COLUMNA DE ACTUALIDAD

La Corte Constitucional reitera la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular

Defender un derecho propio o ajeno contra agresión injustificada proveniente de un TERCERO constituye un eximente de responsabilidad frente a quien ejerce violencia en contra de un servidor público (art. 429 del Código Penal). Sin embargo, es necesario conocer sus elementos y límites para su aplicación en cada caso concreto.

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El Consejo de Estado modificó el criterio sobre consulta previa

Los informes de Contraloría tienen valor probatorio en los procesos judiciales, por mandato constitucional. Sin embargo, según esta corporación, su relevancia en el proceso penal no es determinante cuando la conducta investigada no implica necesariamente una afectación patrimonial.

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