el cumplimiento de esos requisitos”[33]. Por lo tanto, la fase inicial puede culminar con la resolución de archivo o con la demanda de extinción de dominio[34]. La resolución de archivo procede bajo 7 circunstancias: i) cuando no se puedan identificar los bienes susceptibles de la AED; ii) si los bienes denunciados o identificados no encuadran en las causales de la AED; iii) por ausencia de nexo causal entre el titular del derecho con la causal de la AED; iv) en caso de que los bienes estén a nombre de terceros de buena fe exenta de culpa y si no existen bienes que puedan ser afectados por valor equivalente; v) por cualquier circunstancia que no permita establecer la pretensión de la AED; vi) cuando los bienes sean improductivos, estén deteriorados o la relación costo-beneficio de su administración resulte ineficiente ante el posible beneficio de la extinción del dominio, y vii) cuando el reporte es infundado o carece de credibilidad, por lo que amerita un rechazo de plano[35]. Conviene destacar que la resolución de archivo no hace tránsito a cosa juzgada. De hecho, el desarchivo es procedente en “cualquier momento que surjan nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar de manera fundada, razonada y coherente los argumentos fácticos, jurídicos o probatorios planteados en la resolución de archivo provisional”[36].

La segunda forma en que culmina la fase inicial es mediante la presentación de la demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento. La demanda es un acto de parte y, como tal, debe contener los siguientes requisitos: i) fundamentos de hecho y de derecho; ii) plena identificación de los bienes; iii) pruebas; iv) medidas cautelares, y v) notificaciones[37]. La fase de juicio inicia con el auto admisorio de la demanda de extinción de dominio, que luego da tránsito a la etapa de notificaciones. Una vez culmina esta última etapa, se surte traslado a los sujetos procesales e intervinientes para que puedan i) solicitar la declaratoria de incompetencia, ii) aportar pruebas, iii) solicitar la práctica de pruebas y iv) formular observaciones sobre la demanda de extinción de dominio.

Posteriormente, inicia la etapa de práctica de pruebas, alegatos de conclusión y sentencia[38]. Contra la sentencia procede el recurso de apelación; sin embargo, si la sentencia es absolutoria y no es apelada, escala, de forma automática, por grado jurisdiccional de consulta, para que la instancia superior resuelva[39].

Para finalizar, el proceso de la AED contempla dos eventos especiales:

a. Procedimiento abreviado por sentencia anticipada: En cualquier fase del proceso, antes del traslado de la demanda en fase de juicio, el afectado puede reconocer la existencia de la causal de extinción de dominio. Como beneficio, puede escoger alguna de las siguientes opciones: i) Conservar el derecho de propiedad sobre el bien, siempre y cuando su valor no supere el 3% del total de los bienes objeto de colaboración ni sea superior a 2.500 SMLMV u ii) obtener una retribución hasta del 5% del valor de los bienes objeto de colaboración, sin que supere los 2.500 SMLMV[40].

b. Declaratoria de improcedencia: Es un acto de parte que solicita la FGN que, en vez de presentar la demanda, requiere que el juez de conocimiento decrete la improcedibilidad de la AED[41].

Hasta el momento, se ha explicado cómo la FGN conduce la AED, que cuenta con amplias facultades de parte. Sin embargo, los afectados y terceros de buena fe exenta de culpa no cuentan con herramientas explícitas de defensa que les permitan proteger de manera eficaz sus derechos. De hecho, fue necesario que la Corte Constitucional, por vía jurisprudencial, tratase de limitar el arbitrio del ente acusador en la Sentencia C-327 de 2020[42].

Por lo expuesto, a continuación, abordaremos propuestas interpretativas que, por vía de remisión, podrían ofrecer soluciones para la desvinculación temprana de bienes que cuenten con situaciones de derecho consolidadas.

III. Alternativas por vía de remisión

Para empezar, “la posibilidad de incluir figuras de terminación anticipadas, salidas alternas y formas de desvinculación temprana de bienes y derechos patrimoniales, cuando exista carencia en la causa de la AED en fase de juicio”[43], es una forma de garantizar justicia material[44]. Esto se adapta a las características, principios y objetivos de la AED.

Esta posibilidad se encuentra armonizada con la garantía del debido proceso[45]. Esto se respalda por la Corte Constitucional que, en la Sentencia A040 de 2010, señaló que el contenido de la garantía del debido proceso está ligado al principio de legalidad, ya que se señalan las reglas de los procedimientos. A su vez, se debe permitir el ejercicio del derecho de defensa y contradicción[46]. Conviene aclarar que, en esta sentencia, la Corte señaló que la analogía es un mecanismo para proteger derechos y garantías, siempre y cuando “el uso de reglas procedimentales por analogía [conlleve a] la demostración de que un determinado régimen procedimental ha omitido una regulación, por lo cual se vulnera alguno de los aspectos del derecho al debido proceso”[47]. Lo anterior, marca la pauta para determinar la correcta aplicabilidad de las cláusulas de remisión.

Ahora bien, la interpretación por vía de analogía requiere de la satisfacción de tres presupuestos: “ausencia de norma exactamente aplicable al caso en cuestión; que el caso previsto por la norma sea similar o semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador; que exista la misma razón, motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto el precepto normativo”[48]. Estos presupuestos se contemplan en el Artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y el Artículo 230 de la Constitución de 1991[49]. Siguiendo este orden de ideas, el Artículo 26 de la Ley 1708 de 2014[50] contempla una cláusula explícita de remisión: el ejercicio analógico está supeditado a los límites previstos por esta norma.

A. Ausencia de norma exactamente aplicable al caso en cuestión

La Ley 1708 de 2014 no contempla formas de terminación anticipada del proceso. Tampoco prevé ninguno de los siguientes escenarios en los que no existe legitimidad en la causa por ausencia de causa probable:

      • Defecto de la gestión por parte del ente acusador
      • Inexistencia de las conductas ilícitas atribuida
      • Ausencia de tipicidad objetiva del comportamiento
      • Existencia de causas justificantes o exculpantes que excluyen, en todo o en parte, el presunto comportamiento contrario a derecho. Su alegación y pronunciamiento en instancia judicial opera en etapas iniciales o intermedias, previas al juicio ordinario que culmina con sentencia.

B. Si el caso previsto por la norma es similar o semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador

En la fase inicial, es aplicable la Ley 600 de 2000[51], norma que prevé, en el Artículo 39, la preclusión de la investigación y cesación del procedimiento[52]. Sumado a esto, la cláusula de remisión del numeral 3 del Artículo 26 de la Ley 1708 de 2014 permite aplicar normas del Código Penal[53] y otras complementarias. Una norma complementaria al Código Penal es la Ley 906 de 2004[54] que prevé lo siguiente: la preclusión por imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; la existencia de una causal que excluya la responsabilidad; inexistencia del hecho investigado; atipicidad del hecho investigado, y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado (arts. 332[55] y 562[56]  de la Ley 906 de 2004).

C. Si existe la misma razón, motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto el precepto normativo

La Corte Constitucional, en Sentencia T-589 de 2007, aseveró que los jueces tienen un deber de coherencia por las siguientes razones:

[…] el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; […] Los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.[57]

Si se guarda coherencia con el principio de seguridad jurídica y las nociones de justicia material, un caso con las mismas condiciones no puede ser tratado de forma distinta. Es decir, que, en eventos de inexistencia de nexo de relación o infracción típica, los mecanismos procesales de salidas alternas previstos en la Ley 600 de 2000 o en la Ley 906 de 2004 deberían ser aplicados en la Ley 1708 de 2014. De hecho, sería contrario a la lógica del sistema normativo que se pretendiese continuar un procedimiento para dar un tratamiento distinto a la terminación anticipada.

Lo anterior resulta coherente con el más reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, la cual, en Sentencia C-327 de 2020, planteó restricciones a las cargas de terceros en materia de extinción de dominio. Estas restricciones fueron estructuradas, de acuerdo con la misma lógica de las garantías inherentes a todo esquema punitivo, en especial, el ateniente al derecho penal. Por esto, la corporación afirma que en el tráfico jurídico no pueden establecerse cargas irrazonables a afectados y terceros de buena fe, aun cuando se pretendan subsanar las deficiencias del Estado, incapaz, en muchos casos, de determinar “la existencia de las actividades ilícitas ni la participación de dicho individuo en estas últimas”[58].

En todo caso, la procedibilidad de cualquiera de las causales de extinción de dominio detenta un límite sustancial, a saber: la buena fe exenta de culpa, categoría que se integra por componentes objetivos y subjetivos. El componente subjetivo obedece al desconocimiento de una causal extintiva de dominio, lo que involucra la ignorancia de una actividad ilícita, así como el nexo con un derecho patrimonial ilegítimo. Además, comprende la convicción de haber actuado con debida diligencia y cuidado, acatando las reglas de la lealtad y la honestidad, sin tener la intención de causar un daño o lesión a un bien jurídico ajeno[59]. El componente objetivo hace referencia a la constatación de que efectivamente se desplegaron las actividades de salvamento y la debida diligencia, por ejemplo, en el estudio de títulos y la verificación en listas restrictivas, entre otras herramientas a su alcance. En este caso, sería imposible determinar para el tercero, respecto del titular del derecho real, la existencia de actividades ilícitas que acrecentaran su patrimonio o la adquisición del derecho real de manera ilícita.

Si estos presupuestos concurren y el afectado o tercero se encuentra en capacidad demostrativa de acreditarlo, bien convendría permitir que se ejerciten las formas de terminación anticipadas descritas. De esta manera, los asuntos relacionados con garantías prendarias, hipotecarias, acreencias, porcentajes de participación sobre el derecho patrimonial o el bien sometido a la AED podrían ser depurados eficazmente. Esto permitiría al juzgador concentrarse en el asunto de mayor relevancia: el bien sobre el que exista una causa probable sólida de procedibilidad de la AED. Hasta el momento,

este tipo de debates no han sido escalados a instancias superiores, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional o el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Extinción de Dominio.

Es posible que la ausencia de salidas alternas y de pronunciamientos jurisprudenciales sobre esta materia sea fruto de la dinámica de interacción entre los factores de criminalidad. Estos últimos, según Silva, se pueden delimitar a los siguientes actores: i) víctimas, ii) agresores, iii) Estado y iv) opinión pública. Este autor concluye que “el Estado es receptivo frente a las presiones de la opinión pública, cuyo miedo o su tolerancia ante el delito pueden tener un impacto muy serio en la forma como se construye y es percibido en un caso específico[60].

Incluso, existen demandas contra Colombia en tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)[61] y casos trasladados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[62] por afectación de derechos convencionales a terceros de buena fe[63].

Por lo dicho, se debería permitir, bajo el panorama garantista iniciado por la Sentencia C-327 de 2020, plantear la incorporación las alternativas jurídicas mencionadas, que, en el litigio, por vía de analogía, son asimilables —a nuestro juicio— a las dinámicas de la AED.

IV. Conclusiones

Al interpretar la cláusula de remisión prevista en el Artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, se vislumbran alternativas que se encuentran en la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004. Estas opciones pueden ser incorporadas, por analogía, para implementar salidas alternas o formas de terminación anticipadas.

Aplicar estas salidas alternas puede impactar positivamente en la protección de los derechos de terceros y afectados porque se permitiría que estos últimos dispongan de herramientas de contradicción expeditas, que podrían ser activadas como acto de parte y que serían dirimidas ante un juez imparcial. A su turno, con esto se lograría disminuir el tiempo de duración del proceso, lo que va de la mano con el manejo de plazos razonables en la administración de justicia.

Hasta el momento, no existen pronunciamientos legislativos ni jurisprudenciales sobre la materia, quizás por la fuerte represión que ha querido ejercer el Estado a través de la AED, lo que se desprende de las amplias facultades de la FGN en el esquema procesal de la AED. Sin embargo, es diciente que Colombia haya sido demandada en instancias internacionales por la forma en que ejerce la AED como potestad punitiva. En últimas, el fin no justifica los medios.

Al respecto, consideraciones jurisprudenciales —aún incipientes—, tales como las planteadas en la Sentencia C-327 de 2020, demuestran que, como manifestación del poder punitivo, la AED debe respetar las garantías comunes a cualquier expresión de esta potestad. Por ello, en términos de garantías, es relevante que, como operadores jurídicos, destinemos nuestra atención a las soluciones sustanciales y procesales para dotar de celeridad los procesos de extinción de dominio. También, es imperante traducir aquellos principios rectores que se encuentran contenidos en la Ley 1708 de 2014. Un primer paso, puede ser, en nuestro criterio, permitir la desvinculación temprana de bienes a través de salidas alternas o de formas de terminación anticipada, que puedan ser promovidas por afectados y terceros.

V. Bibliografía

ASOBANCARIA. ABC de la extinción de dominio. Ed. Babel. Bogotá D.C. 2018.

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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 600 de 2000 (24, julio, 2000). Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial, Julio, 2000. N. 44.097.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906 de 2004 (31, agosto, 2004). Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial. Septiembre, 2004. N. 45.658.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1708 de 2014 (20, enero, 2014). Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Diario Oficial. Enero, 2014. N.49.039.

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COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Auto A.232 (14, junio, 2001). M.P.: Jaime Araújo Rentería.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-1007. (18, noviembre, 2002). M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia SU-975 (23, octubre, 2003). M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Auto A-040 (19, febrero,2010). M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-543 (6, julio, 2011). M.P.: Humberto Sierra Porto.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia SU-394 (28, julio, 2016). M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-327. (19, agosto, 2020). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia T-589 (31, julio, 2007). M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA SEGUNDA. Sentencia T-429 (29, septiembre, 1994). M.P.: Antonio Barrera Carbonell.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-16/99. 1999. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf

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MONROY, Elías. C-327/20: Protección de terceros y desafíos hacia el futuro. En: Diálogos Punitivos. Boletín XVIII. 2021. Disponible en: https://dialogospunitivos.com/wp-content/uploads/2021/02/Columna-de-actualidad-18.pdf

PAVA, Mauricio. Proceso de extinción de dominio: La corte constitucional le pone fin a la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. En: PARRA, Jairo. Derecho procesal #nuevastendencias. ICDP. Bogotá D.C. 2020.

Revista Semana (2021). Vicky en Semana. Fiscal Francisco Barbosa: “Vamos a proceder a la extinción de dominio en caso de obstrucción a vías públicas”. Disponible en: https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/fiscal-francisco-barbosa-vamos-a-proceder-a-la-extincion-de-dominio-en-caso-de-obstruccion-a-vias-publicas/202118/

SILVA, Germán. Criminología. Construcciones sociales e innovaciones teóricas. Bogotá D.C. Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. 2011.

[1]Abogado de la Universidad de Caldas. Curso universitario superior en compliance de la Universidad de Barcelona y especialista en casación penal de la Universidad La Gran Colombia; conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano (2018-2021) y de la comisión de expertos de la Corporación Excelencia en la Justicia. Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal-Capítulo Caldas y asesor para iniciativas legislativas en materia penal del Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) y en la Cámara de Representantes para reformas al Código de Procedimiento Penal (2013- 2018). Profesor de la Universidad de los Andes (2019), la Universidad Externado de Colombia (2021) y director del boletín académico “Diálogos Punitivos”.

[2]Abogado de la firma MPa Derecho Punitivo & Riesgos Corporativos. Egresado de la Universidad Santo Tomás con profundización en derecho penal. Becario en pregrado. Reconocimiento de tesis meritoria por el trabajo de grado: Punibilidad de delitos financieros: crítica dogmática. Especialista en Pedagogía para la Educación Superior y candidato a magister en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Barcelona, España. Curso de Gestión de Riesgos Corporativos de la Universidad de los Andes. Curso de Transparencia, Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. Primer puesto en el concurso escrito (mejor ensayo), promovido por el Comité de Integridad de la Contraloría General de la República.

[3] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-374 (13, agosto, 1997). M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

[4] Ibid.

[5] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1708 de 2014 (20, enero, 2014). Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Diario Oficial. Enero, 2014. N.49.039. Artículo 17.

[6] Ibid.

[7] Ibíd., Artículo 21.

[8] Ibíd., Artículo 18.

[9] Ibíd., Artículo 2.

[10] Ibíd., Artículo 19.

[11] Ibíd., Artículo 20.

[12] IBid.

[13] Ibíd., Artículo 24.

[14] La cláusula de remisión es limitada por el principio de prevalencia, según el cual priman las normas de la Ley 1708 de 2014.

[15] En materia de pruebas, arts. 232 y ss.

[16] Arts. 200 y ss.

[17] Por ejemplo, los artículos 364 y 590 de la Ley 1564 de 2012.

[18] Parte general y especial de la ley 599 de 2000.

[19] Ley 84 de 1873, junto con sus normas complementarias.

[20] Decreto 410 de 1971, junto con sus normas complementarias.

[21] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia SU-394 (28, julio, 2016). M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

[22] ASOBANCARIA. ABC de la extinción de dominio. Ed. Babel. Bogotá D.C. 2018. P. 61

[23] PAVA, Mauricio. Proceso de extinción de dominio: La corte constitucional le pone fin a la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. En: PARRA, Jairo. Derecho procesal #nuevastendencias. ICDP. Bogotá D.C. 2020. P. 830.

[24] Las cifras pueden ser consultadas en el Sistema de Estadísticas en Justicia. En: MINISTERIO DE JUSTICIA.  Sistema de Estadísticas en Justicia: Consejo Superior de la Judicatura. 2021. Disponible en: http://sej.minjusticia.gov.co/RamaJudicial/Paginas/Indice-de-Evacuacion-Parcial-por-circuito-para-justicia-ordinaria.aspx

[25] El actual Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, manifestó su interés de ejercer la AED sobre vehículos que obstaculicen vías durante el paro nacional. En: Revista Semana (2021). Vicky en Semana. Fiscal Francisco Barbosa: “Vamos a proceder a la extinción de dominio en caso de obstrucción a vías públicas”. Disponible en: https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/fiscal-francisco-barbosa-vamos-a-proceder-a-la-extincion-de-dominio-en-caso-de-obstruccion-a-vias-publicas/202118/

[26] PAVA, Mauricio. p. 829.

[27] La Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 2011, advirtió que “una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”. En: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-543 (6, julio, 2011). M.P.: Humberto Sierra Porto.

[28] PAVA, Mauricio. Op. Cit. P. 828.

[29] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-357 (6, agosto, 2019). M.P: Alberto Rojas Ríos.

[30] Ley 1708 de 2014. Op. Cit. Art. 118

[31] Ibid. Art. 34

[32] Ibid. Art. 149.

[33] Ibid. Art. 155.

[34] Ibid. Art. 123.

[35] Ibid. Art.124.

[36] Ibid. Art. 125.

[37] Ibid. Art. 132.

[38] Ibid. Arts. 143 al 145.

[39] Ibid. Art. 147.

[40] Ibid. Art. 133.

[41] Ibid. Art. 136.

[42] Por medio de esta providencia, la Corte Constitucional estableció límites para la debida diligencia de terceros adquirentes de buena fe. La corporación señaló que las actividades exigidas de verificación se predican del bien y no de las personas que transfieren el dominio. De igual forma, advirtió que la procedibilidad de la AED en causales de bienes equivalentes sólo es procedente si el bien recae sobre el mismo titular que realizó las actividades ilícitas, que permitirían adelantar la acción punitiva del Estado. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-327. (19, agosto, 2020). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[43] MONROY, Elías. C-327/20: Protección de terceros y desafíos hacia el futuro. En: Diálogos Punitivos. Boletín XVIII. 2021. P. 6. Disponible en: https://dialogospunitivos.com/wp-content/uploads/2021/02/Columna-de-actualidad-18.pdf

[44] La Corte Constitucional, en Sentencia T-429 de 1994, expresó que el principio de justicia material, en oposición a la aplicación formal y mecánica de la ley, supone perseguir una justicia eficaz. Esto quiere decir que este principio exige “una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”. En: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA SEGUNDA. Sentencia T-429 (29, septiembre, 1994). M.P.: Antonio Barrera Carbonell.

[45] La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió lo siguiente: “El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales […] Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional”. En: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-16/99. 1999. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf

[46] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Auto A-040 (19, febrero,2010). M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

[47] Ibid.

[48] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Auto A.232 (14, junio, 2001). M.P.: Jaime Araújo Rentería.

[49] Su interrelación, en términos de la Corte Constitucional, planteados en la sentencia SU-975 de 2003 representa lo siguiente: “[…] De conformidad con el inciso 2 del artículo 230 de la Constitución, debe la Corte, en ausencia de ley positiva, integrar el ordenamiento mediante la aplicación de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. El principio de la analogía, o argumento a simili, consagrado en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, supone estas condiciones ineludibles: a) que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido; b) que la especie legislada sea semejante a la especie carente de norma, y c) que exista la misma razón para aplicar a la última el precepto estatuido respecto de la primera […]”. En: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia SU-975 (23, octubre, 2003). M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

[50] ARTÍCULO 26. REMISIÓN. La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración:

      1. En fase inicial, el procedimiento, control de legalidad, régimen probatorio y facultades correccionales de los funcionarios judiciales, se atenderán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600de 2000
      2. En la fase inicial, las técnicas de indagación e investigación y los actos especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, los allanamientos y registros, la búsqueda selectiva en bases de datos, las entregas vigiladas, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, la recuperación de información dejada al navegar por Internet y las operaciones encubiertas se aplicarán los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Penal – Ley 906de 2004.

En las actuaciones relacionadas con medidas cautelares se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en el Código General del Proceso.

      1. En cuanto a las actividades ilícitas sobre las cuales versan las causales, se observarán las normas del Código Penal y las disposiciones complementarias.
      2. En los aspectos relativos a la regulación de los derechos de las personas, bienes, obligaciones y contratos civiles, con lo previsto en el Código Civil.
      3. En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con lo previsto en el Código de Comercio y las disposiciones complementarias.

 

[51] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 600 de 2000 (24, julio, 2000). Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial, Julio, 2000. N. 44.097.

[52] ARTICULO 39. PRECLUSION DE LA INVESTIGACION Y CESACION DE PROCEDIMIENTO.  En cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante providencia interlocutoria.

El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio-

[53] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 de 2000 (24, julio, 2000). Por el cual se expide el Código Penal. Diario Oficial, Julio, 2000. N. 44.097.

[54] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906 de 2004 (31, agosto, 2004). Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial. Septiembre, 2004. N. 45.658.

[55] ARTÍCULO 332. CAUSALES. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:

      1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal; 3. Inexistencia del hecho investigado; 4. Atipicidad del hecho investigado, 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado; 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia; 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294del este código.

PARÁGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

[56] Artículo 562. Preclusión por atipicidad absoluta. Además de lo previsto por el parágrafo del artículo 332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento la preclusión cuando al acusado se le atribuya una conducta que no esté tipificada en la ley penal.

 

[57] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia T-589 (31, julio, 2007). M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

[58] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-327. (19, agosto, 2020). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[59] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-1007. (18, noviembre, 2002). M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

[60] SILVA, Germán. Criminología. Construcciones sociales e innovaciones teóricas. Bogotá D.C. Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. 2011. P. 342.

[61] ANGEL SAMUEL SEDA, JTE INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC, JONATHAN MICHAEL FOLEY, STEPHEN JOHN BOBECK, BRIAN HASS, MONTE GLENN ADCOCK, JUSTIN TIMOTHY ENBODY, JUSTIN TATE CARUSO, AND THE BOSTON ENTERPRISES TRUST vs. THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA. Comúnmente conocido como el “Caso MERITAGE”.

[62] CIDH P-1840-15 promovido por Jorge Eduardo Mejía Echeverri y Josefa del Carmen López Bugallo.

[63] PAVA, Mauricio. Op. Cit. PP. 828-829.