¿La Ley 1908 de 2018 impuso restricción a la víctima para conocer el contenido de la indagación penal?

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Daniel Santiago Guio Díaz[1]

La Ley 1908 de 2018 adicionó el Artículo 212B al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Dicha disposición, a pesar de estar en una normativa que regula el procedimiento específico para los miembros de los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y de los Grupos Armados Organizados (GAO), no delimita expresamente su ámbito de aplicación y se ha aplicado, en algunos casos, en contra del derecho de la víctima de acceder al expediente judicial, posiblemente contrariando los desarrollos jurisprudenciales en relación con la materia.

Sumario:

I. Introducción II. La reserva del Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018 III. Acceso a la indagación penal como derecho de las víctimas IV. Toma de postura V. Desarrollos recientes VI. Reflexión final VII. Bibliografía.

I. Introducción

Tras evaluar las herramientas procesales y de investigación disponibles para enfrentar los fenómenos criminales, el Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, identificó la necesidad de implementar un proceso diferencial en materia de crimen organizado[2].

La iniciativa derivada del Acuerdo de Paz[3], firmado el 24 de noviembre de 2016 con las FARC[4], se materializó legislativamente con la expedición, por parte del Congreso de la República, de la Ley 1908 del 9 de julio de 2018, por medio de la cual se ha pretendido fortalecer la investigación, judicialización y sujeción a la justicia de las organizaciones criminales. Ahora bien, la Ley que nos ocupa ha definido a estas organizaciones como grupos de delincuencia organizada (en adelante, GDO) y, también, como grupos armados organizados (en adelante, GAO).[5]

Dentro de las novedades de esta Ley, vale la pena destacar: el asesoramiento a los GDO y GAO, las consecuencias de los pagos recibidos por esta asesoría[6], los requisitos generales de la legalización de captura[7], el término de detención preventiva[8], la presunción de ilegalidad de los bienes de los GDO y los GAO[9], y la restricción de cuentas bancarias y de operaciones en efectivo para quienes se beneficien de la libertad condicional[10]. Las modificaciones que establece la Ley 1908 de 2018, obligan a cuestionarse si verdaderamente estamos ante un tercer procedimiento penal que se suma al de la Ley 906 de 2004 y al de la Ley 1826 de 2017, o si estamos ante disposiciones que serán aplicadas en todos los procesos penales bajo el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

Más allá de lo reseñado en los párrafos anteriores en relación con la Ley 1908 de 2019 y con los instrumentos internacionales en los que ésta se sustenta[11],  se debe mencionar que, a través del Artículo 22 de esta norma, se introdujo el Artículo 212B al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el cual indica, en su primer inciso, que la indagación será reservada[12], sin delimitar su ámbito de aplicación.

El Artículo 212B, cuya exequibilidad ya fue demandada ante la Corte Constitucional[13], ha sido aplicado en algunos casos para oponerse a que las víctimas accedan al contenido de la indagación penal. Este uso de la norma se ha dado, sobre todo, en procesos que no están regulados por los preceptos específicos de la Ley 1908 de 2018 y que, más bien, se circunscriben al procedimiento general contemplado en la Ley 906 de 2004.

Dicho lo anterior, esta columna se centrará en analizar la aplicabilidad, a las víctimas, de la reserva prevista en el Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018. En un primer momento, se buscará definir y encuadrar en el procedimiento penal lo que se entiende por indagación. Luego, y a propósito de las acciones públicas de inconstitucionalidad que al momento de escribir estas líneas están siendo tramitadas en la Corte Constitucional, se examinará si la reserva —que se ha opuesto a las víctimas con base en la norma objeto de estudio— es constitucionalmente viable de conformidad con los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales en los que se ha reconocido el derecho, a favor de las víctimas, de acceder a la indagación penal.

II. La reserva del Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018

El Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018 establece, textualmente, que ha de adicionarse “el Artículo 212B a la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: ‘Reserva de la actuación penal. La indagación será reservada. En todo caso, la Fiscalía podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general’. La reserva contemplada en esta disposición, más allá de no precisar a quién va dirigida específicamente (aspecto en el que profundizaremos luego), exige que se acote con exactitud su alcance para que, así, se pueda entender qué etapa del proceso penal, según este Artículo, es reservada. 

Pues bien, el proceso penal, contemplado en la Ley 906 de 2004[14], “tiene dos etapas claramente definidas: una es la investigación, de la que además forma parte la fase de indagación; la otra (etapa) es la de juicio”[15]. La Fiscalía General de la Nación (en adelante, FGN) establece que la indagación comienza con la noticia criminal[16] y termina con la formulación de imputación[17]. Luego de este momento, se da lugar a la investigación propiamente dicha, que concluye con la presentación del escrito de acusación. A partir de entonces, se inicia la etapa de juicio[18].

Esta división en etapas ha sido respaldada por la Corte Suprema de Justicia, pues entiende que la indagación es un estadio preliminar del proceso penal y que, concluida la indagación, el fiscal se ve obligado a tomar la determinación bien de archivar, bien de solicitar la preclusión o bien de formular imputación[19]. Habiendo aclarado que el espectro de aplicación del Artículo 212B inicia desde la recepción de la noticia criminal y va hasta la formulación de imputación[20], el objeto de análisis pasa a ser a quién va dirigida la reserva.

Empecemos, entonces, por remitirnos a la exposición de motivos. En principio, la disposición que nos ocupa estaba consagrada en el Artículo 19 del proyecto de Ley 198 de 2018 del Senado. En la exposición de motivos, al referirse a la reserva de la indagación, el Ministro de Justicia y del Derecho de la época, indicó lo siguiente:

La reserva de la actuación penal evitará que las organizaciones criminales actúen en contra de los funcionarios judiciales que adelantan los procesos y las investigaciones penales o [que] interfieran con el curso normal de los procedimientos que deben finalizar con la desestructuración de las bandas delincuenciales y el castigo eficaz contra sus miembros. De esta forma, se honra el compromiso del Gobierno nacional adquirido en el Acuerdo para la judicialización efectiva de las empresas criminales[21].

Más adelante, con respecto a los antecedentes de reserva de la indagación, manifestó que: 

Podría pensarse que la reserva de la indagación penal que introduce esta nueva disposición es novedosa y transgrede la Constitución. Pero ninguna de las dos cosas es cierta. En primer lugar, tanto la Ley 906 de 2004 (149 y subsiguientes) como la 975 de 2005 (Artículo 17)[22], contienen disposiciones que autorizan la reserva en la etapa de investigación de [sic] penal, incluso para los sujetos procesales. Además, el Artículo 250 de la Constitución es clara [sic] en afirmar que la indagación corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Por consiguiente, la reserva que se establece en este proyecto no es nueva y es totalmente compatible con la Constitución.

Por consiguiente, la reserva de la actuación no desconoce ningún mandato constitucional. Por el contrario, los desarrolla en tanto que la Constitución obliga a la Fiscalía a indagar e investigar las conductas punibles para idear su estrategia jurídica frente al presunto responsable del delito. La finalidad del nuevo artículo es enfatizar y hacer regla el hecho, reconocido por la jurisprudencia constitucional, de que la indagación es reservada y las decisiones sobre la publicación de información están sujetas a la estrategia jurídica de la Fiscalía [23]. 

Es de anotar que, en la exposición de motivos, no se definió con claridad a quién estaría dirigida la reserva. Se podría decir, más bien, que la norma sancionada heredó una configuración legislativa generalizada que no delimitó su ámbito de aplicación. Se afirma lo anterior porque no se encuentra, en la exposición de motivos, indicaciones claras para saber si en los procesos a los que se refiere el Proyecto de Ley, se aplicaría la reserva de la indagación a la víctima y a la defensa indistintamente, o si solo sería aplicable a una de las dos partes. Una indeterminación de esta naturaleza quedó reflejada en la norma que, finalmente, se sancionó. De hecho, nuestro principal cuestionamiento emerge en este punto, pues la no diferenciación para quién es reservada la indagación penal, produce automáticamente un ámbito de aplicación muy amplio.

El análisis anterior se realizó con el propósito de evidenciar que el Artículo 22 de la Ley 1908 se ha aplicado en contra de las víctimas[24] cuando se solicitan copias de la indagación penal en procesos regulados íntegramente por la Ley 906 de 2004[25]. De allí la necesidad de aclarar si la aplicación de dicha reserva en contra de las víctimas es válida con base en la jurisprudencia que regula la materia, más aún cuando el ámbito de aplicación de la norma estudiada no ha sido delimitado.

III. Acceso a la indagación penal como derecho de las víctimas

Intentar comprender la relevancia del papel de la víctima en el proceso penal, obliga a acudir a un marco constitucional[26] y de derecho internacional[27] dispuesto a su favor. Con el fin de determinar la posición que la víctima ocupa en el proceso penal, es necesario, además, acudir al concepto de tutela judicial efectiva, que ha sido definido por la Corte Constitucional en los siguientes términos:

(…) posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes[28].

El derecho a la tutela judicial efectiva está relacionado con el derecho que tiene la víctima a acceder a la verdad y a la información[29]. Este derecho ha sido reconocido desde antes de la expedición de la Ley 906 de 2004. La Corte Constitucional se manifestó, con respecto a la participación de la parte civil en el proceso penal, del modo siguiente:

(N)o permitirle a la parte civil (actualmente víctimas) actuar durante esta etapa o exigir que el acceso al expediente sólo pueda hacerlo mediante un derecho de petición, puede llevar a conculcar definitivamente sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Tales limitaciones, por lo tanto, constituyen una afectación grave del derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima de un hecho punible[30].

En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia[31], ha mantenido ampliamente la línea jurisprudencial puntualizando que:

La autorización de permitir a las víctimas acceder, mediante la obtención de copias, a los registros de las actuaciones adelantadas durante la fase de indagación o investigación preliminar no es que resquebraje la estructura del sistema penal acusatorio. Antes bien, ello posibilita el goce pleno de los derechos de dicho interviniente, al conocer de primera mano los elementos probatorios recaudados por la fiscalía, con lo cual podrá contribuir al aporte de otros que solidifiquen la eventual formulación de la imputación y de la acusación[32].

Además de todo lo anterior, es necesario referirse a lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-454 de 2006, en donde, luego de haber delimitado las facultades que tiene la víctima, indicó que este actor tiene derecho a que se le garantice la comunicación e información y que, en caso de que esta postura sea recortada, se le estaría truncando el derecho de acceso a la justicia.

Según la Corte Constitucional, la garantía de comunicación e información que tienen las víctimas se proyecta en dos ámbitos. El primer ámbito indica que pueden acceder a “información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal”[33] y el segundo ámbito indica que pueden acceder a “información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito, que forma parte del derecho “a saber.”[34]

En la misma Sentencia C-454 se indicó, además, que los dos elementos anteriormente mencionados se materializan con la posibilidad de acceder al expediente o a las diligencias desde sus primeros desarrollos. Sumado a lo anterior, para la Corte Constitucional, desde el 2006[35], la interconexión e interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación exige que la garantía de información y comunicación se satisfaga desde el primer momento, esto es, cuando las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación[36]. Dentro del mismo pronunciamiento, se dijo que para “un acceso pleno de la víctima a las diligencias, o expediente si existiere, desde el comienzo de las indagaciones, es aplicable al actual régimen de investigación (…)”[37]. En vista de ello, es clara la facultad que le otorgó la Corte Constitucional a las víctimas para que tuvieran pleno acceso a la carpeta que contiene la indagación penal.

Ahora bien, la Corte Constitucional, en Sentencia C-209 de 2007, presentó nuevamente acápites relacionados con la participación de la víctima en el proceso penal. Se estableció al respecto que víctimas y Fiscalía construyen conjuntamente el caso como unidad de acusación. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en el mismo sentido al hablar de la posibilidad de solicitar información a la Fiscalía y construir conjuntamente la hipótesis del caso[38].

Resultado de lo anterior, es necesario indicar que las decisiones de condicionamiento en los juicios de exequibilidad de la Corte Constitucional[39] se ubican en el mismo rango de la norma y son vinculantes en todo sentido. De allí que el problema de esta norma sea la falta de delimitación de su ámbito de aplicación, pues esa carencia, al parecer, ha llevado a que se desconozca la jurisprudencia citada anteriormente en relación con el derecho de las víctimas de acceder a la indagación penal. 

IV. Toma de postura

Analizadas de manera general las disposiciones de la Ley 1908 de 2018, podríamos afirmar, preliminarmente, que nos encontramos ante un tercer proceso penal que se suma al de la Ley 906 de 2004 y al de la Ley 1826 de 2017. Basta con ver la especificidad de la norma, en relación con los sujetos a los cuales está dirigida, para entender que las novedades reseñadas obligan a los operadores judiciales a interpretar y a aplicar su contenido específico en los procesos que involucren a los GAO y a los GDO.

Con respecto al Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018, debemos decir que, sin tener en cuenta lo dicho por las altas cortes en torno al derecho de las víctimas de acceder al contenido de la indagación[40], en la exposición de motivos de dicha ley, se da como regla algo que supuestamente estableció la Corte Constitucional sobre la reserva de la indagación para todos quienes intervienen en el proceso penal.[41] En la exposición de motivos, al hablar de la finalidad de este Artículo, se daba a entender que la reserva se establecía por el riesgo de que las organizaciones criminales actuaran en contra de los funcionarios judiciales. Esto, desde luego, es plausible y, además, proporciona una razón adicional a la posición que sostiene que la reserva de la indagación penal no se opone a las víctimas. Sin embargo, la exposición de motivos concluyó indicando que la reserva de la indagación también aplicaba para las víctimas[42].

Esta situación supone un retroceso en el reconocimiento que hicieron las altas cortes del derecho de las víctimas de acceder a la justicia y de conocer el expediente. En ese sentido, no se hace más que colmar el sistema de inseguridad jurídica, pues, por un lado, existen fundamentos jurisprudenciales que reconocen el derecho de la víctima de acceder a la indagación penal y, por el otro lado, prevalece legislación que contraría esos desarrollos.

El análisis del Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018, desde su concepción legislativa, indica que faltó profundización de parte del Congreso de la República respecto de la validez de aplicar esa norma en contra de la víctima. En vista de la inseguridad jurídica que generó este Artículo, se demandó, como se había dicho atrás, su inconstitucionalidad. Ahora, en un proceso como el de la Ley 1908 de 2018, se entiende por qué la indagación debe ser reservada para el indiciado, en tanto se abrirían en su favor las hipótesis y demás elementos de prueba con los que contaría la fiscalía para procesarlo. Dicha reserva puede ser aplicada, sin dejar de lado los desarrollos jurisprudenciales en relación con el ejercicio de la defensa técnica y su intemporalidad[43].

Con todo, la reserva de la indagación, en ningún caso, puede ser oponible a la víctima, pues es este actor particular quien tiene el derecho fundamental de acceder a la verdad y a la justicia. Por ello, la víctima es la más interesada en apoyar al ente acusador en la indagación[44].

Se puede concluir, entonces, que el problema de la norma analizada en esta columna parte de la falta de delimitación en su ámbito de aplicación. La cuestión, con base en lo analizado, es que la reserva de la indagación no debería ser alegada en contra de la víctima en ninguno de los tres procedimientos anteriormente señalados, es decir, ni bajo la Ley 906 de 2004, ni bajo la 1826 de 2017, ni bajo la 1908 de 2018.

Se sostiene que la reserva de la indagación no debería ser alegada en contra de la víctima, por cuanto el derecho de estos actores de acceder al expediente, no se deriva de ninguna de las normas mencionadas en este texto, sino que tiene sustento en el marco constitucional colombiano. En ese sentido, erraría quien llegue a aplicar esta reserva a la víctima, inclusive en el marco de la Ley 1908 de 2018, pues se estarían desconociendo disposiciones jurisprudenciales de rango constitucional que prevalecen sobre la ley[45].

V. Desarrollos recientes

Con posterioridad a la preparación de las líneas hasta aquí leídas[46], la Corte Constitucional expidió sendas sentencias, en las que reafirmaba, parcialmente, la posición de nuestro escrito.

En primer lugar, la Corte, en Sentencia C-559 de 2019, en la cual analizó la constitucionalidad del artículo estudiado en este documento, declaró exequible condicionalmente el “artículo 22 de la Ley 1908 de 2018, por medio del cual se adicionó el artículo 212B a la Ley 906 de 2004, bajo el entendido de que la restricción a que alude podrá aplicarse únicamente en los casos en que se tenga noticia de un acto delictivo cometido por los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados a los que se refiere la Ley 1908 de 2018”[47].

En dicha sentencia, se reiteró lo dicho en el 2008 en el sentido de indicar que “la etapa de la investigación penal es reservada respecto de la comunidad en general, pero no en relación con las víctimas, quienes pueden conocer las diligencias dirigidas a indagar sobre la verdad de lo sucedido para hacer eficaz la justicia del Estado”[48]. Sin embargo, bajo otra perspectiva, al confrontar esa afirmación con lo establecido en la Ley 1908 de 2018, la Corte manifestó que la restricción establecida en esa Ley, sí aplicaría a la víctima, en el entendido de que “si bien tiene derecho a enterarse de la noticia y del respectivo inicio de la investigación, ello no incluye aquellos documentos, evidencias físicas, elementos materiales probatorios, etc., que, […], puedan implicar un riesgo para la investigación o seguridad nacional, incluso los programas metodológicos”[49].

Así pues, al menos en lo que tiene que ver con los procedimientos de la Ley 1908 de 2018, consideramos que se ha regulado gran parte de la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de Justicia en relación con la posibilidad que tiene la víctima de acceder al contenido de la indagación.

En segundo lugar, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-374 de 2020, sin hacer una mención expresa a la Sentencia C-559 de 2020, analizó esa restricción impuesta a la víctima bajo la Ley 1908 de 2018, pero ahora en un proceso de Ley 906 de 2004. Conclusión: la misma, aunque con algo adicional. Se impuso restricción a la víctima para conocer el contenido completo de la indagación, en el sentido de que no puede acceder a información clasificada o sujeta a reserva y que, en caso de solicitar dicho acceso, la fiscalía tiene que justificar su negativa de acceder a dicha petición[50].

En relación con el contenido de las Sentencias C-559 de 2019 y T-374 de 2020[51], tenemos varios comentarios personales y generales para la reflexión de nuestros lectores.

Primero: En nuestro sentir, la línea de la Corte relacionada con el derecho de las víctimas de acceder al expediente en la indagación penal, en desarrollo de su derecho a saber y de su derecho a la verdad, ha sido delimitado con estas dos últimas sentencias.

Segundo: Si bien el derecho de la víctima de acceder al expediente, según nuestro estudio, se reconocía de manera plena, hoy se ha limitado mediante fórmulas abstractas cuya aplicación concreta depende de la interpretación del funcionario que reciba la solicitud de copias de parte de la víctima. En ese sentido, falta aún precisión a la limitación impuesta a las víctimas, la cual irá surgiendo a medida que se presenten nuevos casos.

Tercero: La Corte Constitucional, con estas dos últimas sentencias, ha regulado una situación que nació con su propia jurisprudencia y con la de la Corte Suprema de Justicia. Por esa vía, les otorgaron derechos a las víctimas que no estaban reconocidos legalmente. Al respecto, en sus estudios posteriores, la Corte Constitucional se percató de que, en el caso del acceso al expediente en la indagación, esa facultad, concedida jurisprudencialmente, era desmedida[52] y, por lo mismo, debía ser regulada.

Cuarto: Al regular este derecho concedido a la víctima, la decisión de la Corte Constitucional adquiere un costo administrativo. En efecto, genera un trámite más para la Fiscalía General de la Nación, la cual, de ahora en adelante, cuando considere que la información a la cual se solicita el acceso es reservada, deberá motivar su decisión. Lo anterior, sin referirnos a la carga adicional que podrán recibir los jueces de control de garantías, relacionada con esta clase de solicitudes; carga que, en todo caso, probablemente será menor que la de la Fiscalía General de la Nación.

Por último, la Corte Constitucional, en estas dos sentencias, no ha hecho otra cosa que regular progresivamente los derechos de la víctima, los cuales se tienen que analizar de manera integradora con las demás normas que surgen en nuestro ordenamiento. Consideramos que la regulación va por buen camino y que, a pesar del costo administrativo de las decisiones expedidas recientemente, tanto a la Fiscalía, como a la víctima, se les han brindado herramientas idóneas, respectivamente, para no vulnerar derechos de manera injustificada, pero también, para no abusar de ellos.

VI. Reflexión final

La falta de delimitación del Artículo 212B de la Ley 906 de 2004, introducido por el Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018, ha dado lugar al desconocimiento del derecho de la víctima de acceder a la indagación penal. De haberse analizado oportunamente, se habría evitado el desgaste del aparato jurisdiccional a través de la Corte Constitucional, para que delimitara el alcance del artículo referido.

Esperamos que las jurisprudencias recopiladas y analizadas sean útiles en el día a día de las víctimas en un proceso penal, para oponerse a que se les aplique la reserva de la indagación del Artículo 212B de la Ley 906 de 2004.[53]

En definitiva, aspiramos, a pesar de la disparidad de criterios acerca de las intervenciones ciudadanas en el proceso de constitucionalidad del articulo analizado[54], que la Corte Constitucional declare inexequible el Artículo 22 de la Ley 1908 de 2018 que adicionó el Artículo 212B a la Ley 906 de 2004 con fundamento en la jurisprudencia en que ha sido expedida en favor de las víctimas. En caso de que esto no sea procedente, se espera que, en el peor de los casos, se declare su exequibilidad condicionada, en el entendido de que la reserva de la indagación penal no aplica para la víctima, de conformidad con las interpretaciones jurisprudenciales al respecto.

VII. Bibliografía

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COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Rad. 64294. (16, enero, 2013). M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.

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GUIO DÍAZ, Daniel. ¿La Ley 1908 de 2018 impuso restricción a la víctima para conocer el contenido de la indagación penal? En: Derecho Penal Corporativo: Reflexiones de Primera Línea. 1ra edición. Bogotá: Ediciones jurídicas Andrés Morales, 2019. Página 295 – 310.

TORRES, Javier. Corte Constitucional precisa el alcance del derecho de las víctimas a acceder al expediente. En: Diálogos Punitivos. Bogotá, diciembre de 2020. Boletín no. 17. [Consultado 22 de enero de 2021]. Disponible en https://www.primeralinea.co/corte-constitucional-precisa-el-alcance-del-derecho-de-las-victimas-a-acceder-al-expediente/

[1] Abogado de la firma MPa Derecho Penal Corporativo, graduado de pregrado de la Universidad Sergio Arboleda y perteneciente al programa de honores de la misma universidad. Especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes con curso de formación ejecutiva en Gestión de Riesgos Corporativos de la misma universidad. Se desempeña, en la firma MPa, en planes de defensa corporativa, programas de cumplimiento, instrumentalización de decisiones, estructuración de medidas de gobierno corporativo y apoyo a la gestión en materia de libro blanco.

[2] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. SENADO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 198/18 Senado. Ministerio de Justicia y del Derecho. Exposición de motivos: Gaceta No. 84/2018 (21, marzo, 2018). Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia. expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones. p.11.

[3] COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA – FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (24, agosto, 2016). p. 50 y ss.; El Proyecto de Ley 198/18 del Senado y la Ley 1908 de 2019, buscaban responder a las exigencias del acuerdo de paz en relación con el punto tres “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas”.

[4] COLOMBIA, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. (1, diciembre, 2016). Comunicado Conjunto No. 8.

[5] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1908 (9, julio, 2018). Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Julio, 2018. No. 50649. Artículo 2.

[6] Ibíd., Artículo 6.

[7] Ley 1908 de 2018. Óp. cit., Artículo 21. Fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-137 de 2019.

[8] Ley 1908 de 2018. Óp. cit., Artículo 23.

[9] Ley 1908 de 2018. Óp. cit., Artículo 30.

[10] Ley 1908 de 2018. Óp. cit., Artículo 30-A.

[11] ESTADOS UNIDOS. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Resolución 55/25 (15, noviembre, 2000). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos – Convención de Palermo. Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2003. Nueva York, 2004.; aprobada por: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 800 (18, marzo, 2003). Por medio de la cual se aprueban la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Diario Oficial. Bogotá, 2003. no. 45131.

[12] Ley 1908 de 2018. Óp. cit., Artículo 22. Adiciónese el Artículo 212B a la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: Reserva de la actuación penal. La indagación será reservada. En todo caso, la Fiscalía podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general.

[13] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Rad. No. 13167, Auto de admisión y acumulación (21, mayo, 2019). Acción pública de inconstitucionalidad. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

[14] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906 (31, agosto, 2004). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial. Bogotá, 2004. no. 45658. Revisar estructura general del proceso penal cuando se refiere a: indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delito.

[15] AVELLA FRANCO, Pedro. Estructura del proceso penal acusatorio. Escuela de estudios e investigaciones criminalísticas y ciencias forenses. Fiscalía General de la Nación. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2007. p. 61.

[16] Ley 906 de 2004. Óp. cit., denuncia (Art. 67 al 69); querella (Art. 69 al 74); petición especial (Art. 75), y; actos urgentes (Art. 205).

[17] Ley 906 de 2004. Óp. cit., Artículo 175, parágrafo primero y segundo sobre duración de la fase de indagación y término para formular imputación.

[18] Ley 906 de 2004. Óp. cit., Artículo 175, incisos primero y segundo sobre la duración de la fase de investigación y término para presentar escrito de acusación.

[19] COLOMBIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 50053 sentencia (23, enero, 2019). M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.; COLOMBIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 52706 auto interlocutorio (10, abril, 2019). M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.

[20] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. T-049 de 2008 sentencia (24, enero, 2008). M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre la reserva de la indagación y su levantamiento.

[21] Proyecto de Ley 198/2018. Op. cit., p. 41 y 42.

[22] Proyecto de Ley 198/2018. Op. cit., p. 41 y 42.

[23] Ibíd., p. 57.

[24] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá, 1991. no. 116. Artículo 250 # 7. Ley 906 de 2004. Op. cit., Art. 11, 22 y 132.

[25] Por ejemplo: “(…) en lo que respecta a que le entreguen copias de la carpeta del caso, no se accederá a dicha petición, dado que el mismo Legislador a través de la Ley 1908 de 2018, adicionó el artículo 212B al Código de Procedimiento Penal, en la [sic] cual establece que: “La indagación será reservada” y prevé que solamente por motivos de interés general se podrá divulgar la información.” Téngase en cuenta además que en la respuesta se hizo referencia a sentencia C-037 de 1996 para interpretar contenido de ley de 22 años después.

[26] Constitución Política de Colombia. Óp. cit., Arts. 29, 93 y 229.

[27] ESTADOS UNIDOS, ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en IX Conferencia Internacional Americana. Bogotá. 1948. Art. 25; ESTADOS UNIDOS, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 2200 A (XX1) (16, diciembre, 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. Nueva York, 1976. Art. 2 # 3.; aprobada por: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 74 (26, diciembre, 1968). Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”. Diario Oficial. Bogotá, 1968. no. 32682. ESTADOS UNIDOS, ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.  Convención Americana sobre Derecho Humanos. (22, noviembre, 1969). Suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32). Entrada en vigor: 18 de julio de 1978. Arts. 8 # 1 y 25 # 1.; aprobada por: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 16 (30, diciembre, 1972). Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969″. Diario Oficial. Bogotá. 1973. No. 33780.

[28] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-454. (7, junio, 2006). M.P. Jaime Córdoba Triviño.; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-279. (15, mayo, 2013). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[29]COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-454 de 2006. Óp. cit.

[30] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-228. (3, abril, 2002). M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.

[31] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 59477 sentencia (29, marzo, 2012). M.P. Fernando Castro Caballero.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 64294 sentencia (16, enero, 2013). M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 66567 sentencia (30, abril, 2013). M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 89353 sentencia (5, diciembre, 2016). M.P. Eyder Patiño Cabrera.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 91629 sentencia (18, mayo, 2017). M.P. Eyder Patiño Cabrera.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 97626 sentencia (5, abril, 2018). M.P. Eyder Patiño Cabrera.

[32] Ibíd., Rad. 59477 sentencia.

[33] Sentencia C-454 de 2006. Óp. cit.

[34] Sentencia C-454 de 2006. Óp. cit.

[35] Línea jurisprudencial sostenida en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-516 de 2007 sentencia. (11, julio, 2007). M.P. Jaime Córdoba Triviño.; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-473 de 2016 sentencia. (31, agosto, 2016). M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[36] Sentencia C-454 de 2006. Óp. cit.

[37] Sentencia C-454 de 2006. Óp. cit.

[38] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 37596 sentencia (7, diciembre, 2011). M.P. José Luis Barceló Camacho.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad. 45339 auto interlocutorio (11, marzo, 2015). M.P. Patricia Salazar Cuellar.

[39] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-335 de 2008 sentencia (16, abril, 2008). M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[40] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-228 de 2002. Op. cit.; Sentencia C-454 de 2006. Op. cit.; Sentencia C-516 de 2007. Op. cit.; Sentencia C-279 de 2013. Op. cit.; Sentencia C-473 de 2016. Op. cit. COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Rad. 59477 sentencia. Op. cit.; Rad. 64294 sentencia. Op. cit.; Rad. 66567 sentencia. Op. cit.; Rad. 89353 sentencia. Op. cit.; entre otras.

[41] Proyecto de Ley 198/2018. Op. cit., p. 42.

[42] Proyecto de Ley 198/2018. Op. cit., p. 42.

[43] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-799 de 2005 sentencia (2, agosto, 2005). M.P. Jaime Araujo Rentería.; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-127 de 2011 sentencia (2, marzo, 2011). M.P. María Victoria Calle Correa.; A su vez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha recogido línea jurisprudencial en relación con derecho de la defensa a acceder a ciertas piezas de la indagación, en desarrollo de la intemporalidad del ejercicio de la defensa técnica: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad T103148 sentencia (12, marzo, 2019). M.P. Patricia Salazar Cuellar.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SP. Rad T104814 sentencia (11, junio, 2019). M.P. Eugenio Fernández Carlier.

[44] Rad. 59477 sentencia. Op. Cit.

[45] Ibíd., Sentencia C-335 de 2008.

[46] GUIO DÍAZ, Daniel. ¿La Ley 1908 de 2018 impuso restricción a la víctima para conocer el contenido de la indagación penal? En: Derecho Penal Corporativo: Reflexiones de Primera Línea. 1ra edición. Bogotá: Ediciones jurídicas Andrés Morales, 2019. Página 295 – 310.

[47] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-559. (20, noviembre, 2019). M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

[48] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-049 de 2008. Óp. cit.

[49] Ibíd.

[50] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-374 (1, septiembre, 2020). M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[51] Contenido analizado por TORRES, Javier. Corte Constitucional precisa el alcance del derecho de las víctimas a acceder al expediente. En: Diálogos Punitivos. Bogotá, diciembre de 2020. Boletín no. 17. [Consultado 22 de enero de 2021]. Disponible en https://www.primeralinea.co/corte-constitucional-precisa-el-alcance-del-derecho-de-las-victimas-a-acceder-al-expediente/

[52] Piénsese en casos en los que la víctima tenía acceso al contenido de interceptaciones realizadas que no tenían relación con la hipótesis investigada o en procesos adelantados en contra de militares por falsos positivos, en los que, a través de interceptaciones, se podía tener información sobre planes de seguridad nacional. De ahí la limitación.

[53] Óp. cit. 40.

[54] Rad. No. 13167, acción pública de inconstitucionalidad. Óp. cit.