La Corte Constitucional reitera que el escrache es un mecanismo de denuncia pública

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Gabriela Young Sabalza[1]

En Sentencia T-241 del 6 de julio de 2023, la Corte Constitucional analizó la solicitud de un hombre para la eliminación de una publicación anónima en Facebook que relacionaba a una persona con una conducta punible. En esta decisión se estudia la legitimidad del escrache, entendido como una forma de manifestación de un grupo social contra determinadas conductas, donde se crea un dilema entre la libertad de expresión y la honra del escrachado. Esta sentencia busca generar una reflexión sobre la flexibilización de este derecho y la necesidad de fortalecerlo, para así garantizar la responsabilidad de individuos, organizaciones o entidades.

Sumario:

I. Introducción; II. Resumen de la decisión; III. Toma de postura; IV. Reflexión final; V. Bibliografía.

I. Introducción

El 6 de julio de 2023, la Sala Primera de la Corte Constitucional emitió la Sentencia T- 241-2023, en la que se declaró la improcedencia parcial de una acción de tutela presentada en enero de 2022. En dicha acción constitucional, el accionante argumentó la violación de sus derechos a la honra y al buen nombre por una publicación en la red social Facebook en la que se le acusaba de abuso sexual y de maltrato físico y psicológico contra mujeres.

A pesar de los intentos del accionante para la eliminación de la publicación en la plataforma Facebook, la compañía argumentó que no debía ser eliminada, pues no infringía sus reglas comunitarias. Así las cosas, se interpuso la acción de tutela con el propósito de retirar esa publicación y hacer la correspondiente rectificación por parte de la denunciante.

Este caso representa lo que en la actualidad se conoce como escrache, definido por la Corte Suprema de Justicia como «una acción social que se consolidó ante las deficiencias de los medios institucionales para controlar, prevenir y castigar conductas discriminatorias contra sectores de especial protección de la sociedad»[2]. Esta práctica busca ejercer presión a través de medios de comunicación y redes de divulgación masiva, entre otros, con el fin de levantar una voz y denunciar abusos que las presuntas víctimas han experimentado. Esta figura resalta la necesidad que tienen las personas afectadas de ser escuchadas y de encontrar una solución efectiva frente a lo vivido.

En esta columna se resumirá la decisión de la Corte Constitucional, junto con una reflexión sobre la importancia del escrache y las consecuencias tanto para individuos como para empresas. Además, se expresará una postura personal y se ofrecerá una conclusión en relación con los posibles impactos de dicha decisión.

II. Resumen de la decisión

En el presente fallo, la Corte confirmó la decisión del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, que rechazó la solicitud de amparo de la acción de tutela, pues consideró que el accionante contaba con otros mecanismos judiciales para resolver el conflicto, como son las acciones penales o civiles. La Corte subrayó la improcedencia de dicha acción debido a la carencia de objeto, dado que la publicación en cuestión había sido eliminada con anterioridad al trámite de revisión.

Pese a lo anterior, la Corte sostuvo que la difusión de un mensaje de repudio en plataformas de redes sociales, dirigido contra actos de violencia sexual, se ajusta a la figura del «escrache» o la «denuncia pública», «la cual no puede ser vista simplemente como un aspecto colectivo, donde solo se permite visibilizar una conducta punible que atenta contra el género, [sino] que también debe ser evaluada desde un carácter individual, donde la víctima busca ser escuchada y respaldada mediante medios alternativos de denuncia»[3], además de destacar que se reconoce el escrache principalmente en el marco de la violencia de género como un discurso constitucionalmente protegido.

En el desarrollo de la decisión, se examinó el ejercicio legítimo de la libertad de expresión[4], la violación del derecho a la honra[5] y a la imagen, y el papel trascendental del anonimato frente a las presuntas víctimas de violencia sexual.

Adicionalmente, se efectuó una ponderación específica a este asunto entre la libertad de expresión y los derechos individuales, tales como la honra y el buen nombre. Al respecto, la Corte concluyó que, si bien hubo una afectación de los derechos del accionante, esta no tuvo un impacto significativo en su vida laboral y personal. Por último, la sentencia resalta la importancia del anonimato en las denuncias de violencia de género y en el contexto del escrache, y reconoce que ese elemento es primordial para las presuntas víctimas, lo que les permite denunciar situaciones delicadas sin exponer su identidad. Esto asegura su protección e integridad.

En concordancia con lo anterior, la sentencia sostiene que, al tratarse de la presunta víctima, la carga de la veracidad e imparcialidad debe determinarse a través de «una evaluación contextual que tome en consideración la posición de las víctimas y las demandas de una expresión libre y legítima. En situaciones donde la víctima directa emite la denuncia (especialmente en casos de violencia sexual) no se pueden aplicar las mismas exigencias de veracidad e imparcialidad que generalmente se aplican a denuncias realizadas por terceros o medios de comunicación»[6].

De esta forma, se concluyó que la afectación al buen nombre y a la honra del accionante era menor en comparación con la posible revictimización que podría experimentar la parte accionada en caso de ordenar una rectificación. Además, la Corte consideró que la denuncia pública y anónima constituía una práctica válida de la libertad de expresión, frente al rol de las omisiones institucionales.

III. Toma de postura

Aunque el escrache es un término relativamente nuevo en el castellano[7], como concepto ya tiene varios antecedentes en la jurisprudencia constitucional. Se entiende como un ejercicio de la libertad de expresión orientado a la denuncia pública, especialmente en el contexto de mujeres víctimas de delitos sexuales[8], físicos[9] y psicológicos. Entre los diversos pronunciamientos de la Corte se evidencian las sentencias T-239 de 2018[10], T-275 de 2021[11], T-289 de 2021[12] ,T-061 de 2022[13], T-452 de 2022[14]:

  • La Sentencia T-275 de 2021 incluyó el término «escrache» en la jurisprudencia de la Corte.
  • La T-289 de 2021 subrayó que cuando es la víctima quien realiza el escrache se exige flexibilización en relación con los requisitos de veracidad e imparcialidad, para no revictimizar, tal y como se evidencia en el siguiente fragmento:

En el caso de alguien que comparte su vivencia personal como víctima de un delito, se debe flexibilizar la aplicación de los principios de veracidad e imparcialidad. Sin dejar por alto que si la persona proporciona información falsa o imprecisa, estará sujeta a las sanciones legales correspondientes. Por lo tanto, cualquier restricción a la comunicación de denuncias de una presunta víctima, especialmente en casos de delitos sexuales, refleja un desconocimiento injustificado de su condición de víctima.

  • La T-061 de 2022 destacó el escrache virtual e indicó: «“escrache virtual” como una forma legítima de denunciar asuntos de violencia sexual»[15].
  • La T-452 de 2022 ejemplificó el cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad por parte de un tercero cuando se presente una denuncia pública «escrache».

Aunado a lo anterior, la decisión de la Corte es acertada al reconocer que imponer a la parte accionada la responsabilidad de rectificar la denuncia podría exponerla a una mayor victimización, lo que aumentaría el daño que presuntamente ya ha experimentado. Sin embargo, es importante destacar que, aunque el foco principal de esta decisión estuvo en equilibrar los derechos de libre expresión de la parte accionada con la protección del buen nombre del accionante, hubiera sido enriquecedor que la discusión en torno al escrache en esta ocasión se hubiera orientado hacia la protección del derecho de acceso a la justicia.

Por lo tanto, el escrache no puede limitarse al derecho de libre expresión, puesto que es una respuesta a la percepción de la ineficacia del Estado en la protección y resolución de las denuncias de las víctimas. Por ello, representa un mecanismo al que estas recurren para denunciar o defenderse de la inseguridad y desprotección jurídica.

A pesar de compartir la posición de la Corte en la presente sentencia, es crucial resaltar que, si bien es fundamental salvaguardar los derechos de las presuntas víctimas, no se puede pasar por alto la necesidad de que el Estado establezca un equilibrio entre el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la presunción de inocencia[16], debido a que, en distintas ocasiones, las presuntas víctimas recurren a denuncias públicas con el propósito de perjudicar la imagen de una persona —lo que provoca desestabilización en varios aspectos de su vida, que van desde lo personal, hasta lo laboral—. No obstante, si bien es crucial brindar un espacio seguro para las víctimas y fomentar la visibilización de casos de abuso, es igualmente necesario implementar mecanismos que eviten el abuso de denuncias falsas.

Por lo tanto, el escrache, en su afán de hacer públicas las denuncias, puede vulnerar derechos de los presuntos «agresores», ya que la presión social a menudo se torna incontrolable. Aun cuando es necesario visibilizar y abordar los actos de violencia tanto físicos como psicológicos, se necesita asimismo encontrar un equilibrio que proteja los derechos de todas las partes comprometidas, sin permitir la revictimización.

Por otro lado, es ideal evaluar las implicaciones del escrache cuando las empresas se ven afectadas. Al respecto, debe destacarse que el buen nombre de una organización es un activo intangible e invaluable, pues esto define sus posibles clientes[17]. En el escenario empresarial, verse involucrado en una situación de escrache puede ser perjudicial no solo para la reputación de la empresa, sino también para su éxito y supervivencia a largo plazo. Su reputación, imagen e integridad son fundamentales para atraer clientes, inversores y para mantener así la confianza del público en general. Por lo tanto, la gestión proactiva de su reputación y buen nombre es esencial para su continuidad.

En este sentido, las organizaciones deben esforzarse por sostener una excelente reputación en la comunidad, ya que esta se constituye en una buena práctica de ética empresarial, y es, igualmente, una estrategia inteligente para conservar y atraer a los clientes.

Las empresas presentan argumentos válidos al expresar que el escrache tiene el potencial de causar daños sustanciales a su reputación, relaciones comerciales y rentabilidad. Por esta razón, es imperativo que la justicia y la jurisprudencia busquen alternativas que permitan la protección de los derechos constitucionales, sin descuidar las garantías de defensa y debido proceso para las personas acusadas.

IV. Reflexión final

La Sentencia T-241 de 2023 representa un avance significativo en el abordaje de una problemática vital en nuestra sociedad contemporánea, como es el escrache. Sin embargo, esta decisión también nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos al intentar equilibrar el acceso a la justicia para todas las partes involucradas, la no revictimización, la libertad de expresión y la respectiva afectación al buen nombre.

Por ello, es esencial reconocer que el escrache, como mecanismo de denuncia pública, ha surgido como respuesta a la percepción de ineficacia por parte del Estado. No obstante, debemos recordar que el debido proceso y la justicia son pilares de cualquier sociedad democrática, de ahí que se deba trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan la protección de los derechos de las víctimas sin descuidar las garantías de defensa y el respeto a la presunción de inocencia.

En última instancia, la Sentencia T-241 de 2023 es un recordatorio sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Esta reflexión es básica para garantizar un sistema legal que responda de manera eficaz al escrache, sin socavar los principios que sustentan nuestra justicia.

V. Bibliografía

Arenas, Katherine y Juliana Betancourt. Poética del escrache: El escrache feminista para denunciar la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Un análisis comunicativo [en línea]. Medellín, 2020 [consultado 24 de octubre 2023].  Disponible: https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/18181/7/ArenasKatherinne_2020_EscracheFeministaComunicativo.

Cuesta, Laura. «A fondo. Igualdad de género: ¿Qué es la revictimización en violencia de género?». La Vanguardia. Marzo 28 de 2023, https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20230328/8855344/que-revictimizacion-violencia-genero.html

«Corte Constitucional legitima el “escrache virtual”». Ámbito Jurídico. Marzo 11 de 2022. https://www.ambitojuridico.com/noticias/constitucional/corte-constitucional-legitima-el-escrache-virtual

«Explican tensión de derechos cuando se usa el escrache para responder a agresiones basadas en violencias y discriminación». Ámbito Jurídico. Septiembre 18 de 2023, https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/explican-tension-de-derechos-cuando-se-usa-el-escrache-para-responder-agresiones

«“No somos mistakes”. Mujeres denuncian a músico por presunto abuso sexual». El Tiempo. 8 de abril de 2022, https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/bogota-cuatro-mujeres-denuncian-a-musico-por-presunto-abuso-sexual-663967

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. [versión 23.7 en línea]. https://dle.rae.es/escrache [consultado el 24 de octubre 2023]

«Siete mujeres denuncian al cineasta Ciro Guerra de acoso y una más de abuso sexual». El Espectador. 24 de junio de 2020, https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/ocho-mujeres-denuncian-al-cineasta-ciro-guerra-de-acoso-y-abuso-sexual/

Jurisprudencia colombiana

Corte Constitucional. Sentencia C-489, jun. 26/2002. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

Corte Constitucional. Sentencia C-289, abr. 18/2012. M. P. Humberto A, Sierra.

Corte Constitucional. Sentencia T-239. jun. 26/2018. M. P. Gloria Stella Ortiz.

Corte Constitucional. Sentencia C-373, dic. 23/2020. M. P. Luis Guillermo Guerrero.

Corte Constitucional. Sentencia T-275, ago. 18/2021. M. P. Paola A. Meneses.

Corte Constitucional. Sentencia T-289, ago. 27/2021. M. P. Alberto Rojas Ríos.

Corte Constitucional. Sentencia T-061, feb. 23/2022. M. P. Alberto Rojas Ríos.

Corte Constitucional. Sentencia T-452, dic. 12/2022. M. P. Diana Fajardo Rivera.

Corte Constitucional. Sentencia T-241, jul. 6/2023. M. P. Natalia Ángel Cabo.

Corte Constitucional. Sentencia STP2660, mar. 9/2023. M. P. Myriam Ávila Roldan.

[1] Abogada de la firma PDA, Derecho Punitivo & Riesgos Corporativos. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre seccional Barranquilla. Miembro del consejo editorial de Diálogos Punitivos.

[2] C. Const., Sent. STP2660, mar. 9/2023. M. P. Myriam Ávila Roldán: «Esta forma de denuncia es una manifestación criminológica del control social informal ejercido a través de los aparatos ideológicos de la sociedad; medios de comunicación e instituciones como la familia, academia, religión, entre otras».

[3] C. Const., Sent T-241, jul. 6/2023). M. P. Natalia Ángel Cabo.

[4] «En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se expresa que se debe garantizar este derecho, ya que es elemental para que cualquier ser humano sea capaz de realizarse y desarrollarse debidamente», https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights. La Constitución de Colombia incluye este derecho en el artículo 20.

[5] C. Const., Sent C-489, jun. 26/2002). M. P. Rodrigo Escobar Gil. La honra es un derecho «… que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad».

[6] C. Const., Sent. T-241.

[7] El Diccionario de la lengua española  (DEL) lo define como «Manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir» (el término se introdujo al DLE en noviembre de 2018, versión n.o 23.2.).

[8] «“No somos mistakes”. Mujeres denuncian a músico por presunto abuso sexual», El Tiempo,8 de abril de 2022, https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/bogota-cuatro-mujeres-denuncian-a-musico-por-presunto-abuso-sexual-663967

[9] «Siete mujeres denuncian al cineasta Ciro Guerra de acoso y una más de abuso sexual», El Espectador, 24 de junio de 2020, https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/ocho-mujeres-denuncian-al-cineasta-ciro-guerra-de-acoso-y-abuso-sexual/

[10] C. Const., Sent. T-239, jun. 26/2018. M. P. Gloria Stella Ortiz.

[11] C. Const., Sent. T-275, ago. 18/2021. M. P. Paola A. Meneses.

[12] C. Const., Sent. T-289, ago. 27/2021. M. P. Alberto Rojas Ríos.

[13] C. Const., Sent. T-061, feb. 23/2022. M. P. Alberto Rojas Ríos.

[14] C. Const., Sent. T-452, dic. 12/2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[15] C. Const., Sent. T-241, jul. 6/2023. M.P. Natalia Ángel Cabo.

[16] C. Const., Sent. C-289, abr. 18/2012. M.P. Humberto A, Sierra. «El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente […] al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».

[17] C. Const., Sent. C-373, dic. 23/2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero. «Las personas jurídicas están legitimadas para promover el amparo constitucional cuando consideren vulneradas o amenazadas las garantías fundamentales de que son titulares, como por ejemplo ocurre con el derecho al buen nombre, el cual “cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas”, y su núcleo esencial permite “proteger a las personas jurídicas ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas o injuriosas. Es la protección del denominado “Good Will” en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente».