Mauricio Pava Lugo[1]
Acudir a los tribunales judiciales nunca ha sido fácil. Para el caso de los abogados, son años de estudio e, idealmente, mucha preparación para representar intereses ajenos frente a un funcionario judicial. Con respecto a los ciudadanos, la mayoría de las veces se requiere de recursos económicos para sufragar la gestión jurídica de un proceso. En ambos casos, es necesario contar con tiempo, dedicación y mucha paciencia para obtener una decisión en derecho. De esta manera, las personas se presentan ante el aparato judicial para hacer valer sus derechos, y el Estado gestiona el conflicto de y con sus ciudadanos en el sistema judicial que administra.
Desde mis años de pregrado, en varias ocasiones he oído de profesores, de cuya integridad nunca he dudado, la siguiente frase: «Más vale un metro de amistad que un kilómetro de justicia». Luego de más de veinticinco años de ejercicio litigioso del derecho, ¿qué significado tiene para mí esta frase? Solo se me ocurren dos, i) la importancia de ser empático en la resolución de los conflictos, o ii) lo determinante que son las «buenas amistades» para obtener una decisión favorable en un proceso judicial.
El primero es legitimo y acertado. Bien sea en un escenario laboral, familiar, social, sentimental, si surge una controversia con otra persona, se puede resolver a través de la comprensión y la empatía, sin necesidad de acudir a un proceso judicial, o, de acudirse, los arreglos amigables son ideales. El otro significado me parece opaco y, con la perspectiva de los años, dañino para todos. Sufre el aparato judicial, porque mina su legitimidad y la ciudadanía cada vez cree menos en este y, en consecuencia, la «ley» pierde valor. Sufre nuestra profesión, porque si el número de amigos y la ausencia de escrúpulos para «pedir favores» dominan la resolución de los litigios, los abogados dejan de ser abogados y se convierten en relacionistas o cabilderos, por decir lo menos. Sufren los ciudadanos que acuden a la justicia, pues el uso de recursos, la intensidad en el litigio y la exigencia implacable de garantías se tornan incómodas o son consideradas hostiles, ya que, en un ambiente dominado por los «favores», los abogados o los ciudadanos que exigen derechos o confrontan en el desacuerdo, son molestos.
Naturalmente, las buenas maneras y la cortesía están fuera de toda discusión, pero si nos acostumbramos o preferimos un litigio a partir de favores y amiguismos le abrimos las puertas de nuevo a otras prácticas —sí nefastas— como el tristemente «cartel de la toga». Cada vez que, en un litigio se argumenta y se contra argumenta con intensidad, se exigen derechos y se protesta con la interposición de recursos, se fortalece nuestro modelo de justicia, porque ese debate generalmente gira alrededor de la ley, y la justicia vuelve a ser, de nuevo, así sea por un momento, la diosa ciega e imparcial.
En esta entrega de Diálogos Punitivos
En este boletín, traemos para ustedes temas de derecho penal especial, empresarial y actualidad probatoria. En concreto:
En nuestra columna de actualidad, Claudia Rozo analiza una reciente sentencia de la Corte Constitucional en donde esta corporación decidió que las audiencias de juicio oral del proceso penal se desarrollarán de forma presencial.
En la columna de interés, Sara González explora el alcance del delito de omisión dentro de la administración desleal, y sienta el debate acerca de si es posible responder penalmente por una omisión dentro de este delito.
Por último, en la columna Entre líneas, Mar Domínguez estudia la posible responsabilidad penal por sesgos cognitivos en el ámbito empresarial. Se analizan los conceptos de sesgos cognitivos y procesos heurísticos, además de tratar ejemplos de sesgos individuales y grupales.
Esperamos que esta entrega sea de su total agrado y extendemos una cordial invitación para que se suscriban a nuestro boletín académico y a nuestras diferentes redes sociales. Así podrán estar permanentemente enterados sobre el contenido que hemos preparado para ustedes.
[1] Abogado de la Universidad de Caldas. Curso universitario superior en Compliance de la Universidad de Barcelona y especialista en casación penal de la Universidad La Gran Colombia. Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano (2018-2021), de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal de Bogotá (2021-2022) y de la Comisión de Expertos de la Corporación Excelencia en la Justicia. Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal-Capítulo Caldas y asesor para iniciativas legislativas en materia penal del Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) y de la Cámara de Representantes para reformas al Código de Procedimiento Penal (2013- 2018). Profesor de la Universidad de los Andes (2019) y de la Universidad Externado de Colombia (2021). Director del Boletín Académico Diálogos Punitivos.