Algunas consideraciones en torno a las dificultades prácticas que presenta el delito de agiotaje, desde la óptica del principio de legalidad, frente a su aplicación práctica
Algunas consideraciones en torno a las dificultades prácticas que presenta el delito de agiotaje, desde la óptica del principio de legalidad, frente a su aplicación práctica
Algunas consideraciones en torno a las dificultades prácticas que presenta el delito de agiotaje, desde la óptica del principio de legalidad, frente a su aplicación práctica
Algunas consideraciones en torno a las dificultades prácticas que presenta el delito de agiotaje, desde la óptica del principio de legalidad, frente a su aplicación práctica
Algunas consideraciones en torno a las dificultades prácticas que presenta el delito de agiotaje, desde la óptica del principio de legalidad, frente a su aplicación práctica
Juan Eduardo Rosales Álvarez[1] La normativa sobre ética o cultura de integridad y cumplimiento y la expedición de leyes con sanciones pecuniarias e, incluso, privativas de la libertad no asegura que los directivos
María de los Ángeles Ruiz Malaver[1] El IRI fue creado por la Ley 906 de 2004 para otorgarle a la víctima un espacio para reclamar sus derechos de justicia, verdad y reparación. Sin
Carlosmario Mora[1] En la actualidad, la mayoría de los empresarios han comprendido el valor y las ventajas de adoptar un programa de cumplimiento para el crecimiento del negocio y la administración del riesgo
Lina María Sandoval Echavarría[1] Existen pocos negocios lícitos que generen exorbitantes ganancias como la industria del fútbol. Detrás de cada equipo profesional, hay una estructura empresarial de alta complejidad e impacto global, la
Andrés Felipe Díaz Arana[1] La Ley 2197 de 2022 modificó, entre otras disposiciones, el numeral 6º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000. Hoy, se presume que cualquier uso de
Paul Cifuentes[1] Este artículo pretende establecer una definición precisa de plagio lingüístico; y ponerlo en clave jurídica, no sólo desde el punto de vista de los derechos de autor, sino también del
Paula Andrea Torres Ortiz [1] En una decisión del 2003, la Corte Suprema de Justicia definió el aporte moral como la presencia definida de una persona en la ejecución del plan criminal que