El derecho de asociación y la responsabilidad penal de los sindicatos desde el derecho comparado

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Ana María Combariza Fernández[1]

En esta columna se explora la atribución de responsabilidad penal de los sindicatos, con una mirada hacia el derecho comparado. Asimismo, se abordan algunos problemas que pueden presentarse en la aplicación de estos modelos de responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones que pueden enfrentar las asociaciones colectivas actualmente en Colombia.

Sumario

(I) Introducción; (II) Regulación española; (III) Latinoamérica; (IV) El caso colombiano; (V) Toma de postura; (VI) Bibliografía.

I. Introducción

El derecho de asociación colectiva es «la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades [gubernamentales] que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho»[2]. Los sindicatos, máximos exponentes del derecho de asociación colectiva, son personas jurídicas que velan por la protección de los derechos laborales de los trabajadores, y que por su importancia poseen un rango de protección convencional, además de estar expresamente descritos en la Constitución[3]. También gozan de independencia de las entidades de la Nación, por lo que basta con el acta de constitución de la agremiación para que este adquiera su personería jurídica[4], como garantía de la creación de las asociaciones. Por otro lado, las asociaciones tienen una regulación sancionatoria de carácter administrativo, determinada en nuestra normatividad laboral[5], que contempla los derechos y obligaciones de los sindicatos en Colombia.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas (en adelante, RPPJ) habilita al Estado a investigar y sancionar conductas lesivas a bienes jurídicamente tutelados cuyos autores o partícipes sean organizaciones o empresas. Esta figura ha generado controversia, pues algunos autores afirman que desde el ámbito político criminal no existe mayor discusión en cuanto a la necesidad de aplicar derecho penal a las personas jurídicas, lo que desde la dogmática puede convertirse en un problema para conceptos tradicionales de la teoría del delito, como son los de acción y culpabilidad[6].

En la actualidad, Colombia no regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, resulta interesante el análisis de esta figura en otras latitudes normativas. En ese sentido, en esta columna se analizará la RPPJ de los sindicatos y el abuso del derecho sindical en países como España, México, Chile, Argentina y Brasil, con el fin de obtener otra perspectiva. Así mismo, se hará referencia a los sindicatos como sujetos de responsabilidad administrativa en Colombia y la responsabilidad penal que recae sobre los representantes legales de estas colectividades. Finalmente se tomará postura.

II. Regulación española

En España, la Ley Orgánica 5/2010[7], que introdujo modificaciones en el Código Penal[8] mediante la adición del artículo 31Bis[9], estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas[10], las sanciones correspondientes y cómo se origina esta responsabilidad en el contexto de las actividades empresariales de sus miembros o los delitos cometidos en su nombre o en su beneficio. Se refiere a actos que infringen los derechos legalmente protegidos por el Estado y los considera como conductas que el sistema legal reprueba en términos penales.

En el artículo 31 bis, en su quinto aparte, delimita los modelos de organización y gestión. Esto imprime en la ley un carácter prevencionista que busca mitigar el riesgo de comisión de delitos en las organizaciones con el fin de reducir las sanciones y la posibilidad de la comisión de delitos dentro de las asociaciones, y salvaguardar los intereses de la sociedad, todo esto por medio de programas de cumplimiento en satisfacción del deber de vigilancia y correcta dirección.

En España, mediante la aprobación de la Ley Orgánica 7/2012, se eliminó esa excepción que se planteó inicialmente en la ley y se permitió que los sindicatos fuesen llamados a responder penalmente, lo que modificó la regulación de la RPPJ. Al respecto, en la exposición de motivos de la ley se delimita que la finalidad es incluir a los partidos políticos y a los sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, y suprimir las excepciones descritas en el artículo 31 bis. Por ello, se extendió a estas dos personas jurídicas la responsabilidad por las actuaciones ilícitas no autorizadas realizadas por ellos mismos, en su propio interés, por sus representantes legales y ejecutivos o por aquellos bajo la supervisión de los anteriores en ausencia de una supervisión adecuada[11].

Al respecto, en una crónica parlamentaria[12], el magistrado del Tribunal Supremo de España, Antonio del Moral García, refirió que tanto la enmienda al mencionado artículo en el que se cuestiona la justificación de este privilegio de excluirse de la RPPJ como la integración de los sindicatos y de los partidos políticos en el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas serían beneficiosas para la regeneración democrática y para combatir la corrupción política[13]. En la crónica se señalan algunas acciones que estos entes asociativos deberían tomar para cumplir con sus deberes en la persecución de la corrupción, «como el establecimiento de filtros y medidas [necesarios] para erradicar a los corruptos de sus listas electorales, la creación de protocolos de minimización de riesgos delictivos y códigos de ética y conducta de sus cargos públicos y responsables orgánicos, y la denuncia y persecución activa de tales conductas en caso de producirse»[14]. Del Moral sostiene en su artículo que incluir a los partidos políticos y sindicatos en el régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas previsto en el Código Penal «… colaboraría de forma importantísima a la persecución y erradicación de la corrupción política, prestigiando estas actividades y, por ende, la calidad de nuestra democracia»[15].

En relación con los sindicatos en España (y en general con las personas jurídicas), en el momento de ser condenados por la comisión de un delito se les aplicarán diversas medidas que el legislador español ha dispuesto para su castigo. Estas medidas se encuentran previstas por el título XV de los delitos contra los trabajadores, en el artículo 318 bis del Código Penal español, donde se incluye a las personas jurídicas como sujetos de responsabilidad penal, y ofrece en este tipo penal una pena de carácter económico, que incrementa su valor cuando la cantidad resultante sea más elevada. En el mismo artículo, determina que se deben atender a las reglas del artículo 66 bis que establece algunos agravantes; por ejemplo, por las «consecuencias económicas y sociales, especialmente los efectos para los trabajadores». Además, los jueces y tribunales pueden imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33, como lo son las inhabilitaciones especiales hasta por cinco años y la privación del derecho a residir en ciertos lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

En la normatividad española se establecen también sanciones como la disolución y la liquidación de la sociedad, la clausura de locales y la suspensión de actividades, entre otras.

En España se han condenado sindicatos que han cometido delitos. Un ejemplo en la aplicación de la RPPJ se dio en el Juzgado de Primera Instancia de Santiago de Compostela que mediante la sentencia 108/2022 condenó al sindicato (CSIF)[16] por lesionar el derecho al honor de Comisiones Obreras de Galicia y UGT Galicia, al publicar un boletín cuyo titular era «CCOO[17] y UGT[18] conocían y ocultaron la intención del PP[19] de imponer la movilidad forzosa». El boletín también contenía la siguiente afirmación: «trabajar en la Xunta y estar afiliado a CCOO y UGT es un delito más grande que pegarle a un padre»[20], razón por la cual la juez condenó  a  la  demandada  a  «eliminar  dicha  publicación  de  la  señalada página web y a publicar de manera íntegra la sentencia en el mismo   medio    utilizado    para    la    difusión    del    boletín y  durante  el  mismo  tiempo  en  que  estuvo  expuesta  la anterior información y además condenó a la demandada […] en concepto de daños y perjuicios»[21].

III. Latinoamérica

Regulación mexicana

En el Código Civil Federal mexicano, se define a las personas jurídicas en el artículo 25 numeral IV, allí se determina que los sindicatos son personas morales[22]. Así, los sindicatos pueden ser sujetos de responsabilidad penal en tanto que sus actos o los de sus miembros puedan ser considerados como delitos. En estos casos se aplicarían las disposiciones generales del Código Penal Federal y la legislación procesal penal mexicana para determinar la responsabilidad y las sanciones correspondientes a las personas jurídicas. Es importante mencionar que la regulación en esta materia puede variar en función de las leyes de cada Estado, por lo que es necesario revisar las normas aplicables en cada caso.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421, dicta que se ejercerá acción penal en contra de las personas jurídicas[23]. Si bien es un desarrollo procedimental amplio, están por fuera elementos teóricos sustanciales importantes como la autoría, la participación, la culpabilidad y los principios de la teoría del delito aplicables a las personas jurídicas[24], y por otro lado, están los elementos de prevención que sí tienen la relevancia en el sistema penal español. Además, este Código agrega una condición para ejercer la acción penal en contra de una persona natural, y es la de haber iniciado ya dicha acción en contra de la persona física que haya sido responsable penalmente al haber cometido un delito. A pesar de estar reglamentada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha no se encontraron condenas a sindicatos en las bases de datos dispuestas por el Estado mexicano para realizar estas consultas.

Regulación chilena

En Chile, la RPPJ se regula principalmente a través de la Ley n.° 20.393[25], que establece las normas para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí se incluye tanto a las personas de derecho privado como las de derecho público o estatales. Se impuso este tipo de responsabilidad para delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional e internacional y corrupción entre particulares, entre otros. En los previstos en el artículo 27 de la Ley n.o 19.913, la responsabilidad penal se constituye cuando alguno de los individuos con autoridad dentro de la empresa, un subordinado o un funcionario con responsabilidades de gestión y supervisión cometa uno de los delitos mencionados en beneficio directo e inmediato de la empresa, y si la empresa no ha puesto en marcha modelos de organización, gestión y supervisión para prevenir estos delitos (llamados modelos de prevención), o si, habiendo implementado tales modelos, resultaron insuficientes.

También en la Ley n.° 20.393 se detallan los elementos esenciales que deben incluir los modelos de prevención, cuya adopción y ejecución efectiva permitirán a las empresas eximirse de la responsabilidad penal establecida. Por último, allí se regulan las circunstancias que pueden reducir o aumentar la responsabilidad, las sanciones aplicables y el proceso legal para enjuiciar la responsabilidad penal de las entidades legales.

Un caso emblemático en Chile relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el caso «Penta»[26], que involucró acusaciones de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de una empresa. Este caso tuvo un impacto significativo en la percepción pública y las discusiones sobre la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país.

Regulación argentina

En Argentina, la RPPJ se regula a través de la Ley n.° 27.401[27], que establece normas específicas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta ley aplica para una amplia gama de personas jurídicas, incluyendo empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades, tanto de carácter privado como público. Para que una persona jurídica sea considerada penalmente responsable se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que el delito haya sido cometido por quienes tengan un alto grado de autoridad en la entidad, como directivos o empleados con facultades de gestión y dirección. Además, se requiere que existan deficiencias en el control y supervisión internos que permitieran la comisión del delito.

Las sanciones para las personas jurídicas pueden implicar multas sustanciales, la disolución de la entidad legal y la prohibición de contratar con el Estado. También se pueden aplicar otras medidas, como la supervisión judicial.  La ley alienta a las personas jurídicas a implementar programas de cumplimiento (compliance) para prevenir la comisión de delitos. Estos programas pueden ayudar a demostrar que la entidad tomó medidas razonables para evitar actividades delictivas.

Un ejemplo de gran relevancia en Argentina en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el caso «Odebrecht»[28]. Este se centra en acusaciones de corrupción vinculadas con contratos de obras públicas. Este acontecimiento ha suscitado un intenso debate sobre la urgencia de fortalecer la normativa que regula la responsabilidad penal de las entidades legales.

Regulación brasileña

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil se rige principalmente por la Ley n.° 12.846/2013, conocida como la «Ley Anticorrupción». La RPPJ se aplica a delitos vinculados con la corrupción, como sobornos, fraude, lavado de dinero y otros actos ilícitos relacionados con la administración pública y con los contratos gubernamentales. Respecto de las sanciones para las personas jurídicas, estas pueden incluir multas significativas, la confiscación de ganancias ilícitas, la publicación de la sentencia condenatoria y la prohibición de contratar con el gobierno por un período determinado. También se pueden imponer otras medidas, como la suspensión de actividades.

Al igual que en Argentina, en Brasil la «Ley Anticorrupción» también aplica programas de cumplimiento que tienen como objetivo prevenir la perpetración de delitos. Estos programas son útiles para evidenciar que la entidad ha adoptado medidas adecuadas para evitar la realización de actividades delictivas. Establece, igualmente, la posibilidad de cooperación con las autoridades en la investigación de delitos. Esto incluye la posibilidad de celebrar acuerdos, en los que una entidad puede proporcionar información y colaborar con la investigación a cambio de ciertos beneficios.

En Brasil, ha habido varios casos importantes relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso Petrobras[29] y el JBS[30] son ejemplos notables que han generado un debate relevante sobre la aplicación de la «Ley Anticorrupción» y la responsabilidad de las empresas en delitos de corrupción.

IV. El caso colombiano

Para entender si es posible atribuir responsabilidad penal a un sindicato es necesario tener en cuenta: A. Las personas jurídicas en Colombia; B. El derecho de asociación sindical y su protección; C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en especial, la de los sindicatos.

A. Las personas jurídicas en Colombia

En Colombia, las personas jurídicas son una ficción legal capaz de adquirir y contraer obligaciones[31]. Hay diferentes tipos de personas jurídicas. Algunas se dedican a la prestación de servicios y actividades económicas o con fines lucrativos[32]. Otras son agrupaciones asociadas con fines sociales específicos, como los sindicatos, los partidos políticos, las corporaciones, las fundaciones de beneficencia pública o las fundaciones sin ánimo de lucro[33]. «Todas estas corporaciones se encuentran reguladas por la legislación civil, como capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente»[34].

Las organizaciones sindicales son personas jurídicas. Estas adquieren la personería jurídica a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, es decir, desde su fundación.[35] En palabras de la Corte Constitucional: «… los trabajadores, sin intervención del Estado, y con el solo hecho de su fundación, en la respectiva asamblea constitutiva, en la que naturalmente quedará el acta de constitución»[36].

B. El derecho de asociación sindical y su protección

El derecho de asociación sindical es la reunión de un grupo de trabajadores «con el fin de mejorar sus condiciones laborales, […] económicas, de seguridad social y de calidad de vida, [mediante negociaciones colectivas], pero garantizando la viabilidad económica de las empresas y el desarrollo sostenible»[37]. En Colombia está constitucionalmente protegido en el artículo 39[38]. Allí se reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos o asociaciones. Este derecho está desarrollado legislativamente en el Código Sustantivo del Trabajo[39]. Además, establece las causales de cancelación o suspensión de la personería jurídica de un sindicato. Esta solo procederá por vía judicial[40], con sujeción a las garantías del debido proceso y al derecho de defensa, y su disolución se produce por las causales descritas en el artículo 401[41] de la normatividad laboral.

El abuso del derecho en el ejercicio sindical

La Corte Constitucional ha definido que se abusa de un derecho constitucional propio cuando el dueño de un derecho comete un abuso del mismo, y lo emplea de manera impropia y desmesurada en contraposición con su propósito fundamental y sus objetivos previstos. En este contexto, se puede considerar que se produce un abuso cuando de forma injustificada perjudica los derechos de otras personas y también cuando el ejercicio de ese derecho excede los límites establecidos por la ley, sin importar si esto resulta en un perjuicio para terceros[42].

La Corte Constitucional planteó mediante sentencia de tutela los eventos en que se configura un abuso del derecho:

Una persona comete abuso del derecho cuando:
(i)obtuvo el derecho de forma legítima, pero lo utiliza para fines contrarios al ordenamiento jurídico;
(ii)se aprovecha de la interpretación de las normas o las reglas, con el fin de obtener resultados no previstos por el ordenamiento jurídico;
(iii)hace un uso inadecuado e irrazonable del derecho, contrario a su contenido esencial y a sus fines; [e]
(iv)invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada desvirtuando el objetivo jurídico que persiguen[43].

En síntesis, el abuso del derecho consiste en la acción desbordada en el ejercicio de un derecho, actuación que puede o no afectar los derechos de otros. En el caso de los sindicatos, existen sentencias de la Corte Constitucional[44], la Corte Suprema de Justicia[45] y el Consejo de Estado[46],  y a pesar de que se han pronunciado en pocas ocasiones sobre este aspecto en materia sindical es claro que en esa materia suelen emplearse conductas contrarias a las normas, o abusivas de los mismos derechos, con el fin de entorpecer el debido ejercicio de los derechos sindicales[47]. Esto significa que en ocasiones los sindicatos han actuado de manera desbordada en el uso y ejercicio de los derechos fundamentales que se les otorgan y, así, afectan los derechos de los demás agentes incursos en un conflicto de carácter colectivo. Por ejemplo, en Colombia en el año 2018 se investigó al presidente de un sindicato por la presunta comisión del delito de pánico económico, al abusar, aparentemente y de forma desproporcionada, de su derecho sindical en la divulgación de información. En este caso, la presunta responsabilidad fue atribuida a la persona natural (el presidente del sindicato), cuando su actuar fue provocado por su rol en la organización, y, por ende, era posible plantear una responsabilidad de la asociación sindical[48].

C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en especial, la de los sindicatos

En nuestro país no existe responsabilidad penal para ninguna persona jurídica. Solo tenemos sanciones administrativas. Lo mismo ocurre con los sindicatos. Su responsabilidad penal deriva hacia los miembros individuales de la organización si cometen un delito en el ejercicio de sus actividades sindicales. En estos casos, la responsabilidad recaería en la persona natural que cometió el delito y no en la organización sindical a la que pertenece.

Los sindicatos, al igual que cualquier otra organización, tienen la obligación de respetar las leyes y normas establecidas en Colombia. En caso de que un sindicato o sus miembros incurran en actividades ilícitas o delictivas, pueden ser objeto de investigaciones y procesos judiciales individuales, pero no como organización.

En el marco de la protección de los derechos ambientales, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-674 de 1998[49], declaró inexequible «la expresión “objetiva” del artículo 26 y la frase “y ocasione daño grave en los ecosistemas naturales” del artículo 21 del Proyecto de Ley 235/96 Senado – 154/96 Cámara, “por el cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”», en razón a que el Congreso las eliminó del texto. Lo interesante o importante para el desarrollo del tema se menciona en las consideraciones. Allí se pronunció sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Además, la Corte invitó al Congreso de la República para que legisle sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de los derechos ambientales y la prevención de daños ambientales,[50] y dotó al Estado para perseguir conductas dañosas en contra del bien jurídicamente tutelado del medio ambiente, perpetradas por las decisiones y acciones de las personas jurídicas.

En el análisis de la Corte, esta se refiere a la posibilidad de que las personas jurídicas soporten atribuciones punitivas y que la imposición de una sanción de naturaleza penal implique que la conducta condenable merezca la más alta censura de la sociedad, sin importar quién la lleve a cabo. En el caso de que una persona jurídica cometa un delito, no tiene razón para limitar la persecución penal exclusivamente a los individuos que la gestionan, sin considerar la entidad que está en la raíz de la infracción y que a menudo se beneficia financieramente de la misma. Es ampliamente reconocido que, por lo general, las personas jurídicas trascienden a sus miembros, socios o directivos; estos pueden cambiar, pero la persona jurídica permanece en el tiempo. Por lo que sancionar a sus representantes constituye una reacción punitiva limitada a una sanción administrativa o una compensación, y estas «no expresan de manera suficiente la estigmatización de las conductas antisociales que se tipifican como delitos»[51].

En nuestro país, en el año 2020 se presentó un proyecto de ley para establecer el Régimen de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, pero solo se llevó a cabo el primer debate y en 2021 se archivó debido al cambio de legislatura[52]. Sin embargo, representantes a la Cámara presentaron un nuevo proyecto de ley[53] para agregar el libro III a nuestro Código Penal y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas[54]. No obstante, este proyecto no se refiere específicamente a las personas jurídicas como sindicatos y no ha continuado con el trámite legislativo pertinente.

Las prohibiciones y sanciones a los sindicatos en Colombia solo están contempladas en el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y el derecho de asociación colectiva. La Corte Constitucional declaró exequible este artículo en la Sentencia C– 096 de 1993[55]. Allí la Corte analizó también la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley 50 de 1990, porque la medida que permite privar a los sindicatos y a sus miembros de sus derechos sindicales durante un período de hasta tres años se percibe como discriminatoria. Esto equivale a una suerte de «muerte civil» impuesta a los líderes sindicales, en contraposición a lo establecido por la Constitución Nacional, que solo prevé un control judicial a través de un proceso rápido en el que las únicas opciones son la suspensión o la cancelación de los derechos sindicales. La adición de sanciones adicionales se interpreta como una amenaza a derechos fundamentales como el derecho a la vida, la autonomía, la asociación, la elección, la creación de opiniones o partidos políticos y el principio de igualdad.

La Corte Constitucional la declaró exequible precisando «… en relación con el numeral 3.o del mencionado artículo 52: Que el miembro de la Junta Directiva del Sindicato para efectos de la sanción contemplada contra él, ha de ser vinculado al proceso de disolución del sindicato y para ello ha de notificársele también la solicitud del Ministerio del Trabajo, dentro de este proceso». Con el fin de garantizar el debido proceso, por último, indica que sancionar a un sindicato o a sus dirigentes no significa, por sí mismo, la transgresión al derecho de asociación colectiva; sin embargo, no en todos lados la situación es así, como son los casos de España y México.

V. Toma de postura

El debate sobre este tema sigue abierto y es necesario continuar analizando y discutiendo las implicaciones legales y prácticas de la RPPJ. Nos encontramos frente a un tema que además de poco explorado en Colombia requiere difusión, desarrollo académico y que sea materializado en una ley con el fin de configurar una teoría del delito coherente que abarque la responsabilidad de personas jurídicas en las cuales está depositada una confianza social especial.

Puedo afirmar que los sindicatos son mediadores entre las empresas y sus trabajadores, y son los trabajadores quienes depositan una singular representación sobre sus voceros y líderes, para crear así una expectativa social[56] desde el interior de la organización y por parte de la sociedad en general. Si esa expectativa es defraudada por actos delictuales, los sindicatos merecen una sanción especial.

En Colombia, en el Proyecto de Ley 076 de 2021, se pretendían «definir los elementos del programa de prevención y gestión de riesgos penales, y establecer los programas de prevención y gestión de riesgos penales que deben adoptar las entidades públicas». En este programa, se deben identificar las actividades en las que puede presentarse un delito en el desarrollo adecuado del objeto y funciones del sindicato. También es importante establecer en estos tipos de normativas cómo gestionar los recursos financieros, contar con un sistema disciplinario interno fortalecido e informado, y realizar verificaciones periódicas en el marco de la ejecución de las actividades sindicales.

La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia debe ser cuidadosamente considerada y discutida antes de su implementación, teniendo en cuenta los derechos constitucionales y convencionales de todas las partes involucradas. Las sanciones decretadas por los jueces, aplicables a los sindicatos, deben ser proporcionales y justas, para evitar que la cancelación o suspensión de la asociación sindical se convierta en una medida arbitraria o excesiva en el escenario de la atribución de responsabilidad penal a los sindicatos.

En cualquier caso, es necesario que las organizaciones sindicales y los empleadores trabajen juntos para prevenir la comisión de delitos en el marco de la actividad sindical, y fortalecer así los mecanismos de control y sanción frente a conductas que vulneren bienes jurídicos protegidos. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave en la prevención de conductas delictivas, por lo que es importante que las organizaciones sindicales adopten prácticas de gestión de riesgos penales y establezcan programas de cumplimiento que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y de la sociedad en general. Además, es esencial que se promueva la capacitación y formación de los dirigentes sindicales en materia de ética, legalidad y cumplimiento normativo. Esto contribuirá a consolidar la cultura de integridad dentro de los sindicatos y a prevenir la comisión de delitos.

Considero que el derecho penal puede aportar de manera significativa para la mejora de los sistemas de cumplimiento normativo, independientemente de si existe o no responsabilidad penal de personas jurídicas[57]. Los programas de compliance tienen la función de prevenir y detectar hechos delictivos, lo que tradicionalmente ha sido uno de los objetivos de la criminología[58]. La eficacia de los sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento normativo o auditoría, se considera una parte esencial del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. «Esta visión podría resultar útil frente a los delitos que comprometen a las empresas, más allá de una visión estrictamente punitiva, que permita fortalecer las visiones integradoras que contengan pilares de disuasión, precaución y cumplimiento como aspectos centrales asociados a la prevención general y especial propia del Derecho penal de todos los tiempos»[59].

La prevención es uno de los fines aplicados a las penas. Este es un elemento importante de la política criminal cuando se refiere a prevención mixta, que reúne las teorías de la prevención especial —bien sea positiva o negativa—, con el fin de modificar la conducta del infractor para que no se repitan las conductas desviadas. Al contrario de la teoría de prevención absoluta[60], que consiste en la búsqueda de justicia en la medida de la retribución, y que, en mi opinión, tiene menos efecto en la prevención de delitos, pues esta solo se limita a penar y sancionar.

En conclusión, los sindicatos, al igual que toda persona jurídica, deberían ser responsables penalmente. Deben serlo porque es posible que puedan mantener las protecciones y el debido proceso, en un proceso penal, que reviste de garantías al presunto infractor de la ley penal y a las víctimas, e, igualmente, produce esta prevención general y especial en la sociedad, mediante la promoción de los programas de cumplimiento en los sindicatos y las buenas prácticas de las asociaciones sindicales.

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México

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[1] Abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología de la misma casa de estudios. Socia de la firma Grupo ASSEJ S.A.S., donde lidera el departamento de Derecho Penal. Profesionalmente, se ha desempeñado como asesora jurídica y litigante en derecho penal, principalmente como representante de víctimas.

[2] CIDH, Sent. «Baena Ricardo y otros vs. Panamá», febrero 2/2001, párr. 156.

[3] Constitución Política de Colombia, art. 39.

[4] Ibid., inciso segundo.

[5] En Colombia, Ley 411/1997: Esta ley regula la huelga y otros aspectos relacionados con el ejercicio del derecho de asociación sindical en Colombia. Decreto 1092/1996: Establece las normas para el registro de las organizaciones sindicales y sus estatutos ante el Ministerio de Trabajo. Ley 1429/2010: Esta ley introdujo medidas de fomento al empleo y a la formalización laboral, lo que impacta indirectamente en las relaciones laborales y sindicales. Ley 50/1990: Esta ley regula aspectos relacionados con el contrato de trabajo, incluyendo las condiciones de empleo y terminación, que pueden tener implicaciones para los sindicatos. Ley 776/2002: Regula el fuero sindical, que protege a los dirigentes sindicales de ser despedidos arbitrariamente. Ley 584/2000: Establece medidas para prevenir y sancionar actos de discriminación contra trabajadores sindicalizados. Ley 1607/2012: Introduce reformas tributarias que pueden tener un impacto en las organizaciones sindicales en términos de obligaciones fiscales y financiamiento.

[6] Yesid Reyes Alvarado, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», Revista Internacional Derecho penal contemporáneo, (2008): 44.

[7] Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal. (consultado el 07 de marzo del 2023). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3439#:~:text=Se%20refuerza%20la%20punici%C3%B3n%20de,del%20derecho%20de%20sufragio%20pasivo.

[8] Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo: «Se añade el artículo 31 bis, que tendrá la siguiente redacción:

  1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho…» (consultado el 07 de marzo del 2023). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953#:~:text=%C2%AB1.,de%20hecho%20o%20de%20derecho.

[9] Modificado por la Ley Orgánica 1 de 2015.

[10] «En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  1. a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  2. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.[…].
  3. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y 4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª.

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

  1. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
  2. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

  1. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios».

[11] «Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social». Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf

[12] Se trata de una columna de crónicas de eventos relevantes para el periodismo, en este caso es una revista de asuntos legales publicada por la Fiscalía General del Estado de España.

[13] Fiscalía General del Estado, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Homenaje Excmo., Sr. D. José Manuel Maza Martín, Madrid, 2018.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

[17] Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

[18] Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT).

[19] Partido Popular (PP).

[20] Cinthia Piñeiro, «La Justicia condena a CSIF por violar el derecho al honor de los sindicatos CCOO y UGT», Galicia Press, 31 de mayo del 2022, https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3774968/juzgado-condena-csif-atentar-contra-derecho-honor-sindicatos-ccoo-ugt.

[21] Juzgado Primera Instancia n.o 2 Santiago de Compostela SENTENCIA, 00108/2022. Magistrada – Juez, María Jesús Sánchez Carbajales

[22] En el Código Civil mexicano se refieren a las personas jurídicas como personas morales.

[23] Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión Diario Oficial de la Federación. México, 5 de marzo de 2014. (acceso el 07 de marzo del 2023), https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_15.pdf, art. 421: «(e)jercicio de la acción penal cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de ésta sólo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba responder por el delito cometido».

[24] Sindicatos y partidos políticos.

[25] Congreso Nacional de Chile, 25 de noviembre del 2009, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008668&idParte=8811434&idVersion=2020-06-20

[26] «Caso Penta – 2013», BH Compliance, 29 de junio de 2021, acceso 19 de septiembre de 2023, https://bh-compliance.com/es/study-case/caso-penta-2013/.

[27] Honorable Congreso de la Nación Argentina, Ley 27401, 01 de diciembre 2017, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27401-296846/texto

[28] Manuel Tarricone, «Cómo surgió y cuál es el impacto del caso Odebrecht en la Argentina», Chequeado, 13 de junio de 2017, https://chequeado.com/el-explicador/como-surgio-y-cual-es-el-impacto-del-caso-odebrecht-en-la-argentina/

[29] Gerardo Lissardy, «Por qué el mayor caso anticorrupción de América Latina enfrenta un “final funesto” en su país de origen», BBC News Mundo, 25 de marzo de 2021,  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56519211.

[30] «Brasil: Demandan a JBS por presunta explotación de trabajadores del sector avícola», El Sitio Avícola, 18 de junio de 2023, https://www.elsitioavicola.com/poultrynews/34398/brasil-demandan-a-jbs-por-presunta-explotacian-de-trabajadores-del-sector-avacola/.

[31] Código Civil, artículo 633: «Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter».

[32] El Código de Comercio colombiano trae una buena clasificación al respecto.

[33] Estas normas han sido adicionadas unas y sustituidas otras en particular por los artículos 40 y siguientes del Decreto 2150 de 1995, que junto con el Decreto 427 de 1996 constituyen el marco normativo de las entidades sin ánimo de lucro.

[34] Consejo de Estado, boletín 241/2020, acceso 05 de junio de 2023,  https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/241/11001-03-06-000-2020-00233-00.pdf

[35] Según el Consejo de Estado, estas normas «han sido adicionadas unas y sustituidas otras, en particular por los artículos 40 y siguientes del Decreto 2150 de 1995, que junto con el Decreto 427 de 1996 constituyen el marco normativo de las entidades sin ánimo de lucro».

[36] C. Const., Sent. C- 567 de 2000, M. P: Alfredo Beltrán Sierra.

[37] Ricardo Barona Betancourt, Principales violaciones del derecho de asociación sindical, (Bogotá́: Universidad Externado de Colombia), 23.

[38] Congreso de la República de Colombia, Código Sustantivo del Trabajo.

[39] «Documentos para organización sindical y/o sindicato: normas aplicables», Alcaldía de Bogotá, acceso 06 de junio del 2023, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=21297

[40] Mediante el proceso de especial de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical.

[41] «CASOS DE DISOLUCIÓN. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve:

  1. a) Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto;
  2. b) Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la organización, adoptado en asamblea general y acreditado con las firmas de los asistentes;
  3. c) Por sentencia judicial, y
  4. d) Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos de trabajadores».

[42] C. Const., Sent. T-511, 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[43] C. Const., T-280, 2017, M. P. José Antonio Cepeda Amarís.

[44] Algunas sentencias sobre este asunto son: Sent. T-1166 de 2004, M. P. Jaime Araujo Rentería; Sent. T-1317 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño; Sent. T-215 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[45] CSJ, Sent. STL519-2015, ene. 21/2015, rad.  38878, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ, Sent. STL12382-2015, sept. 9/2015, rad. 41102, M. P. Jorge Mauricio Burgos; CSJ, Sent. STL6230-2017, abr. 26/2017, rad. 46658, M. P. Rigoberto Echeverri Bueno; CSJ, Sent. STL7943-2017, may. 31/2017, rad. 47054, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ, Sent. STL11552-2019, ago. 20/2019, rad. 56928, M. P. Gerardo Botero Zuluaga.

[46] CSJ, Sent. 2012-00304, oct. 20/2014, C. P. Alfonso Vargas Rincón; CSJ, Sent. 2015-00661, ago. 20/2015, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

[47] Juan Romero, «El abuso del derecho de asociación sindical como mecanismo de Estabilidad en el empleo», (maestría en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Universidad Javeriana, 2020), https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/53419/20210326%20Tesis%20JPRR.pdf?sequence=1

[48] FGN, «Por pánico económico, imputado presidente de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles», Boletín 22701, 22 de mayo de 2018, Bogotá, acceso 07 de marzo del 2023,

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/por-panico-economico-imputado-presidente-de-asociacion-colombiana-de-aviadores-civiles/https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/por-panico-economico-imputado-presidente-de-asociacion-colombiana-de-aviadores-civiles/https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/por-panico-economico-imputado-presidente-de-asociacion-colombiana-de-aviadores-civiles/

[49] C. Const., Sent. C-674, nov. 18/1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[50] Ibid., dice la Corte que «… el daño al ecosistema, así ello se haga en desarrollo de una explotación lícita, desde el punto de vista constitucional, tiene el carácter de conducta antijurídica (C.P. arts., 80 y 95-8). No puede entenderse que la previa obtención del permiso, autorización o concesión del Estado signifique para su titular el otorgamiento de una franquicia para causar impunemente daños al ambiente».

[51] Ibid.

[52] Cámara de Representantes, Proyecto de Ley n.o 149 del 2020, acceso 21 de marzo de 2023,  https://www.camara.gov.co/responsabilidad-penal-personas-juridicas

[53] El Proyecto de Ley era el número 076 de 2021 Cámara.

[54] Oficina del H. R Edward David Rodríguez, Bogotá. 2021, https://gestionlegislativa.com/documentos/anexos/PL_076_2021C_RESPONSABILIDAD_PENAL.pdf

[55] C. Const., Sent. 096/1993,  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-096-93.htm

[56] «Derechos Laborales y Sindicales. Estándares Interamericanos», OEA y CIDH, 30 de octubre de 2020, acceso el 5 de marzo de 2023, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/derechoslaboralessindicales-es.pdf: «La esencia de los derechos laborales garantiza condiciones sociales y económicas básicas para que las trabajadoras y los trabajadores tengan medios para disfrutar de una vida en dignidad y libertad. Por esa razón, los derechos laborales son centrales en el concepto de derechos económicos y sociales».

[57] Lothar Kuhlen y otros, Compliance y teoría del derecho penal (Madrid: Marcial Pons, 2013),  https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788415948001.pdf

[58] Ibid.

[59] Paula Ramírez, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance en Colombia: realidades y desafíos»,  UNA – Revista Derecho, vol. 6 (2021),  https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/54874/UNA_6_Ramirez.pdf?sequence=1

[60] MIR Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Derecho penal. Parte general. 2a edición. Praxis, 1999.