LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA «MODIFICA» SU INTERPRETACIÓN PARA LA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN EN CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES

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Javier Augusto Torres López[1]

En esta columna se profundiza acerca de la función de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la definición de criterios claros para la dosificación de penas en materia de concursos de conductas punibles. Se resalta la importancia de decisiones judiciales coherentes que establezcan límites, salvaguardando la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las penas, así como promoviendo el propósito rehabilitador del sistema penal. A través de un análisis detallado de la Sentencia SP322-2023, la columna examina la nueva postura adoptada por la Corte frente al problema jurídico planteado. Se destaca la configuración de reglas que orienten la imposición de penas y se subraya su impacto en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Este enfoque contribuye al fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial y a la consolidación de la aplicación coherente de la ley.

SUMARIO:

I. Introducción; II. Análisis de la decisión; III. Toma de postura; IV. Conclusiones; V. Bibliografía.

I. Introducción

En el escenario judicial, la determinación de penas en procesos penales no solo es un acto de justicia, sino un pilar fundamental que define el equilibrio entre la conducta delictiva cometida y la sanción que nuestro sistema impone. En este contexto, la importancia de que los jueces de la República adopten decisiones encaminadas a establecer criterios claros para dosificar las penas adquiere una relevancia indiscutible. Más allá de la aplicación de la ley, al dictar las penas, el juez traza límites que resguardan los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones[2], así como la prevención general, la retribución justa, la reinserción social y la protección al condenado que ofrece nuestro sistema penal[3].

Con ese propósito, el Código Penal, en su artículo 31, describe las reglas de cara a la dosificación de las sanciones penales[4]. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha creado un terreno jurídico incierto, donde la aplicación de esta norma se ha visto sometida a interpretaciones dispares, lo que ha provocado tensiones y desafíos en la coherencia del sistema judicial.

De lo anterior, la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia asuma un papel principal se torna evidente. La adopción de decisiones que aclaren la interpretación de la ley no solo brinda coherencia y uniformidad al sistema judicial, sino que también sienta las bases para una justicia más precisa y equitativa.

En Sentencia SP322-2023([5]), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió de manera oficiosa el proceso penal que se siguió en contra de C.A.G.R., hallado en primera y segunda instancia como autor responsable de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, homicidio consumado y tentado. En su decisión, la corporación realizó un análisis respecto a «si se vulneró alguna garantía del principio de legalidad al imponer la pena de prisión, de cara a las reglas del concurso de conductas punibles descritas en el artículo 31 del Código Penal»[6]. Asimismo, analizó el criterio jurisprudencial que la Corte ha sostenido en lo que tiene que ver con la definición de la pena frente a concursos punibles, y planteó una «corrección» en la interpretación de dichas reglas.

En ese sentido, en esta columna se analizará en forma detallada la decisión y la nueva postura expuesta por la Corte. Se estudiará el principio de legalidad de las sanciones penales, se tomará postura con relación al problema jurídico planteado y se ofrecerá una conclusión.

II. Análisis de la decisión

La Corte Suprema de Justicia analizó el caso de C.A.G.R., que fue condenado en primera instancia por homicidio consumado y tentado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2015, cuando C.A.G.R. ingresó a la residencia de J.C.R. y R.A.S.D. Allí, disparó contra R.A.S.D. y le causó la muerte. También hirió gravemente a J.C.R. Posteriormente, fue capturado tras ser descubierto con varios elementos usados para la comisión de los delitos.

En el proceso judicial, C.A.G.R. enfrentó cargos por homicidio consumado y tentado, y porte ilegal de armas. En primera instancia fue condenado a 472 meses de prisión, y a una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La sentencia fue apelada, y el Tribunal Superior de Yopal confirmó la condena principal, aunque modificó la pena accesoria a 240 meses. La defensa interpuso recurso extraordinario de casación, pero la Sala de Casación Penal lo inadmitió. Sin embargo, ante la posible vulneración de garantías fundamentales, revisó de oficio[7] el caso y emitió consideraciones al respecto.

En sus consideraciones, la Corte analizó las reglas de dosificación punitiva en relación con el concurso de conductas punibles, específicamente enfocándose en la interpretación del artículo 31 de la Ley 599 de 2000. Este artículo establece los criterios para determinar la pena cuando una persona comete varias infracciones o repite la misma infracción en una sola acción u omisión. La norma indica que la pena a imponer será aquella que se ajuste a «la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas»[8]. Además, marca un límite de sesenta años para la pena privativa de libertad en casos de concurso.

La Corte indicó que la jurisprudencia ha consolidado tres restricciones en la dosificación de la pena en casos de concurso: no exceder los sesenta años de prisión, no imponer una sanción que supere el otro tanto de la pena señalada para el delito base y no fijar la pena en un monto superior a la suma aritmética de las penas individualmente consideradas[9]. No obstante, respecto de la última prohibición, consideró que, al tenor literal de la norma, hay una nueva interpretación que «atiende una correcta hermenéutica». Esta interpretación sugiere que «la suma aritmética de las penas individualmente consideradas solamente está prohibida cuando […] el incremento punitivo sobre la pena del delito más grave, por razón de las conductas punibles concursales, exceda el otro tanto»[10].  [Negrillas fuera del texto original].

Frente a este punto, la Corte indicó que la interpretación previa «impone una restricción excesiva a la discrecionalidad reglada del funcionario judicial en la tasación de la pena, que no se desprende de la norma y que, por ende, es ajena al debido proceso sancionatorio»[11]. Además, porque la intención del legislador en el artículo 31 del Código Penal era mantener la misma estructura de adición jurídica de penas. En este contexto, la prohibición de la suma aritmética, añadida en la Ley 599 de 2000, fue para no exceder el doble de la pena dosificada para el delito más grave (delito base).

En el caso concreto, el juez de primera instancia condenó a C.A.G.R. por el concurso de delitos de homicidio consumado y tentado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, e impuso una pena principal de 472 meses de prisión. Para ello, el juez asignó una pena de 240 meses por el homicidio consumado (pena del delito base), 124 meses por homicidio tentado y 108 meses por porte ilegal de armas.

Resulta evidente que, en la dosificación punitiva, el juez hizo una suma aritmética de las penas imputadas a cada delito. Sin embargo, según la Corte, no transgredió el principio de legalidad de las penas, pues se fijaron 240 meses por homicidio consumado y 232 meses por los delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas, pena dentro del límite establecido, pues no superó la asignada al delito base. En conclusión, a pesar de que se realizó una suma aritmética e individual de cada una de las penas, en este caso particular se respetó el principio de acumulación jurídica de penas y la Corte decidió no casar oficiosamente la sentencia.

III. Toma de postura

Con esta interpretación, la Corte «modificó» su jurisprudencia y estableció que la suma aritmética de las penas en casos de concurso no necesariamente implica la afectación del principio de legalidad de las penas, y que es permitida siempre y cuando el incremento punitivo producto de las conductas concursales no rebase la pena dada por el delito más grave ni se superen sesenta años. Este enfoque, a pesar de estar alineado con los principios de legalidad de la pena y con las funciones de retribución justa y prevención especial, puede plantear desafíos significativos para el sistema judicial colombiano, pues podría dar lugar a decisiones judiciales que carezcan de la coherencia y previsibilidad[12] imprescindibles para un sistema legal sólido.

Aun así, la jurisprudencia previa —como se refleja en las decisiones CSJ, SP, 15 may/2003, rad. 15868([13]), SP2998-2014([14]), SP12861-2015([15]), SP14845-2015([16]), SP13350-2016([17]), AP5920-2017([18]) y SP4238-2021([19]), entre muchas otras— establecía que la pena del concurso no debería ser superior a la suma aritmética de cada una de las penas por los delitos concurrentes. Esta limitación pretendía evitar que el incremento punitivo correspondiera simplemente a la acumulación de sanciones, y asegurar así que esto representara una ventaja sustancial para el procesado. Sin embargo, la propuesta de la Corte busca cambiar este criterio, bajo el argumento de que esta interpretación previa «impone una restricción excesiva a la discrecionalidad reglada del funcionario judicial en la tasación de la pena»[20], pues la prohibición de la suma aritmética no debería aplicarse cuando el aumento punitivo no excede el otro tanto de la pena del delito más grave.

A pesar de lo anterior, esta nueva interpretación plantea la preocupación de abrir la puerta a decisiones judiciales más subjetivas. Para nadie es desconocido que la certeza jurídica es esencial para mantener la confianza en el sistema penal y garantizar que los ciudadanos comprendan las consecuencias de sus acciones, y si bien se reconoce que en la actividad judicial puede ser necesaria cierta discrecionalidad, esta debe estar definida dentro de parámetros que eviten abusos y aseguren la aplicación justa de las penas.

En este sentido, la jurisprudencia anterior estableció restricciones con el propósito de garantizar que las penas fueran proporcionadas y predecibles. Esto se ajusta al principio de legalidad de las sanciones penales, encapsulado en la conocida expresión «nullum crimen, nulla pœna sine lege scripta, praevia, certa, stricta»[21]. Esta premisa fundamental postula que ninguna persona puede ser penalizada por acciones que no estén expresamente tipificadas como delito en una ley previamente establecida. Y que, con base en la garantía de tipicidad, la interpretación de la ley por parte de los jueces debe atender a circunstancias de previsibilidad y razonabilidad.

En el caso concreto, si bien la interpretación propuesta por la Corte en la SP322-2023 atiende el tenor literal del artículo 31 de la Ley 599 de 2000 (interpretación exegética), olvida la interpretación histórica que por más de veinticinco años ha realizado la Sala de Casación Penal, de la que no podía apartarse al no cumplir con la carga argumentativa necesaria[22]. La jurisprudencia previa reconocía que la expresión «suma aritmética» no tiene relación con el sistema de «acumulación aritmética». La acumulación aritmética implica agregar materialmente las penas de todos los delitos, mientras que la suma aritmética, según la interpretación anterior, buscaba establecer límites específicos para evitar excesos en la dosificación de penas en casos de concurso de conductas punibles.

Por un lado, la propuesta de la Corte, al abrir la puerta a una interpretación más laxa del artículo 31, podría resultar en una falta de claridad normativa. Esta situación puede ser desfavorable en la medida que los ciudadanos tienen la garantía de conocer las consecuencias legales de sus acciones de antemano, y la ausencia de restricciones precisas socavaría este derecho fundamental.

Por otro lado, la flexibilización de las restricciones previas podría permitir interpretaciones más subjetivas por parte de los jueces al determinar las penas en casos de concurso. La probabilidad de una discrecionalidad judicial más amplia y sin límites claros podría conducir a decisiones arbitrarias y desiguales. Esto, a diferencia de lo que indica la Corte, va en contra del principio de legalidad al posibilitar que la pena dependa, en gran medida, de la interpretación individual de cada juez, lo que genera incertidumbre sobre la aplicabilidad justa y uniforme de la ley.

A pesar de lo anterior, resta por preguntarnos acerca del impacto de esta decisión en la comunidad jurídica colombiana, y si en verdad la línea jurisprudencial ha sido modificada o, como lo indicó la Corte en esta decisión, corregida. Frente a este punto, es relevante destacar que la Corte Suprema de Justicia emitió, entre otras, las Sentencias SP108-2023([23]) y SP478-2023([24]). Estas decisiones no atendieron la nueva postura propuesta por la Corte, y por el contrario adoptaron el criterio previo de la jurisprudencia. Esto es, el que se prohíbe en forma irrestricta la suma aritmética de las penas.

Al respecto, llama especialmente la atención que la SP322-2023 no es citada, ni siquiera en su «obiter dicta», por las decisiones que ha emitido la Corte Suprema de Justicia con posterioridad. Incluso, la misma ponente en la SP423-2023([25]) acogió la interpretación que por tanto tiempo imperó en la jurisprudencia, y no la que su propia decisión propuso en el fallo comentado. En este sentido, podemos deducir que el criterio de la Corte para la dosificación de las penas en materia de concursos de conductas punibles no ha variado, y mucho menos ha sido corregido.

IV. Conclusiones

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, sin duda, ha generado una reinterpretación significativa del artículo 31 de la Ley 599. Aunque la intención de la Corte buscaba alinearse con los principios de legalidad, la apertura a interpretaciones más flexibles presenta desafíos sustanciales para el sistema judicial colombiano. Esto podría conllevar riesgos asociados con la subjetividad del juez y con decisiones judiciales arbitrarias, y comprometería la igualdad ante la ley y la confianza en el sistema judicial.

Establecer límites precisos en la dosificación de penas no solo preserva la coherencia del sistema judicial, sino que asegura «que los ciudadanos tengan una comprensión clara de las consecuencias legales de sus acciones, [lo que a su vez promueve] la confianza en el sistema legal. Es esencial entender la importancia de mantener límites precisos en la dosificación de penas para preservar la integridad del sistema. Si bien se reconoce la necesidad de cierta discrecionalidad judicial», esta debe operar dentro de parámetros definidos para evitar abusos y asegurar la aplicación justa de las penas.

En última instancia, la certidumbre jurídica es un pilar primordial de la justicia y la equidad. La sociedad confía en que el sistema legal proporcionará decisiones coherentes y previsibles. La propuesta de la Corte Suprema de Justicia, aunque busca adaptarse a los principios de legalidad, podría producir desconfianza y falta de claridad en la aplicación de las penas, y esto debilitaría la confianza en el sistema judicial colombiano. La cautela y el equilibrio deben guiar cualquier ajuste en la interpretación del artículo 31, para asegurar que la dosificación de penas refleje no solo la gravedad de los delitos cometidos, sino también el respeto por los principios fundamentales de certeza jurídica y justicia.

V. Bibliografía

Feuerbach, Paul Johann Anselm von. Tratado de derecho penal: común vigente en Alemania. Buenos Aires: Hammurabi, 2007.

Jurisprudencia y citación legal colombiana

Corte Constitucional, Sentencia C-133, mar 3/99. M. P. Carlos Gaviria Díaz.

Corte Constitucional, Sentencia C-836, ago. 9/01. M. P. Rodrigo Escobar Gil;

Corte Constitucional, Sentencia C-621, sep. 30/15. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;

Corte Constitucional, Sentencia C-354, may. 25/17. M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia Penal, may. 15/2003, rad. 15868. M.P. Hernán Galán Castellanos.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP2998-2014, mar. 12/2014, rad. 42623. M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP12861-2015, sep. 23/2015, rad. 38076. M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP14845-2015, oct. 28/2015, rad. 43868. M. P. Eugenio Fernández Carlier.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP13350-2016, sep. 20/2016, rad. 47588. M. P. José Luis Barceló Camacho.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP5920-2017, sep. 6/2017, rad. 50530. M. P. Patricia Salazar Cuéllar.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP4238-2021, sep. 22/2021, rad. 58625. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP108-2023, feb. 1/2023, rad. 60248. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP322-2023, jul. 26/2023, rad. 59683. M. P. Myriam Ávila Roldán.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP423-2023, oct. 4/2023, rad. 59298. M. P. Myriam Ávila Roldán.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP478-2023, nov. 22/2023, rad. 55733. M. P. Carlos Roberto Solórzano Garavito.

Ley 599 de 2000. «Por la cual se expide el Código Penal».

Ley 906 de 2004. «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal».

[1] Abogado de la Universidad Libre. Especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal obtenido en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, cuenta con estudios avanzados en Corporate Compliance en la Universidad de los Andes. Abogado litigante. Columnista del boletín académico de Diálogos Punitivos.

[2] L. 599 de 24 de julio de 2000: «Por la cual se expide el Código Penal» art.3.°.

[3] Ibid. art. 4.°.

[4] Ibid. art. 31. «Artículo 31. Concurso de conductas punibles.  El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de sesenta (60) años. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte».

[5] CSJ, Cas. Penal, SP322-2023, jul. 26/2023, rad. 59683. M. P. Myriam Ávila Roldán.

[6] Ibid. p.5-6.

[7] L. 906 de 1.° de septiembre de 2004: «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal», art.184.

[8] L. 599/2000, art.31.

[9] Ibid. p. 6-7.

[10] CSJ, SP322-2023.

[11] Ibid. p.10.

[12] C. Const., Sent. C-133, mar 3/99. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

[13] CSJ, Cas. Penal, Sentencia Penal, may. 15/2003, Rad. 15868. M. P. Hernán Galán Castellanos.

[14] CSJ, Cas. Penal, SP2998-2014, mar. 12/2014, Rad. 42623. M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

[15] CSJ, Cas. Penal, SP12861-2015, sep. 23/2015, Rad. 38076. M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

[16] CSJ, Cas. Penal, SP14845-2015, oct. 28/2015, Rad. 43868. M. P. Eugenio Fernández Carlier.

[17] CSJ, Cas. Penal, SP13350-2016, sep. 20/2016, Rad. 47588. M. P. José Luis Barceló Camacho.

[18] CSJ, Cas. Penal, AP5920-2017, sep. 6/2017, Rad. 50530. M. P. Patricia Salazar Cuéllar.

[19] CSJ, Cas. Penal, SP4238-2021, sep. 22/2021, Rad. 58625. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

[20] CSJ, SP322-2023, p.10.

[21] El principio de legalidad estricto traduce: «No hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta», el cual se atribuye a Paul Johann Anselm von Feuerbach. Para mayor profundidad consultar en: Paul Johann Anselm von Feuerbach, Tratado de derecho penal: común vigente en Alemania (Buenos Aires: Hammurabi, 2), 64.

[22] Entre otras: C. Const., Sent. C-836, ago 9/01. M. P. Rodrigo Escobar Gil; C. Const., Sent. C-621, sep 30/15. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C. Const., Sent. C-354, may 25/17. M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[23] CSJ, Cas. Penal, SP108-2023, feb. 1/2023, rad. 60248. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

[24] CSJ, Cas. Penal, SP478-2023, nov. 22/2023, rad. 55733. M. P. Carlos Roberto Solórzano Garavito.

[25] CSJ, Cas. Penal, SP423-2023, oct. 4/2023, rad. 59298. M. P. Myriam Ávila Roldán.