LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REITERA EL CONCEPTO DE DEFENSA MATERIAL COMO EXPRESIÓN AUTÓNOMA E INTEGRAL DEL DEBIDO PROCESO

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Paula Andrea Ramírez Hernández[1]

El artículo 29 de la Constitución Política define el debido proceso como un derecho fundamental que debe ser aplicado a toda clase de actuación judicial y administrativa. En materia penal, hace alusión, entre otras cosas, al derecho que le asiste al procesado de defenderse durante las etapas de investigación o juzgamiento. En la decisión SP516-2023, la Corte Suprema de Justicia recalcó la importancia de la unidad de defensa, material y técnica, y subrayó, además, que esta unidad se retroalimenta de las acciones favorables que tanto el abogado como el indiciado realizan de manera independiente.

 SUMARIO:

I. Introducción; II. Resumen de la decisión; III. Toma de postura; IV. Conclusiones; V. Bibliografía.

 I. Introducción

El debido proceso se define jurisprudencialmente como «el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia»[2]. En materia penal, estas garantías encuentran su materialización, entre otros, mediante el derecho a la defensa, que comprende dos modalidades: la defensa técnica, entendida como aquella proporcionada por un profesional en derecho, y la defensa material, en la que el indiciado ejerce su derecho de manera directa. Defensa técnica y material constituyen una unidad defensiva a favor del procesado[3].

En la actualidad, nos enfrentamos a nuevos desafíos para garantizar el debido proceso, pues con la implementación de las nuevas tecnologías y la virtualidad en las audiencias el procesado se expone, en algunos escenarios, a la imposibilidad de ejercer  de forma adecuada su derecho a la defensa, por cuestiones que parten, incluso, de la carencia de conectividad, la mala señal y la falta de audio y video, lo que afecta la comunicación entre los sujetos procesales.

En la Sentencia SP516-2023, radicado n.o 64879, la Corte Suprema de Justicia (en adelante, CSJ) resolvió el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. En esa sentencia se confirmaba la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, en la que se condenaba a MMC como autor de concierto para delinquir agravado. La sentencia de primera instancia se dictó de manera virtual y se presentaron problemas de conectividad por parte del condenado, lo que le impidió pronunciarse frente a la condena impuesta.

En este artículo abordaremos si en este tipo de escenarios se vulnera el derecho a la defensa material y al debido proceso cuando, por cuestiones ajenas a la voluntad del condenado, no le es posible intervenir en el momento procesal oportuno.

II. Resumen de la decisión

El 30 de octubre de 2014, dos personas llegaron en motocicleta a la finca La Guajira, de la vereda Puerto Pallero (a uno de ellos lo llamaremos MMC). Se identificaron como emisarios del grupo armado ilegal conocido como «Las Águilas Negras» y exigieron al propietario la suma de $10.000.000. Intimidaron a su víctima con arma de fuego y palabras soeces, y enviaron, además, amenazas telefónicas a través de una tercera persona, quien, de forma violenta, ratificaba la demanda económica. Con base en la denuncia presentada por la víctima se logró establecer que estas dos personas pertenecían a un grupo delincuencial que venía extorsionando a finqueros de la región.

Por estos hechos, el juzgado imputó a MMC los delitos de extorsión agravada, en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. En audiencia preparatoria MMC aceptó los cargos formulados por el delito de extorsión en grado de tentativa, por lo que el proceso continuó solamente por concierto para delinquir agravado. Una vez agotado el juicio oral, el Juzgado de Conocimiento dictó sentencia en la que se le impuso la pena de noventa y seis (96) meses de prisión y multa de dos mil setecientos (2700) SMLMV. En la audiencia de lectura de fallo, desarrollada por videoconferencia, el defensor de MMC no interpuso recurso alguno. Pese a ello, cuando se le dio la oportunidad al acusado de hacerlo, perdió la comunicación de audio y voz con la sala de audiencia, lo que le impidió expresarse. Ante esta situación, el juez remitió copia del fallo al centro penitenciario para su conocimiento y cerró las diligencias.

El apoderado de la otra persona procesada interpuso recurso de apelación, por lo que el expediente se envió al Tribunal Superior de Yopal. En esta oportunidad, MMC, a nombre propio, sustentó su recurso, que finalmente el tribunal declaró desierto, basado en que en la audiencia de lectura de fallo no hizo ninguna manifestación frente a la sentencia proferida y su defensor indicó no interponer recurso alguno.

La CSJ conoció el recurso de casación interpuesto por el defensor de MMC e hizo énfasis en que se transgredió el derecho a la defensa material, como arista autónoma e integral del debido proceso. Según lo expresado por la Corte, se vulneró el derecho a impugnar los fallos desfavorables e, igualmente, el juzgado no garantizó que el procesado hubiera conocido la totalidad de la decisión, pues simplemente se limitó a finalizar la diligencia.

Así mismo, la CSJ discrepó de lo manifestado por el tribunal, que argumentaba que, dado que el defensor no presentó ningún recurso, MMC ya estaba obligado a someterse a la voluntad de su abogado. La Corte señaló que esta postura del tribunal desconocía «la unidad de defensa» e hizo alusión a que

La defensa material y técnica, esto es la que adelantan particularmente el procesado y su abogado, constituyen un todo que se retroalimenta de lo favorable que individualmente cada uno realiza, aunque, para favorecer la dinámica de la pretensión común, es factible que se desarrolle de manera separada, o mejor, se faculta que por vías diferentes el procesado y su representante para el proceso penal hagan solicitudes independientes o de manera autónoma estén habilitados para interponer recursos. [Negrilla fuera del texto original].

En su sentencia, la CSJ recordó que, «aunque el imputado y su defensor forman una unidad para desarrollar una defensa conjunta, la defensa material del imputado no depende exclusivamente de la intervención técnica del defensor. Según los artículos 8[4] y 130[5] de la Ley 906 de 2004, el imputado tiene una amplia gama de posibilidades para presentar y cuestionar, lo que implica que, además de conformar una unidad defensiva con su abogado, posee autonomía para hacer valer sus derechos de manera individual en lo que respecta a la defensa material»[6].

Por ello, la CSJ decidió casar la sentencia dictada el 9 de agosto por parte del Tribunal Superior de Yopal, en la que se había confirmado la proferida en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, que condenaba a MMC como autor de concierto para delinquir agravado. Como consecuencia, se decretó la nulidad parcial del fallo de segunda instancia en relación con la situación jurídica de MMC y se remitió el expediente al tribunal de origen, para que se pronunciaran frente al recurso de apelación interpuesto.

III. Toma de postura

El derecho a la defensa material, como garantía del debido proceso, ha sido objeto de protección internacional mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos —precepto 8.°, numeral 2.°, literales D y E—. Igualmente, se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el literal d, numeral 3.º del artículo 14([7]). Doctrinalmente, se ha establecido que este derecho no puede ser cercenado y que debe ser garantizado «en todo momento [y] en todas las fases de la actuación procesal (indagación, investigación y juzgamiento)[8]. [Es decir], no puede haber espacio donde el indiciado, imputado o acusado no pueda materializar su derecho fundamental a defenderse».

Del mismo modo, la CSJ ha resaltado la relevancia de la participación del procesado en su propio juicio, pues, en diferentes pronunciamientos[9] ha señalado que tanto defensor como acusado son sujetos procesales independientes que tienen poder de postulación separado, lo que les permite interponer y sustentar recursos, entre otras actuaciones. Esta postura resalta la autonomía del procesado y la capacidad para ejercer su defensa de manera independiente, incluso en la sustentación de recursos que, por regla general, siempre se ha realizado mediante apoderado judicial.

Resulta muy acertado el análisis de la CSJ al indicar que el derecho a la defensa material prevalece sobre las formas. Si bien es cierto que las normas procesales buscan garantizar el derecho al debido proceso, no se puede desconocer el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. Por ende, en el caso bajo estudio, el Tribunal de Yopal no puede basar su decisión de declarar desierto el recurso de apelación presentado por MMC en el hecho de que su defensor no había interpuesto recursos y que el acusado tampoco se había manifestado en la audiencia de lectura de fallo, aun conociendo los inconvenientes que había enfrentado el acusado en su momento.

En palabras de la Corte, «[E]l Tribunal convirtió las formas en obstáculo y no en instrumento para la satisfacción de derechos sustantivos, y con ello incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que lesionó las garantías fundamentales»,  e ignoró los reiterados pronunciamientos de la sala frente a estos aspectos.

Así, según la posición adoptada por la CSJ, es claro que el derecho a la defensa, como garantía judicial, no puede ser desconocido por el operador jurídico por errores procedimentales que no son atribuibles al acusado, como se evidenció en el presente caso. Esta postura ha sido reiterada en diferentes pronunciamientos tanto de la Sala de Casación Penal como en la Corte Constitucional.

IV. Conclusiones

La protección del derecho a la defensa material como garantía del debido proceso es primordial en cualquier etapa del procedimiento penal. Con esto se busca la protección del derecho fundamental que le asiste a cualquier persona que se encuentre involucrada en actuaciones judiciales o administrativas. En el contexto actual, marcado por el avance tecnológico y la virtualidad en las audiencias, es crucial que este derecho sea salvaguardado en todas sus manifestaciones, incluso frente a obstáculos como problemas de conectividad o fallas técnicas, que no son atribuibles al procesado.

La reciente decisión de la CSJ reitera la importancia de una efectiva protección al derecho a la defensa material, al destacar que este no puede desconocerse por formalismos procesales, sino que debe prevalecer sobre estos.  Según la  decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, el fallo del Tribunal Superior de Yopal de declarar desierto el recurso de apelación en el caso analizado representó una falta de reconocimiento que lesionó las garantías fundamentales del acusado. Esto se debió a que no se tuvieron en cuenta las dificultades técnicas que impidieron su adecuada participación en la audiencia, frente a la sentencia dictada en este escenario procesal y que resultó ser en su contra.

En este sentido, se hace imperativo que los operadores judiciales recuerden la primacía de lo sustancial sobre lo formal, para asegurar así que a ninguna persona se le vulnere su derecho fundamental a la defensa por errores procedimentales ajenos a su voluntad. Esta postura, respaldada por la jurisprudencia de las altas cortes, destaca la necesidad de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa en todas las etapas del proceso judicial, como piedra angular de un proceso penal respetuoso de los derechos fundamentales.

 V. Bibliografía

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pacto de San José/1978.

Sirley Paola Toro Restrepo «Acceso a elementos materiales probatorios por parte de la defensa técnica y material en la etapa preliminar del proceso penal acusatorio en Colombia regido por la Ley 906 de 2004» (Tesis para optar el titulo Abogado, Universidad Católica de Colombia, 2021), 2-5, https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/58816e28-f7ed-4c11-81e5-0ac17f1f9541

Jurisprudencia y citación legal

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP410517, jul. 07/1999 Rad. 15956. M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

Corte Constitucional. Sentencia C-029, ene. 27/2009. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, STP 11125-2018, ago. 28/2018 Rad. 642016. M.P. Patricia Salazar Cuéllar.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, STP1517-2021, ago. 05/2021 Rad. 743859. M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP516-2023, nov, 19/2023 Rad. 64879 M.P. Fernando León Bolaños Palacios.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal SP112-2024, feb, 7/2024 Rad. 63450 M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, jul, 7/1999 Rad. 15956 M.P. Carlos Mejía Escobar.

Ley 906 de 2004: «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal», art.8 y 30.

[1] Abogada de la Universidad El Bosque. Realizó sus prácticas universitarias en el área de Operaciones de MPa Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos donde adquirió experiencia en labores de estrados y en vigilancia estratégica en audiencias de interés nacional. Además, ha apoyado el área de Compliance en organizaciones del sector de prestación de servicios públicos domiciliarios.

[2] CSJ, STP11125-2018 (Rad. 642016).

[3] C. Const., Sent C-025.

[4] Artículo 8: «j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas; k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate».

[5] Artículo 130: «Además de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, de la Constitución Política y de la ley, en especial de los previstos en el art. 8.° de este código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condición. En todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella».

[6] Sirley Paola Toro Restrepo, «Acceso a elementos materiales probatorios por parte de la defensa técnica y material en la etapa preliminar del proceso penal acusatorio en Colombia regido por la Ley 906 de 2004» (Tesis para optar el título de Abogado, Universidad Católica de Colombia, 2021), 2-5, https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/58816e28-f7ed-4c11-81e5-0ac17f1f9541.

[7] CSJ, SP112-2024 (Rad. 63450).

[8] Sirley Paola Toro Restrepo, «Acceso a elementos materiales probatorios por parte de la defensa técnica y material en la etapa preliminar del proceso penal acusatorio en Colombia regido por la Ley 906 de 2004»  (Tesis para optar el titulo de Abogado, Universidad Católica de Colombia, 2021), 2-5, https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/58816e28-f7ed-4c11-81e5-0ac17f1f9541

[9] CSJ, STP1517-2021 (Rad. 743859) / CSJ AP410517 (Rad.15956), entre otros.