La IA agéntica no está prohibida ni plenamente amparada, está insuficientemente regulada por el Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura.
El Código de Procedimiento Penal establece que el juez que condena actúa también como segunda instancia de los jueces de ejecución de penas. Esta regla vulnera la garantía convencional a una doble instancia.
No es justo que un procesado condenado por primera vez en casación solo pueda acceder a la impugnación especial, mientras otros tienen derecho tanto a la impugnación como a la casación.
En la criminalidad económico-tributaria, la información interna aportada por socios, directivos, administradores, empleados o colaboradores se ha vuelto un insumo central para detectar conductas, reconstruir operaciones y orientar la persecución penal. Esa «eficiencia» del whistleblowing y de la delación debe matizarse en el proceso penal acusatorio, pues toda versión interesada exige filtros de calidad, contradicción y corroboración externa antes de adquirir relevancia probatoria.
En Colombia, los acuerdos de reestructuración y los procesos de insolvencia, además de ofrecer una alternativa frente a las obligaciones económicas, pueden extinguir la acción penal por omisión del agente retenedor.
Se analiza el alcance real de las facultades investigativas de la SIC y la Supersociedades, la tensión con los derechos fundamentales y el vacío de control constitucional que hoy rodea estas actuaciones administrativas de inspección, vigilancia y control.
Bajo la competencia de la JEP, ¿pueden quedar impunes los delitos cometidos en contra del medio ambiente en el marco del conflicto armado colombiano?
El mercado de valores juega un papel importante en el desarrollo de la economía, razón por la cual es necesario que este tipo de actividades se lleven a cabo de forma transparente. Para esto el legislador decidió sancionar conductas que afecten el mercado.
La industria alimentaria enfrenta el reto de combatir la imitación y adulteración de productos, sobre todo en el sector del agua embotellada. Esta situación afecta la propiedad industrial y pone en peligro la salud pública.
Los deepfakes sexuales constituyen un desafío para el derecho penal colombiano al plantear si vulneran un bien jurídico tutelado o si es necesaria la creación de uno nuevo.
La integración de la inteligencia artificial redefine el rol del oficial de cumplimiento y potencia, de manera ágil y precisa, su capacidad para la detención de riesgos.
El derecho de gracia permite al Estado prescindir de la sanción frente a algunos delitos cometidos por personas naturales, pero no es clara su aplicabilidad en las empresas.
