Los informes de Contraloría tienen valor probatorio en los procesos judiciales, por mandato constitucional. Sin embargo, según esta corporación, su relevancia en el proceso penal no es determinante cuando la conducta investigada no implica necesariamente una afectación patrimonial.
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Andrés Felipe Díaz Arana[1] 2500 años después de Medea, una madre colombiana degolló a sus tres hijos e intentó quitarse la vida. A diferencia de la tragedia griega, esta estuvo precedida de una
María José Jaramillo Vinasco[1] La Corte Constitucional reafirmó la prevalencia del principio de inviolabilidad parlamentaria a pesar de que el Congreso de la República haya incurrido en errores protuberantes al momento de legislar.
Xenia Carolina Madariaga Pérez[1] La sentencia SP 592 de 2022 marca un hito en la jurisprudencia colombiana porque la Corte Suprema de Justicia analiza y enlista los elementos constitutivos para el delito de
Lina María Sandoval Echavarría[1] El delito de aborto en Colombia se remonta a las más antiguas legislaciones penales del país. Sin embargo, se ha venido reinterpretando el alcance y contenido de los derechos
José Carlos Álvarez Villadiego[1] La Sala Penal de la CSJ, en providencia del 9 de diciembre del 2021, reiteró el criterio de equivalencia funcional entre la diligencia de indagatoria (Ley 600 de 2000)
Juan David Palacio González[1] La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró el precedente jurisprudencial de la figura del testimonio adjunto como un medio probatorio excepcional y diferenciado de la prueba
Jacobo Alejandro González Cortés[1] Tras una decisión de segunda instancia, emitida por el Tribunal Superior de Valledupar, y luego de que, en la sustentación del recurso extraordinario de casación, la fiscalía planteara una
María de los Ángeles Ruiz Malaver[1] En el mes de junio, la SIC, bajo sus funciones administrativas, multó a las cámaras de comercio de Montería, Cúcuta y Villavicencio por dos razones: no solicitar
Daniel Santiago Guio Díaz[1] La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 13 de abril de 2021, se ocupó, en sede de apelación, de un
María Alejandra Cortés Gómez [1] La Corte Suprema de Justicia reiteró la decisión respecto a los terceros de buena fe y el momento procesal oportuno para que estos puedan intervenir en la cancelación