LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DICE «NO» A LAS IMPUTACIONES AMBIGUAS 

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Mauricio Pava Lugo[1]

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el auto proferido en la Sala Especial de Primera Instancia el 23 de junio de 2023, mediante el cual anuló la legalización de una imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación el 20 de abril de 2021[2]. La corporación llamó la atención al magistrado de control de garantías por haber impartido legalidad a una imputación ambigua y confusa[3]. Por ende, este antecedente confirma que debe haber responsabilidad jurídica y coherencia fáctica en las imputaciones que se presenten, y se exige del juez de control de garantías un ejercicio de supervisión y control a la imputación para garantizar los principios legales fundamentales.

Con este fallo, la Corte adopta una postura garantista frente a posibles abusos del poder punitivo o interpretaciones erróneas por parte del ente acusador, y asegura así la aplicación transparente y objetiva de la ley.

En la segunda instancia, «la Sala de Casación Penal precisó que los hechos jurídicamente relevantes corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales». La Fiscalía debe determinar con claridad cuáles son los hechos que pueden subsumirse en el respectivo tipo penal, lo que implica definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la conducta (acción u omisión) que imputa. Para la Sala, es necesario que esas afirmaciones sean adecuadas y completas, es decir, deben ser lo bastante detalladas para que los hechos se correspondan plenamente con lo establecido en la ley.

En sus consideraciones, la Sala incorporó un control para que las imputaciones cumplan con los requisitos exigidos por la ley, basándose en las garantías fundantes del proceso penal. De igual manera, debe destacarse el papel de los jueces ante imputaciones abiertamente infundadas, en especial en su papel de controlar garantías, lo que les permite abstenerse de impartir legalidad a actos de parte, para velar por el respeto al debido proceso.

La Corte trazó el camino para que respecto de la formulación de imputación se aplique un control material o, por lo menos, formal con efectos sustanciales. Es un acto de parte, sí, como acto de comunicación que realiza la Fiscalía. Sin embargo, ello no es óbice para que el ente acusador presente imputaciones que no guarden un mínimo de respeto por la teoría del delito y juicios típicos adecuados. Es un acto reglado, no arbitrario.

Se sigue haciendo camino al andar…

En esta entrega de Diálogos Punitivos

En este boletín, traemos para ustedes temas de derecho penal especial, empresarial y actualidad probatoria. En concreto:

En nuestra columna de actualidad, Paula Ramírez analiza una reciente sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en donde esta corporación estudió el concepto de defensa material como expresión autónoma e integral del debido proceso.

En la columna de interés, Javier Torres explora la manera en que se puede integrar la inteligencia artificial en el ámbito legal. En específico, el uso de algoritmos para la predicción del comportamiento delictivo y su potencial para mejorar la eficiencia judicial y reducir sesgos humanos.

Por último, en la columna de entre líneas, Nicolás Dupont estudia las dificultades prácticas con las que se ha encontrado el derecho penal ambiental en Colombia y propone algunas soluciones para ello.

Esperamos que esta entrega sea de su total agrado y extendemos una cordial invitación para que se suscriban a nuestro boletín académico y a nuestras diferentes redes sociales. Así podrán estar permanentemente enterados de todo nuestro contenido.

[1] Abogado de la Universidad de Caldas. Curso universitario superior en Compliance de la Universidad de Barcelona y especialista en casación penal de la Universidad La Gran Colombia. Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal-Capítulo Caldas. Director del Boletín Académico Diálogos Punitivos.

[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. AP1571-2024, radicación 64442.

[3] Los antecedentes procesales pueden resumirse de la siguiente manera: El 20 de abril de 2021, la Fiscalía imputó a dos ciudadanos los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daño en los recursos naturales. La acusación se presentó el 6 de agosto de 2021 y en la audiencia de formulación de acusación del 3 de agosto de 2022 los defensores solicitaron invalidar el proceso desde la formulación de imputación, cubriendo, desde luego, la acusación, por considerar que no se reunían los requisitos formales propios de tal audiencia. En junio de 2023, la Sala Especial de Primera Instancia accedió a la nulidad solicitada, y devolvió el escrito de acusación la Fiscalía. Se interpusieron recursos de reposición y apelación. El primero fue resuelto en julio de 2023, donde se precisó que la nulidad únicamente cobija el acto jurisdiccional del Magistrado de Control de Garantías que impartió legalidad a la imputación. Al no reponerse la decisión, la Sala Especial remitió el proceso a la Sala de Casación Penal para que se resolviera la apelación. En la decisión apelada, la Sala Especial determinó que en la audiencia de imputación no se cumplieron los requisitos establecidos por la jurisprudencia, lo que afectó la calificación provisional de los delitos imputados. Encontró que la imputación era contradictoria y no cumplía con expresar los hechos de manera clara y concisa ni detallar la forma de participación de los imputados. Esto llevó a atribuirles una calidad de coautores-intervinientes, a pesar de ser servidores públicos, lo que vulneró sus derechos al debido proceso y defensa.